La justicia actúa contra las ONG españolas por rescatar inmigrantes del mar

Los bomberos españoles Manuel Blanco, Julio Latorre, José Enrique Rodríguez tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados de los juzgados de Grecia el próximo 7 de mayo. Su delito, rescatar inmigrantes del mar como voluntarios de la ONG española Proem-AID y trasladarlos a un puerto seguro.

Su detención por las autoridades griegas se produjo la noche del 14 de enero del 2016 cuando regresaron a Lesbos después de participar en un operativo de salvamento. Después de pasar tres días en calabozo, fueron puestos en libertad bajo fianza y acusados de intentar facilitar la entrada ilegal de personas.

Las acusaciones que afrontan están castigadas en Grecia con penas de hasta diez años de cárcel por cada persona que se introduzca ilegalmente en el país.

Además de la perversa criminalización de las ONG de salvamento marítimo, se da la circunstancia de que la noche en que los tres bomberos sevillanos fueron detenidos ni siquiera participaron en una operación de rescate. Su lancha estaba en reparación y fueron llamados por una ONG danesa a ayudarles en un rescate, que no llegó a producirse porque no hallaron la embarcación que requería auxilio.

Proem-Aid ha lanzado una campaña titulada Condenados a salvar vidas, en la que solicitan el apoyo ciudadano a la causa de los bomberos enjuiciados.

Tráfico de personas y asociación criminal

También la ONG española Proactiva Open Arms tendrá que responder ante la justicia, en este caso ante la justicia italiana. Está investigando a la organización por supuesta organización criminal y fomentar la inmigración ilegal.

Los cargos contra la ONG fundada por Oscar Camps se produjeron el pasado 18 de marzo tras el desembarco en Pozzallo (Italia) de 218 inmigrantes que se encontraban a la deriva en el Mediterráneo y que fueron rescatados por el barco español. Entonces, la justicia italiana abrió diligencias contra la jefa de misión, Anabel Montes, el capitán, Mark Reig los que acusaba de favorecer la inmigración clandestina.

Además, el juez instructor determinó la inmovilización del barco de la ONG en el que se había producido el rescate. En la actualidad, la embarcación ya ha sido liberada judicialmente pero, sin embargo, continúa la investigación de la justicia por fomentar la inmigración ilegal y formar una organización criminal. Todavía no hay fecha para los próximos pasos judiciales.