De la reforma del PP, a la guerra de Alberto

Aunque la actual legislación en materia de aborto, conocida como Ley Aído, no entró en vigor hasta el 5 de julio de 2010 —este sábado se cumple su cuarto aniversario—, las intenciones del Gobierno de Rodríguez Zapatero quedaron claras mucho antes. En las sesiones de trabajo de la subcomisión parlamentaria creada para debatir la nueva norma, se hablaba de aborto libre, derechos reproductivos y plazos. El Partido Popular inició entonces una batalla contra lo que más tarde resultaría ser el mayor cambio respecto a la vida del no nacido en España: el aborto dejó de ser un delito despenalizado en casos excepcionales, para convertirse en un presunto derecho en 2010.

La diputada popular Sandra Moneo lideró la resistencia ante esa ley; que se materializó en el Voto particular que los de Génova registraron en la mesa del Congreso y que firmó y entregó la entonces portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría.

En la introducción del voto particular podía leerse que «el PP ha defendido, defiende y defenderá siempre el derecho a la vida» y que «la naturaleza de la mujer está preparada para dar vida, no para quitarla; (…) lo que está en su seno es su hijo, un ser humano vivo y distinto con su propio código genético». A estas afirmaciones se sumaban otras dos que hoy, en espera de una nueva norma firmada por el PP, cobran especial relevancia. Primero, la denuncia del fraude de ley: «Existe un amplio fraude de ley en la aplicación de la legislación vigente. (…) La inmensa mayoría de los abortos se practican por riesgo para la salud psíquica de la madre en clínicas privadas. (…) Se está equiparando como riesgo grave el estrés provocado por un embarazo inesperado. (…) Las clínicas no pueden ser juez y parte en estas cuestiones porque su cuenta de resultados depende del número de abortos que realizan». Y segundo, el aborto eugenésico: «El diagnóstico prenatal se utiliza de forma indiscriminada sin otro objetivo que poner a los progenitores ante el dilema de abortar en caso de que exista cualquier duda respecto al estado de salud del feto. (…) Se están eliminando embriones no conformes a un baremo de normalidad, como en el caso del síndrome de Down. La Convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad, ratificada por España, no admite este supuesto despenalizador por constituir un trato desigual por motivo de discapacidad».

Un paso importante, con peros

A la luz de este texto se interpreta el anteproyecto que, el pasado diciembre —con un año de retraso respecto a lo prometido—, presentó el Ejecutivo. La futura Ley Orgánica para la Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada elimina el aborto libre hasta la semana 14 que recogía la Ley Aído y recupera el sistema de supuestos —riesgo para la salud física o psíquica de la madre (hasta la semana 22) y violación (hasta la semana 12)—. Además, para evitar el fraude de ley, exige la acreditación del daño para la salud de la madre con dos informes médicos de especialistas distintos a los que practiquen el aborto, y que no trabajen en el centro donde se lleve a cabo. Por lo que respecta al aborto por discapacidad, en el anteproyecto desaparece como tal y sólo se podrá acabar con la vida del no nacido si el riesgo psicológico de la madre tiene su origen «en la concurrencia, en el embrión, de una anomalía fetal incompatible con la vida» acreditada por un médico especialista en la materia, y que suponga la «previsible y habitual muerte del feto o del recién nacido en el período neonatal».

De aprobarse la ley como está en el anteproyecto, España daría un importante paso en la protección del no nacido al tratar de frenar ese coladero del daño psicológico con la exigencia de informes rigurosos y, sobre todo, al eliminar la discapacidad como un motivo que justifique, per se, el aborto. Sin embargo no parece que vaya a ser así: en los seis meses que han mediado desde su presentación hasta su llegada al Consejo de Ministros, prevista para las próximas semanas, la presión mediática e institucional parece estar debilitando el texto fabricado en las cocinas del Ministerio de Justicia. Y no es sólo una presión externa al partido en el Gobierno, sino incluso en el seno de los propios populares.

Si bien el Comité Español de Bioética y la Asociación de Bioética de Madrid han valorado positivamente el borrador, los órganos consultivos más relevantes en la aprobación de nuevas leyes —Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial— han cargado contra el proyecto encargado a Alberto Ruiz Gallardón. En análisis del 3 y del 13 de junio de 2014, ambos Consejos señalan las dificultades que puede generar el exigir dos informes médicos para avalar el riesgo para la salud de la madre, califican este requerimiento de «excesivo, cuando no de imposible cumplimiento» y piden que se reconsidere. Además, instan al Ejecutivo a incluir el supuesto despenalizador basado en la anomalía incompatible con la vida y, en el caso del Consejo Fiscal, incluso se invita al Gobierno a reflexionar sobre la posibilidad de recuperar un supuesto más amplio, que incluya todos los casos de anomalía fetal y no sólo los incompatibles con la vida. Algo que parece recogerá el texto final, aunque eso suponga abrir una puerta falsa al aborto eugenésico que ahora queda excluido.

