Sentencia histórica a favor de los refugiados - Alfa y Omega

Sentencia histórica a favor de los refugiados

El TSJ de Madrid condena al Ministerio de Trabajo y Migraciones por no incluir a los solicitantes de asilo en su programa de acogida

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Ana, Patuca y varios de los refugiados en busca de acogida en Madrid (Amín es el segundo por la derecha). Foto: Manuela Vázquez Quílez

Fahim y Amín, de Siria, Mahawi de Eritrea, Hisham, de Yemen… son algunos jóvenes del centenar largo de personas a los que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha denegado hasta ahora el derecho a ser incluidos en el programa de acogida para solicitantes de protección internacional. Junto a ellos, hay niños recién nacidos, mujeres embarazadas, familias enteras con menores, un niño con parálisis cerebral, chicos que llevan sobreviviendo fuera de su casa desde los 14 años, una abuela que no habla más que turco… Todos ellos se pueden ver beneficiados ahora de la sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio de Trabajo y Migraciones por no asistir a dos jóvenes sirios –entre ellos, Amín– a los que debería haber incluido hace ya un año en su programa de acogida.

La sentencia que ordena la admisión de estos dos chicos en dicho programa afecta a estas personas, todas ellas devueltas a España procedentes de otros países de la Unión Europea en virtud del Convenio de Dublín, por el que los solicitantes de asilo deben ser devueltos al país por el que entraron en la UE.

En conversación con Alfa y Omega en el centro pastoral de Entrevías, todos confirman que llegaron a nuestro país procedentes de zonas en guerra. Patuca, de la Coordinadora de Barrios, señala que todos ellos forman parte de los 16.000 refugiados a los que se comprometió acoger España, aunque en realidad solo han llegado menos de 2.000; y, de estos, a los que atienden desde la coordinadora y desde la Red Solidaria de Acogida ni siquiera se les ha ofrecido la totalidad de la ayuda prometida.

Todos entraron en nuestro país y con el tiempo emigraron a otros países europeos buscando el reagrupamiento familiar o mejores condiciones de vida o trabajo, pero cuando fueron devueltos a España hace un año el ministerio «se desentendió de ellos y se han visto expuestos a unas condiciones penosas», explica a Alfa y Omega Ana, de la Red Solidaria de Acogida –vinculada a la Pastoral Social de Madrid–, que junto a otras asociaciones han dado soporte durante estos meses a los refugiados en todos los ámbitos de acogida.

Un plano de Metro y una dirección

Todos ellos aterrizaron en un vuelo en el aeropuerto de Barajas y lo único que les dio la Administración fue un plano de Metro y la dirección de un albergue. Nada más. Esto provocó situaciones extremas como la de una mujer de 70 años que solo habla turco y que deambuló por las calles de Madrid durante dos días hasta que alguien la pudo orientar y llevar al albergue que le habían indicado.

Para la mayoría de estos solicitantes de asilo, su vida en Madrid durante estos meses ha consistido en dormir en un albergue y buscarse la vida durante el día por las calles de la capital. Pero el programa de acogida debería haberles ofrecido mucho más: asistencia psicológica en atención a los conflictos armados de donde proceden, facilidades para la asistencia sanitaria, clases de español, servicio de traducción, orientación laboral, estabilidad habitacional y vivienda, y un seguimiento por parte de un trabajador social, entre otras cosas.

Un grupo de refugiados llega a Barajas en marzo de 2017. Foto: EFE

«Se les ha denegado la acogida a la que tienen derecho como solicitantes de asilo, lo que supone una violación de sus derechos fundamentales», explica Ana. Por eso han tenido que ser atendidas por asociaciones y voluntarios: han tenido que salir adelante con mucho esfuerzo y pasando incluso hambre, en condiciones graves de deterioro». Patuca añade que todos ellos están como en un limbo jurídico: «tienen un conjunto de derechos de los que en la práctica no pueden disfrutar».

Estas dos demandas favorables no son las únicas pero han sido las primeras, y gracias a ellas «esperamos un cambio muy grande en la situación de estas personas», añade Ana, aunque queda trabajo por delante y el Ministerio no lo pone fácil: «Ahora habría que pedir una cita con la trabajadora social de la Oficina de Asilo y Refugio, que solo atiende cada varios meses. Puede pasar mucho tiempo para que vuelvan a poder entrar de manera efectiva en el sistema. Y aun así a algunos los van a mandar a otras partes de España, rompiendo el escaso arraigo que tienen ya en Madrid. Y así tendrán que volver a empezar una y otra vez. Parece que es la historia de su vida…», lamenta.

«Tenemos el deber de ser acogedores»

«Es un deber de los gobiernos el velar por el cumplimiento de los derechos humanos. No es algo opcional, sino una obligación que tienen que cumplir», dice a raíz de la sentencia del TSJM el delegado de Migraciones de Madrid, Rufino García, en una entrevista a TRECE.

«Si la gente viviera en su país en paz, es evidente que no vendrían a España. Los que salen de su país lo hacen de manera forzosa, por razones indeseables», añade. Estas personas obligadas salir de su casa «no nos invaden, ni vienen a quitarnos lo nuestro. Han venido a vivir, sin más. Las cifras de personas que están llegando a España no son despreciables, pero sí son asumibles si somos acogedores como han sido muchas veces con nosotros a lo largo de la historia. Nosotros tenemos el deber de ser acogedores».

Para ello es necesario «fomentar un discurso inclusivo, integrador y acogedor. Participar en espacios de Iglesia que apuesten por eso, Y en manifestaciones que clamen contra estas injusticias. Se trata de luchar por la globalización de la solidaridad, en cumplimiento del precepto cristiano del amor», afirma García.

En esta línea, la Delegación de Migraciones-Asti, la Vicaría de Pastoral Social e Innovación, la Mesa por la Hospitalidad y la Red de Migrantes con Derechos organizan este viernes, 1 de febrero, a las 18:30 horas, el salón de Alfa y Omega una charla-coloquio en torno al tema Pactos que salvan vidas, un acto que estará conducido por la socióloga Mónica Prieto, de la Comisión Episcopal de Migraciones de la CEE.

El evento tiene lugar con motivo del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, suscrito el 11 de diciembre en Marrakech. Pacto que «constituye el primer acuerdo global de la ONU sobre enfoque común de la migración internacional en todas sus dimensiones». Y aunque el pacto «no es legalmente vinculante», tal y como detalla el delegado de Migraciones en la convocatoria del coloquio, «puede ayudarnos a tener un marco global en el que apoyarnos para construir espacios de dialogo, de cooperación y de integración», que «favorezcan la cohesión social y den respuestas reales a millones de personas que se ven obligadas a dejar sus países, junto a otros pueblos que buscan una sociedad justa». Además, el mismo Papa Francisco se ha involucrado «muy activamente» en este proceso, y «ha instado a la Iglesia y a la ciudadanía en este empeño».

J. L. V. D.-M. / Infomadrid