La ONU denuncia torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones en Venezuela

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Zeid Raad al Hussein, ha hecho público un alarmante informe sobre «violaciones y abusos de los Derechos Humanos» en Venezuela desde que comenzó en abril la oleada de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Durante la presentación del documento, Hussein denunció la existencia de una política destinada expresamente «a reprimir el disenso e infundir temor en la población».

«El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones denota que no se trata de actos ilegales de funcionarios aislados», explicó. En los cuatro meses de los que se ocupa el informe (desde el 1 de abril hasta el 31 de julio del presente año) se han registrado 124 muertes relacionadas con las protestas, de las cuales 46 se atribuyen a las fuerzas de seguridad y 27 a grupos armados progubernamentales, conocidos como «colectivos». A fecha de hoy aún se investiga la responsabilidad de 51 asesinatos.

Heridas por arma de fuego

Durante ese mismo período fueron 1.958 los casos de lesiones denunciadas en el contexto de las manifestaciones. Además, el informe denuncia que la intensidad de la violencia fue en aumento a medida que se sucedían las protestas: mientras que abril la mayoría de las lesiones se debían a la inhalación de gas, en julio empezaron a tratarse heridas por arma de fuego.

Respecto a las detenciones de manifestantes, la ONU se sirve de las cifras facilitadas por ONG venezolanas según las cuales más de cinco mil personas fueron detenidas desde abril. A fecha de 31 de julio, mil de ellas continuaban en prisión.

Aporta también otro dato que refleja la deriva represiva en la que se ha instalado un régimen cada vez más cuestionado: un total de 609 civiles arrestados en manifestaciones fueron juzgados por tribunales militares.

«El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los opositores políticos detenidos en gran número. Se identifican también violaciones graves del proceso judicial y malos tratos que en algunos casos equivalen de torturas», declaró Zeid.

Asimismo, el informe ha documentado ataques contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad en los que se utilizaron perdigones y bombas lacrimógenas, así como confiscación de material con el objetivo de impedir la cobertura informativa de las manifestaciones.

Violencia y polarización

Los autores del estudio llaman la atención sobre el enrarecido clima social que se ha instalado en el país en los últimos meses.

«Los manifestantes y periodistas fueron catalogados por las autoridades de alto nivel como “enemigos” y “terroristas” –palabras que no ayudaron mucho a atenuar el contexto de violencia y polarización y que, más bien, quizá contribuyeron a agravarlo», advirtió el Alto Comisionado.

Tal aumento de la crispación política en Venezuela, unido a la gravísima crisis económica y social que atraviesa el país, supone «un riesgo elevado de que la situación se deteriore aún más».

Tampoco ayudan a reconducir la situación las medidas que el Gobierno venezolano viene tomando en las últimas semanas. Hussein citó con preocupación la reciente creación de la llamada «Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública», cuyo único objetivo es la criminalización y denuncia pública de los dirigentes opositores. «La comisión creada por la Asamblea Constituyente no cumple con los requisitos básicos de transparencia e imparcialidad necesarios para realizar investigaciones independientes y sin motivación política sobre violaciones y abusos de derechos humanos», concluyó Hussein.

Criminalizar a la oposición

Una de las medidas coercitivas adoptadas por Maduro, a través de su ilegal Asamblea Constituyente, será juzgar por «traición a la patria» a los dirigentes opositores que alienten, a su juicio, las sanciones recientemente adoptadas por Estados Unidos contra el régimen venezolano y su petrolera estatal, la Pdvsa. Se trata de un paso más para criminalizar a la oposición en su conjunto. En el punto de mira inmediato del régimen figura Julio Borges, presidente de la legítima Asamblea Nacional, quien ha sido señalado por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como traidor a la patria. El Tribunal Supremo, dominado también por el chavismo, propone elevar las penas para estos delitos a entre 30 y 50 años de cárcel.

Al final del informe elaborado por Naciones Unidas, y una vez que se consideran probados los abusos generalizados contra los disidentes, Naciones Unidas incluye una serie de medidas destinadas a evitar un más que probable empeoramiento de la situación. «Insto al Gobierno de Venezuela a que aplique las recomendaciones de este informe y a que use sus conclusiones como guía para aportar verdad y justicia a las víctimas. Pido al Gobierno que renuncie a aplicar cualquier medida que pueda incrementar la tensión política», dijo Hussein.

Entre otras medidas, Acnudh pide a Maduro un «acceso directo y sin restricciones» al país para poder hacer un seguimiento sobre el terreno de la evolución de Venezuela. El informe fue elaborado con 135 testimonios desde Ginebra y Panamá por tener sus funcionarios prohibida la entrada al país.

Entre otras disposiciones, Naciones Unidas recomienda acabar con las detenciones arbitrarias, condenar públicamente los casos de tortura policial, poner fin a la aplicación de jurisdicción militar a los civiles, aplicar un plan efectivo que garantice el desarme de los colectivos sociales, fortalecer la independencia del poder judicial y terminar con el allanamiento ilegal de viviendas por parte de la Policía.

Ludmila Vinogradoff / ABC