Estimados profesores

El pasado 2 de marzo de 2012 en el transcurso de la Visita Pastoral a la parroquia de Santa María de Benquerencia, visité el Instituto de Educación Secundaria Alfonso X el Sabio. No lo hice para reconocer la colaboración que este centro llevó a cabo en un mercadillo solidario en el mes de diciembre pasado, cuya recaudación se entregó a Cáritas Diocesana. Muchas gracias por esa colaboración con Cáritas, cuya actividad social a favor de los más necesitados es notoria, pero mi visita fue para estar con los alumnos, cuyos padres libremente eligieron para sus hijos la Enseñanza Religiosa Escolar. Clase de Religión es conocida esta asignatura, optativa para ellos y obligatoria para los centros.

La visita fue muy agradable y transcurrió toda ella con cordialidad. Al salir del centro, y despedirme del Director, de los profesores de Religión y otros docentes, un profesor joven me saludó amablemente y me entregó una carta firmada por aproximadamente 16 ó 17 profesores. Era una carta abierta.

«¿Se puede responder?», dije al profesor. «Puede hacerlo, por supuesto», me respondió él. Ahora lo hago, y como la carta es abierta y ha aparecido en la red y en Informativo Vecinos, de la Asociación de Vecinos El Tajo, en ese barrio toledano, pueden los lectores tener delante el texto al leer mi respuesta.

La carta abierta de estos profesores es en todo momento correcta. Yo lo agradezco, pues pienso que ellos estarán también dispuestos a leer con atención mis argumentos. Sus consideraciones las he leído yo atentamente, por supuesto.

Después de hablar de la educación pública como espacio de encuentro plural -también lo es el ámbito de la educación de iniciación privada-, sostienen que la pública es «un patrimonio que no puede ser conculcado ni mermado por las creencias, dogmas o sensibilidades particulares». En mi opinión, lo que afirman estos profesores es que están en contra de que se utilicen los centros educativos públicos para desarrollar creencias particulares, y les parece un desacierto la injerencia en sentido contrario. Afirmación respetable, pero no necesariamente indiscutible, porque caería en dogmatismo. Ciertamente no atacan el derecho a «difundir los principios de la verdad revelada», pero en su opinión, existen otros escenarios para ello. Es decir, la impartición de Doctrina Católica en la Escuela de iniciativa pública les parece un error de las autoridades académicas, que, sin embargo, es aceptado por la Iglesia Católica.

Ante esta opinión se me ocurre pensar que no son solamente las autoridades académicas quienes permiten esto. Ha sido el Parlamento que aprobó la última Ley de Educación, la ejecutó y puso en práctica el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se promulgó un Real Decreto sobre la aplicación de dicha Ley. Ya sabemos desde entonces cómo quedó la asignatura de Religión en los Reales Decretos: libre para los alumnos; obligatorio para el Centro; no evaluable y sin alternativa.

La carta de los profesores aduce, como es lógico, toda una serie de argumentaciones en contra de que la Enseñanza Religiosa Escolar Católica tenga lugar en el ámbito de la Escuela de iniciativa pública; algo que luego comentaré brevemente. Pero nuestros profesores olvidan algo fundamental en este tema: no mencionan nunca en su carta a los padres, como fundamentales responsables de la educación de sus hijos; también de la dimensión moral y religiosa de la educación de sus hijos. La Escuela, de iniciativa pública y privada, es un servicio a esta responsabilidad en la educación de sus hijos. El artículo 27.3 de nuestra Constitución es palmario. ¿Acaso hay que dejarlo sin vigencia? Esos padres quieren, en proporción bastante alta, que sus hijos reciban Religión y Moral Católica en la Escuela, lugar muy importante para su educación y crecimiento personal. La Escuela no es laica o creyente: lo son las personas y la opción de los padres debe ser respetada.

Lo que el obispo hace es responder a esa demanda de los padres, prepara profesores idóneos, que mantienen una relación laboral con el Estado o Consejería, no con el Arzobispado, porque esos padres católicos son ciudadanos que pagan los mismos impuestos que los demás padres. Pero lo mismo pasa con otras confesiones religiosas, pues cristianos evangélicos, judíos y musulmanes firmaron acuerdos en 1992 en las mismas condiciones que el Acuerdo firmado por la Iglesia Católica. El olvido de los padres en este tema es, cuanto menos, curioso y significativo.

Paso ahora a las afirmaciones de la carta que pueden ser contestadas siguiendo una lógica al alcance de todos:

1. La educación es global y los humanos somos seres que no funcionamos en compartimentos estanco. ¿Cómo no ver que en el espacio Escuela no puede faltar la enseñanza razonada de la Religión Católica? La clase de Religión no es impartir doctrina; no es Catequesis, ésta se celebra en la parroquia. Es una afirmación gratuita que la Iglesia Católica utilice el centro educativo para la catequización.

2. Las negociaciones para los Acuerdos Iglesia-Estado, no Concordato, tal vez se hicieran antes de la promulgación de la Constitución, pero no la firma de dichos Acuerdos. Pienso claramente, pues, que la Asignatura de Religión impartida en la Escuela de iniciativa pública no va en contra de la aconfesionalidad del Estado. Les aseguro que en mis casi 25 años de obispo he luchado siempre por esa separación Iglesia-Estado, y son muchas las veces que tal separación no es respetada por los poderes públicos y otros grupos. Que puedan finalizar esos Acuerdos Iglesia-Estado de 1976 es posible. Pero para ello hay que dar los pasos convenientes, como es que los denuncie una de las partes razonando, pues son acuerdos internacionales.

3. El Estado o las Autonomías pagan en efecto, a los profesores aptos -con su titulación correspondiente- de Religión Católica, como a los profesores de otras asignaturas optativas; algo que no sucede con la Educación para la Ciudadanía, asignatura que en tantos casos atenta contra la libertad religiosa, al aceptar los poderes públicos textos que enseñan la moral del gobierno de turno. La Iglesia Católica no recibe fondos públicos para el mantenimiento de los centros educativos concertados. Paga a esos profesores porque imparten un servicio público a hijos de ciudadanos que pagan impuestos. Es sabido que esos centros concertados salen más baratos a la Consejería que los centro de Iniciativa pública. Podemos cotejar las cifras. No todas las afirmaciones, pues, de estos profesores son indiscutibles; contienen juicios respetables, pero tal vez también pre-juicios.

4. Yo seguiré aceptando cuanto sea dialogo o posturas diferentes a mi modo de pensar; me parece razonable, pero no tengo por qué aceptar que siempre las posturas distintas a las mías son verdad y razonables. Por ejemplo, cuando se interpreta la laicidad como laicismo se está cayendo en otra opción de algún modo confesional.

Agradezco, por supuesto, los consejos y las sugerencias que estos profesores me indican, pero veo algo de amenaza velada en alguna frase de la carta. Y, desde luego, nada tiene que ver con el integrismo defender la presencia de la enseñanza razonada de la fe y moral católica en la Escuela de iniciativa pública, cuando ésta es optativa para los padres que quieren que sus hijos la reciban y, además, no es evaluable ni tiene alternativa. Los padres que elijan esta asignatura ejercen la libertad que la Constitución y la objetividad les reconoce.

Espero, en cualquier caso, que vuestra tarea educadora sea fructífera.