«El derecho a un hogar es hoy papel mojado» - Alfa y Omega

«El derecho a un hogar es hoy papel mojado»

La vivienda «no es hoy un derecho fundamental, sino, ante todo, un bien de inversión» sujeto a «movimientos especulativos» que convierten «en papel mojado para muchas familias el derecho a un hogar»: ésta es la denuncia que hizo, la semana pasada, monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, en el I Congreso Nacional sobre Vivienda Social, organizado por la Fundación Patronato de la Vivienda, de Sevilla, institución que celebra estos días los cien años de su nacimiento

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Una familia abandona su vivienda por un desahucio, el 9 de julio de 2012

Monseñor Juan José Asenjo inauguró, la semana pasada, el I Congreso Nacional sobre Vivienda Social, celebrado en Sevilla, con la conferencia El verdadero problema de la vivienda: no tenerla. En su ponencia, el arzobispo de Sevilla lamentó que, «en las últimas décadas, en España se ha distanciado el precio de la vivienda en el mercado y el poder adquisitivo de las familias. Los movimientos especulativos han provocado el encarecimiento artificial del suelo y, en consecuencia, de la vivienda, convirtiendo en papel mojado para muchas familias el derecho a un hogar».

El Congreso ha sido organizado por la Real Fundación Patronato de la Vivienda, de Sevilla, institución en la que participa de manera especial la Iglesia diocesana en Sevilla -en la actualidad, preside su Patronato monseñor Juan José Asenjo- y que celebra estos días los cien años de su fundación. Gracias a su labor, durante todo este tiempo se han podido construir casi 15.000 viviendas sociales, destinadas a aquellos segmentos de la población que, por tener unos niveles de renta bajos, no pueden acceder a las viviendas que se encuentran en el mercado.

En su intervención, monseñor Asenjo denunció que «la vivienda no es hoy un derecho fundamental del que todos pueden disfrutar, sino, ante todo, un bien de inversión». Esto se debe a que «ha habido una oferta de financiación irresponsable, un riesgo financiero en el que han incurrido tanto los hogares como las entidades financieras durante estos años, aumentando peligrosamente la morosidad, los desahucios y los desalojos»; asimismo, «el sistema de acceso a una vivienda en España se ha organizado a través de los mecanismos económicos que fija el mercado, mientras la política pública de vivienda ha olvidado en buena medida el derecho constitucional de todo ciudadano a una vivienda digna». Así, la menor implicación de los poderes públicos en la actividad económica «no siempre ha dado lugar a mercados eficientes, pero sí ha dejado de proteger muchos derechos de las personas».

Esta lesión que sufre el derecho a una vivienda digna en nuestro país «ha impedido tener un hogar a cientos de miles de personas, y ha dado lugar a más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en estos años, lo que ha llevado a terribles situaciones de desamparo a muchas familias». Por eso, «el Estado debe hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución española –Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna-, adoptando sin demora las medidas legislativas necesarias»; y todos «debemos seguir poniéndonos manos a la obra, sin excusas, con entusiasmo, sin dejarnos arrastrar por el pesimismo, con la noble ambición de construir un mundo más justo, humano y fraterno, tal como Dios lo soñó, lo que sin duda comienza por tener una vivienda digna para todos».