El pacto educativo se extingue formalmente este lunes - Alfa y Omega

El pacto educativo se extingue formalmente este lunes

La ausencia de quorum, por la ausencia de la oposición, hace imposible ampliar los trabajos de la subcomisión parlamentaria que debía proponer una ley educativa de amplio consenso. La Iglesia pidió a los grupos políticos un esfuerzo de entendimiento, en sintonía con las demandas de la ciudadanía

Redacción
Reunión de la subcomisión del pacto educativo

El Pacto de Estado Social y Político por la Educación se extinguirá oficialmente este lunes 14 de mayo tras 17 meses de trabajo sin que se haya logrado elaborar el documento de medidas que el Gobierno debía aplicar en una nueva Ley educativa. PP y Ciudadanos, los únicos partidos que se mantenían activos en la subcomisión parlamentaria, no han podido continuar tras el abandono, en marzo, del resto de grupos parlamentarios.

La marcha, primero, del PSOE, por discrepancias acerca de la financiación, y a continuación de Unidos Podemos, a los que se sumaron PNV, ERC, PDeCAT y Compromís, supuso un «bloqueo» que PP y Ciudadanos han denunciado a la Mesa del Congreso. Ninguna de estas formaciones ha confirmado oficialmente su abandono de la subcomisión, de manera que su salida de los trabajos solo se considera una «ausencia» de las reuniones.

Esto implica que PP y Ciudadanos no pueden cambiar el sistema de votación acordado para aprobar las medidas del Pacto. Sigue, de ese modo, vigente la necesidad de que las iniciativas sean apoyadas por tres quintos de los miembros del órgano, un porcentaje que los ‘populares’ y la formación naranja no pueden alcanzar solos.

Ambos partidos esperaban que esta situación pudiera solucionarse. Ahora, cuando ha llegado la necesidad de ampliar el plazo de los trabajos, se han visto definitivamente bloqueados y deberán dar por terminadas sus reuniones.

Participación de la Iglesia

En la subcomisión, que nació con el objetivo de elaborar una nueva ley de Educación desde un gran consenso, han participado más de 80 expertos que han trasladado sus peticiones para la nueva legislación. Algunos de esos expertos comparecieron en representación de la Iglesia, que en un primer momento acogió muy favorablemente la iniciativa.

Para encauzar la participación en este pacto de Estado, la Conferencia Episcopal aglutinó a los diversos actores católicos implicados en la educación bajo el paraguas de la mesa eclesial para el diálogo educativo. Formaban parte Escuelas Católicas, el Foro Español de la Familia, la Confederación de Asociaciones de Padres (COFAPA), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Fundaciò Escola Cristiana de Catalunya y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).

Intervención del secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, en marzo de 2017

El objetivo era «conseguir un pacto educativo que dé estabilidad a la enseñanza de la Religión en la escuela y la seguridad que los padres, educadores y alumnos necesitan para evitar la politización del derecho y de la libertad de la educación en nuestro país, así como el valor social de los conciertos escolares», según el comunicado tras la primera reunión de esta mesa, el 2 de marzo de 2017.

José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, calificó poco antes en entrevista con Alfa y Omega de «muy buena noticia» que pudiera alcanzarse por fin en España un gran pacto educativo.

Su preocupación –finalmente confirmada– era que «no todos los grupos sociales y políticos se sumen a este acuerdo», a pesar de que «hay una mayoría de españoles que lo apoyen».

El punto de partida debía ser, a su juicio, el pacto constitucional que se plasmó en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, con el apoyo «de la izquierda y la derecha, pasando por el centro y los nacionalistas». «Esto sería bueno: que también ahora todo el espectro social y político se sume al pacto», decía.

«Fue una tarea de consenso en su momento nada fácil, pero se logró unificar criterios básicos». Para lograr hoy el mayor consenso posible, el punto de partida del pacto educativo debía ser «desarrollar ese acuerdo constitucional», que reconoce el derecho universal a la educación y la «libertad de enseñanza», junto al «derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Europa Press / Redacción