Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias: CAPÍTULO V

CAPÍTULO V. El nacionalismo totalitario, matriz del terrorismo de ETA

26. La presente Instrucción pastoral no pretende ofrecer un juicio de valor sobre el nacionalismo en general. Nos ceñimos al juicio moral del nacionalismo totalitario, en la medida en que constituye el transfondo del terrorismo de ETA. No es posible desenmascarar, en efecto, la malicia de ETA sin ofrecer una clarificación moral sobre el transfondo político-cultural del terrorismo etarra y su incidencia en la convivencia entre los pueblos de España.

27. «La nación -dice Juan Pablo II- es la gran comunidad de los hombres que están unidos por diversos vínculos, pero sobre todo, precisamente, por la cultura»[24]. Ahora bien, las culturas no son nunca de por sí compartimentos estancos, y deben ser capaces de abrirse unas a otras. Están constituidas ya de antemano a base del rico intercambio del diálogo histórico entre ellas. Todas necesitan dejarse impregnar por el Evangelio[25].

28. Las naciones, en cuanto ámbitos culturales del desarrollo de las personas, están dotadas de una soberanía espiritual propia y, por tanto, no se les puede impedir el ejercicio y cultivo de los valores que conforman su identidad[26]. Esta soberanía espiritual de las naciones puede expresarse también en la soberanía política, pero ésta no es una implicación necesaria. Cuando determinadas naciones o realidades nacionales se hallan legítimamente vinculadas por lazos históricos, familiares, religiosos, culturales y políticos a otras naciones dentro de un mismo Estado no puede decirse que dichas naciones gocen necesariamente de un derecho a la soberanía política[27].

29. Las naciones, aisladamente consideradas, no gozan de un derecho absoluto a decidir sobre su propio destino. Esta concepción significaría, en el caso de las personas, un individualismo insolidario. De modo análogo, resulta moralmente inaceptable que las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad y, en concreto, la reclamación de la independencia en virtud de su sola voluntad. La virtud política de la solidaridad, o, si se quiere, la caridad social, exige a los pueblos la atención al bien común de la comunidad cultural y política de la que forman parte. La doctrina social de la Iglesia reconoce un derecho real y originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el de una secesión[28].

30. En consecuencia, no es moral cualquier modo de propugnar la independencia de cualquier grupo y la creación de un nuevo Estado, y en esto la Iglesia siente la obligación de pronunciarse ante los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad[29]. Cuando la voluntad de independencia se convierte en principio absoluto de la acción política y es impuesta a toda costa y por cualquier medio, es equiparable a una idolatría de la propia nación que pervierte gravemente el orden moral y la vida social[30]. Tal forma inmoderada de culto a la nación es un riesgo especialmente grave cuando se pierde el sentido cristiano de la vida y se alimenta una concepción nihilista de la sociedad y de su articulación política. Dicha forma de culto está en relación directa con el nacionalismo totalitario y se encuentra en el transfondo del terrorismo de ETA.

31. Por nacionalismo se entiende una determinada opción política que hace de la defensa y del desarrollo de la identidad de una nación el eje de sus actividades. La Iglesia, madre y maestra de todos los pueblos[31], acepta las opciones políticas de tipo nacionalista que se ajusten a la norma moral y a las exigencias del bien común. Se trata de una opción que, en ocasiones, puede mostrarse especialmente conveniente. El amor a la propia nación o a la patria, que es necesario cultivar, puede manifestarse como una opción política nacionalista.

La opción nacionalista, sin embargo, como cualquier opción política, no puede ser absoluta. Para ser legítima debe mantenerse en los límites de la moral y de la justicia, y debe evitar un doble peligro: el primero, considerarse a sí misma como la única forma coherente de proponer el amor a la nación; el segundo, defender los propios valores nacionales excluyendo y menospreciando los de otras realidades nacionales o estatales.

Los nacionalismos, al igual que las demás opciones políticas, deben estar ordenados al bien común de todos los ciudadanos, apoyándose en argumentos verdaderos y teniendo en cuenta los derechos de los demás y los valores nacidos de la convivencia.

32. Cuando las condiciones señaladas no se respetan, el nacionalismo degenera en una ideología y un proyecto político excluyente, incapaz de reconocer y proteger los derechos de los ciudadanos, tentado de las aspiraciones totalitarias que afectan a cualquier opción política que absolutiza sus propios objetivos. De la naturaleza perniciosa de este nacionalismo ha advertido el Magisterio de la Iglesia en numerosas ocasiones[32].

El nacionalismo en que se fundamenta la asociación terrorista ETA no cumple las condiciones requeridas para su legitimidad moral, puesto que necesita absolutizar sus objetivos para justificar sus acciones terroristas; pretende imponer por la fuerza sus propias convicciones políticas atropellando la libertad de los ciudadanos; y llega a eliminar a los que tienen otras legítimas opciones políticas. Por todo ello, el nacionalismo de ETA es un nacionalismo totalitario e idolátrico.

El nacionalismo totalitario de ETA considera un valor absoluto el valor «pueblo independiente, socialista y lingüísticamente euskaldún», todo ello además interpretado ideológicamente en clave marxista, ideología a la cual ETA somete todos los demás valores humanos, individuales y colectivos, menospreciando la voluntad reiteradamente manifestada por la inmensa mayoría de la población.33. La organización terrorista ETA enarbola la causa de la libertad y de los derechos del País Vasco, al que presenta como una nación sojuzgada y anexionada a la fuerza por poderes extranjeros de los que sería preciso liberarla. Ésta es la causa que considera como supuestamente justificadora del terror que practica. Sin embargo, el nacionalismo de ETA y de sus colaboradores ignora que todo proyecto político, para merecer un juicio moral positivo, ha de ponerse al servicio de las personas y no a la inversa. Es decir, que la justa ordenación de las naciones y de los Estados nunca puede constreñir ni vulnerar los derechos humanos fundamentales, sino que los tutela y los promueve. De modo que no es moralmente aceptable ninguna concepción para la cual la nación, el Estado o las relaciones entre ambos se pongan por encima del ejercicio integral de los derechos básicos de las personas.

La pretensión de que a toda nación, por el hecho de serlo, le corresponda el derecho de constituirse en Estado, ignorando las múltiples relaciones históricamente establecidas entre los pueblos y sometiendo los derechos de las personas a proyectos nacionales o estatales impuestos de una u otra manera por la fuerza, dan lugar a un nacionalismo totalitario, que es incompatible con la doctrina católica.

34. Por ser la nación un hecho, en primer lugar, cultural, el magisterio de la Iglesia lo ha distinguido cuidadosamente del Estado[33]. A diferencia de la nación, el Estado es una realidad primariamente política; pero puede coincidir con una sola nación o bien albergar en su seno varias naciones o entidades nacionales. La configuración propia de cada Estado es normalmente el fruto de largos y complejos procesos históricos. Estos procesos no pueden ser ignorados ni, menos aún, distorsionados o falsificados al servicio de intereses particulares.

35. España es fruto de uno de estos complejos procesos históricos. Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable.
La Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia. Recientemente, los obispos españoles afirmábamos: «La Constitución de 1978 no es perfecta, como toda obra humana, pero la vemos como el fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro de convivencia armónica entre todos»[34]. Se trata, por tanto, de una norma modificable, pero todo proceso de cambio debe hacerse según lo previsto en el ordenamiento jurídico.
Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria.