El PSOE llevará la próxima semana su ley de eutanasia al Congreso

El PSOE llevará la próxima al pleno del Congreso de los Diputados su proposición de ley para legalizar la eutanasia. Los socialistas registraron esta propuesta a primeros de mayo. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha apelado hoy martes al «gran consenso social» para impulsar esta medida y se ha mostrado «convencida» de que saldrá adelante en el Parlamento.

El planteamiento de los socialistas defiende que la prestación de la eutanasia debe estar integrada como una partida más de la sanidad pública. La propuesta de los socialistas pretende «regular el derecho que corresponde a las personas a solicitar y recibir ayuda para morir» cuando concurran las circunstancias previstas en la norma. El PSOE va un paso más allá de lo que significaría la mera despenalización de la eutanasia en el código penal ya que ésta se configura como una prestación más del catálogo del Sistema Nacional de Salud.

La decisión de solicitar ayudar para morir ha de ser una decisión autónoma, después de haber sido informada la persona por el equipo sanitario que le atiende. Y debe quedar constancia de esa información en la historia clínica.

Los socialistas presentaron su proposición a primeros de mayo. Apenas una semana después el Congreso de los Diputados aprobaba la toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña, que pedía la despenalización de la eutanasia, eliminando ese supuesto del Código Penal. El parlamento lo aprobó por 173 votos a favor, 135 en contra (PP y UPN) y 32 abstenciones (Ciudadanos).

Los socialistas justifican presentar ahora su medida en el hecho de que la legislación que vino del Parlamento de Cataluña se limitaba a la despenalización y que su ley plantea la regulación de la misma como un derecho público. «Nosotros lo apoyamos, pero era una ley muy breve, que solo hablaba de sacar el supuesto del Código Penal. La nuestra es mucho más extensa y cubre legalmente todo el proceso», ha justificado Lastra.

La aritmética que sirvió para aprobar la toma en consideración de la ley catalana sería suficiente para hacer lo mismo en este caso. Con lo que con toda probabilidad la ley pasará a ser debatida en comisión. Ciudadanos tradicionalmente ha defendido los cuidados paliativos y el derecho a la muerte digna, pero no la eutanasia. Criticando la falta de marco legal, su posición en este aspecto siempre era la abstención.

Requisitos

En el artículo 5 de la norma redactada por el PSOE establece en qué condiciones se puede solicitar la prestación de ayuda para morir. La primera es tener la residencia legal en nuestro país y ser mayor de edad. Siendo, además, «capaz y consciente» en el momento de la solicitud. Además, el paciente tiene que haber recibido toda la información que exista sobre su proceso y las diferentes alternativas terapéuticas, incluidos los cuidados paliativos. El paciente debe haberla formulado de manera voluntaria y por escrito. Un proceso que debe repetirse al menos una ocasión más con una separación de quince días naturales. Esa prestación de ayuda para morir no se podrá realizar sin que hayan transcurrido al menos quince días desde la última solicitud.

Este último punto es vital para los socialistas, que quieren diferenciar la regulación de la «muerte digna», que consiste en la asistencia y el rechazo a la obstinación terapéutica en el final de sus vidas, de la eutanasia, que se define como el derecho individual subjetivo para «adelantar la muerte en procesos irreversibles», aunque no se esté en un proceso abocado a una muerte inminente. Para la despenalización de la eutanasia habría que eliminar el artículo 143 del Código Penal.

Sin curación posible

La condición del demandante debe ser «sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una discapacidad grave crónica», entendiendo estas acepciones como aquellas en las que no existan posibilidades fundadas de curación y si existe seguridad o gran probabilidad de que la incapacidad vaya a persistir durante el resto de la existencia de la persona. Se entienden por limitaciones los sufrimientos físicos y psíquicos «constantes e intolerables sin posibilidad de alivio».

La proposición incluye también un apartado de derechos y deberes de los facultativos, incluida la regulación de la objeción de conciencia, que se presenta como «derecho individual» que debe manifestarse anticipadamente y por escrito. En este punto, las administraciones sanitarias autonómicas crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, que tendría el objetivo de facilitar a la administración sanitaria la gestión de la eutanasia.

Los socialistas insisten en que la solicitud de la prestación es indelegable, por lo que no hay posibilidad de que quien haya perdido la consciencia lo demande. Y en ningún caso es aplicable a menores de edad aunque porten los supuestos de enfermedad o discapacidad incurable que plantea la norma.

El médico debe comunicar la petición de prestación, consultarlo con otro facultativo que no forme parte del equipo médico habitual. En un plazo de diez días el paciente deberá redactar un informe. Además debe comunicarse con una comisión de evaluación y control, una por cada comunidad autónoma, al que corresponde el dictamen definitivo.

Víctor Ruiz de Almirón / ABC