James Rhodes: «Para mí ya es tarde, pero hay que salvar a una nueva generación de niños de los abusos» - Alfa y Omega

James Rhodes: «Para mí ya es tarde, pero hay que salvar a una nueva generación de niños de los abusos»

Save the Children se felicita por la aprobación del anteproyecto de la Ley Integral de protección frente a la violencia contra la infancia, pero advierte de que existen deficiencias en todos los niveles de la Administración. Uno de cada cinco menores sufre abusos sexuales, pero solo un 15 % se denuncian, de los que el 70 % no llega a juicio

Redacción

El pianista James Rhodes fue víctima de violencia sexual cuando era niño, y asegura que le llevó 20 años poder empezar a hablar de este tema. «Yo acepto que es muy tarde para mí, pero no para una nueva generación de niños», aseguró el músico en conversación con la agencia Servimedia, en la que se felicitó por la aprobación en el último Consejo de Ministros del anteproyecto de la Ley Integral de protección frente a la violencia contra la infancia.

Rhodes se reunió con el presidente Sánchez el 3 de agosto tras haberle dirigido una carta abierta pidiéndole una ley como la que finalmente va a impulsar el gobierno y que, asegura, convertirá a España en el país «número uno» del mundo en la protección de los niños.

El músico participó el viernes en un acto organizado por Save the Children y la Fundación Vicki Bernadet para reivindicar la urgencia de esta ley y pedir a todos los partidos «consenso político» para sacarla adelante cuanto antes. «No es un asunto político, es un asunto humanitario», dijo. Para que se cumplan los plazos previstos por el Ejecutivo y la ley sea aprobada en el segundo trimestre de 2019, el texto debería ser enviado a las Cortes en enero.

La futura ley contempla la creación de un registro unificado de menores víctimas para cuantificar la magnitud de un problema que, según diversas estimaciones, afecta a uno de cada cinco menores.

Las ONG defienden además ampliar la prescripción de estos delitos hasta los 50 años. En la actualidad prescriben pasados 15 años de la mayoría de edad de la víctima, lo que, en muchos casos, resulta insuficiente, dijo el director de Save the Children en España, Andrés Conde.

Rhodes, el viernes, entre el director de Save the Children, Andrés Conde, y Fundación Vicki Bernadet, directora de la fundación que lleva su nombre

Otra de las cuestiones que reclaman las ONG es la creación de juzgados de instrucción específicos para delitos contra la infancia y una Fiscalía específica para que prime el interés y el testimonio del menor. «Muchas veces el niño tiene que declarar delante de su agresor sexual», advirtió el director de Save the Children.

También demandan educación afectivo sexual en las escuelas y que tanto profesores como personal sanitario estén capacitados para detectar estos casos. «Hay colegios que tienen protocolos [de detección y actuación de abusos], pero no es obligatorio en nuestro país», dijo Conde.

El 70 % de los casos nunca llega a juicio oral

Según el informe de Save the Children Ojos que no quieren ver el abuso sexual a menores se extiende de media cuatro años, lo que la ONG asegura que demuestra que en España no existen aún las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos, y piden corregir toda una serie de «fallos y debilidades» en todos los niveles de la Administración.

Las denuncias por abusos sexuales a menores pasaron de 4.056 en 2016 a 4.211 en 2017, según el Anuario del Ministerio del Interior de las cuales un 15 % de los casos son denunciados y de los que entran en el sistema legal, el 70 % nunca llega a juicio oral.

En este sentido, en las sentencias estudiadas por Save the Children, solo en un 15 % de los casos en los que el niño se lo contó a un profesor hubo una notificación a las autoridades competentes.

Save the Children y la Fundación Vicki Bernadet advierten de que ni siquiera llevar el caso a los tribunales es «una garantía de protección». El proceso judicial dura de media tres años, en los que los menores tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta. En este sentido, insisten en que el trauma que supone para el niño declarar en estas condiciones suele llevar a que los testimonios «no sean tenidos en cuenta» y los casos sean sobreseídos, lo que ocurre en siete de cada 10 procesos, lo que provoca además que el abusador pueda seguir en contacto con el niño.

Para que un testimonio sea válido no tiene que haber retractación ni interés en mentir y debe de corroborar la declaración. Estas tres condiciones, explica las ONG, son complicadas de cumplir en el caso de los niños, que a veces al ver la reacción de los adultos o por no querer enviar al acusado a la cárcel (que suele ser un familiar o un conocido), se retractan y, sobre todo, porque es muy complicado que haya testigos del abuso. Si no hay testigos la responsabilidad de dar credibilidad al niño recae en manos de los psicólogos forenses que a menudo carecen de la formación adecuada.

Para evitar que el menor tenga que declarar varias veces e incluso años después de sufrir los abusos, Save the Children insta a que su testimonio sea recogido «lo antes posible» por un profesional cualificado y en presencia del juez instructor, el abogado defensor y el fiscal y grabarse como prueba preconstituida. Aunque esta prueba está recomendada por la Fiscalía General del Estado y aceptada en la Ley del Estatuto de la Víctima de 2015, de los casos investigados por Save the Children solo se aceptó en un 14 %.

Agencias / Redacción