Presiones internas

Con todo, lo que más está debilitando la posición provida del PP son las discrepancias dentro del propio partido. Fuentes de Génova han señalado para Alfa y Omega que, «desde el Congreso de Valencia, de 2008, la gente que apoya la agenda de género (la misma de Zapatero) está ocupando cada vez más espacio y poder. No es que sean más, al menos no lo eran en Valencia, sino que están jugando mejor sus cartas y no tienen miedo de hablar en público, como hacen el Presidente de Extremadura, Monago, o la ex ministra Villalobos, porque saben que el lobby de género no se les echa encima. Los provida están en segundo plano e intentan conseguir avances desde el sigilo, pero por ahora no está dando muchos resultados. Al final, los que cantan, son los que cuentan».

El ejemplo más evidente de esa ala pro-género «es la vicepresidenta, que presentó un recurso provida en la oposición, y ahora es la que más objeciones ha puesto al texto que ha presentado Gallardón». Esos pulsos intestinos «se suman a los consejos de Pedro Arriola, el marido de Celia Villalobos, abortista reconocido, que ha convencido al Presidente de que España es de centro izquierda, y por eso Rajoy no se decide a apoyar un texto provida», dicen las mismas fuentes.

La soledad de Gallardón

Esta división ha afectado al titular de Justicia que, como explican desde el Ministerio, «se ha sentido muy solo en el Consejo de Ministros. Gallardón ha tenido que demorar el texto varias veces, intentando conseguir de Rajoy un apoyo total, pero no lo ha conseguido. Y aunque no hay enemistades abiertas entre los ministros, sólo Fernández Díaz y De Guindos le han mostrado su cercanía en este tema».

De hecho, dentro del PP se ha bautizado la reforma del aborto como la guerra de Alberto, sobre todo en lo que afecta a la defensa de los niños con malformaciones. Ese empeño personal tiene un antecedente: en junio de 2011, el entonces alcalde de Madrid inauguró una exposición de la Fundación Madrileña de Síndrome de Down y, emocionado con la presencia de los niños Down, anuló el resto de la agenda y prolongó su estancia durante más de dos horas. Una de las madres allí presente explica que «una persona del Ayuntamiento nos dijo que el alcalde tenía en su despacho una foto de la presentación del proyecto olímpico Madrid 2016, en la que, detrás de él, aparece Rodri», un pequeño jugador de baloncesto con Down.

Ahora, el Gobierno tendrá ocasión de pronunciarse de nuevo, pues hoy y mañana, políticos de 16 países europeos y americanos participan en el Congreso de Parlamentarios por la vida, en Madrid. Lo que no se sabe es qué PP será el que se pronuncie.

R. Cuervas-Mons y José A. Méndez

Innegociable

«Los obispos siempre saludan las iniciativas a favor de la vida humana, vengan de donde vengan, y especialmente aquellas dirigidas a proteger la vida de los más débiles. Si en este proyecto se protege más que en el anterior, se pasa de una ley de plazos a una ley de supuestos, se admite la objeción de conciencia como derecho del personal sanitario y se busca proteger al nasciturus y no se considera el aborto como un derecho en el ámbito de los derechos, es, lógicamente, menos mala que la actual, sabiendo que cualquier ley de aborto es mala y que nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Respecto al aborto por malformación, hay titulares —Gil Tamayo asegura que el aborto por malformación no es negociable; La muerte de un inocente no es la solución a la malformación del feto…— que muestran que no puede haber concordancia [con una inclusión del supuesto de malformación]. Vamos a hacer una opción por la vida con todas sus consecuencias. Vamos a intentar no hacer una tarificación de la vida humana».

Un paso atrás sustancial

Uno de los avances del proyecto Gallardón es mantener que sólo cabe la no punibilidad del aborto cuando hay un grave y acreditado conflicto objetivo entre la continuación del embarazo y bienes de la mujer de rango constitucional, conflicto que nos coloca en los límites del Derecho.

Los que defendemos la vida sin excepciones queremos que la ley penal proteja al no nacido siempre, y confiamos los presuntos casos extremos (por ejemplo, peligro para la vida de la madre) al buen criterio de los tribunales que siempre pueden valorar eximentes y atenuantes para enjuiciar esos casos en que la norma objetiva puede abdicar ante la prudencia del juicio sobre el caso concreto. El proyecto Gallardón no llega a este ideal, pero camina hacia él desde la situación actual de una ley que configura el aborto como un derecho subjetivo de la mujer.

Si el Gobierno modificase el anteproyecto para admitir que la presencia de una malformación en el feto hace legítimo el aborto, se suprimiría el derecho a la vida de los niños no nacidos con malformaciones; y eso sería un paso atrás sustancial que confiamos no se dé.

Benigno Blanco