El Gobierno cuenta con la Iglesia para aplicar los Pactos Globales - Alfa y Omega

El Gobierno cuenta con la Iglesia para aplicar los Pactos Globales

«Acoger no es solo dar techo», subraya el director del Secretariado de Migraciones de la CEE. Es una de las consignas que repite la Iglesia de cara a la aplicación en España de los Pactos Globales sobre Migrantes y Refugiados, y que en su opinión debe plasmarse en una ley de integración que haga más hincapié en el acompañamiento

María Martínez López
Dos inmigrantes participan en un curso de formación en hostelería de Cáritas Valladolid. Foto: Heras

Corre el reloj para la implantación de los Pactos Globales sobre Migrantes y Refugiados aprobados por Naciones Unidas en 2018. Los países que los han ratificado tienen cuatro años para ponerlos en marcha en sus respectivos territorios. En este proceso, el Gobierno español quiere contar con la Iglesia como compañera de camino. El jesuita José Luis Pinilla, director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), participó el 31 de mayo en una reunión con José Luis Pardo, embajador en Misión Especial para Asuntos Migratorios del Gobierno español, y con el embajador de España ante las Naciones Unidas, Agustín Santos.

Fue una primera toma de contacto en las que el Ejecutivo mostró interés por «recoger las iniciativas nuestras que se puedan aplicar», explica Pinilla a Alfa y Omega. En los próximos meses se irán dando más pasos. Pero de momento «es muy importante que esto se esté haciendo ya, y agradecemos que empiecen a contar con nosotros».

Esta convocatoria se suma a la labor que ya está haciendo la Iglesia para que, en las propias comunidades católicas, los pactos pasen del papel a la realidad. Siguiendo la referencia de los 20 puntos que la Santa Sede propuso para la elaboración de estos textos, ya se están poniendo en marcha proyectos concretos. Estas iniciativas, como por ejemplo «los talleres de alfabetización de extranjeros de muchas parroquias», pueden ser un punto de colaboración con las entidades públicas o incluso servir de inspiración para que los ayuntamientos o las comunidades autónomas inicien los suyos propios.

No solo para tapar grietas

En el ámbito de las migraciones la Iglesia, con amplia experiencia sobre el terreno, siempre se ha mostrado disponible a ayudar a la Administración en todo lo posible. Pero con una actitud de crítica constructiva. «A veces hemos tenido la sensación de que contaban con nosotros solo para tapar las grietas o los fallos del sistema cuando faltaban camas, personal o recursos de acompañamiento –reconoce Pinilla–. Y no nos vamos a negar a eso, en la medida que podamos». Pero siempre recordando que «es una función pública atender a los más desfavorecidos. Lo importante no es traer a 100 inmigrantes y resolver un problema al Estado, sino establecer una política integral».

Ejemplo de esta colaboración crítica fue la presencia la semana pasada, durante las jornadas de delegados y agentes de pastoral de Migraciones, de la directora general de Integración y Atención Humanitaria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Estrella Rodríguez. Rodríguez acudió a la cita con el deseo de presentar la visión del Gobierno sobre la política de asilo. Pero se mostró también abierta a escuchar, en un coloquio abierto, las preguntas y también las recriminaciones de los participantes.

Estrella Rodríguez, a la izquierda, durante su intervención en las jornadas de delegados de Migraciones. Foto: Comisión Episcopal de Migraciones

Surgieron cuestiones como la aplicación del plan de retorno voluntario o cómo abordar el hecho de que muchos migrantes recurran a la petición de asilo como alternativa (más fácil en su opinión) a la solicitud del permiso de residencia, lo que contribuye al colapso del sistema y a que se inviertan recursos en iniciar procesos de integración que, al denegarse las peticiones, quedan truncados.

Estrella Rodríguez reconoció que el Estado está desbordado por el incremento de las solicitudes de asilo, que en pocos años han pasado de 5.000 anuales a las 55.000 del año pasado. Una explosión «imposible de prever» y a la que –apostilló– el Gobierno tiene que hacer frente con los presupuestos del último Ejecutivo de Mariano Rajoy. La directora de Integración y Atención Humanitaria admitió también que «los estados no sabemos cómo llevar a cabo» las propuestas de los Pactos Globales. Pero el Gobierno sí es consciente de que «tenemos que reformular totalmente» la política de asilo.

Una ley de integración

Si ese es el objetivo de Ejecutivo para la nueva legislatura, no le faltarán aportaciones de la Iglesia. El director del Secretariado de Migraciones de la CEE resume sus peticiones para la política migratoria de los próximos años: ha de ser una respuesta integral y orientada al «bien común»; superar los «particularismos geográficos» para que la atención a migrantes y refugiados no cree inequidades entre distintas comunidades autónomas, y contar de forma plural con todas las entidades del tercer sector –entidades sin ánimo de lucro–.

La propuesta de la Iglesia, además de estos principios generales, se encarna en una petición muy concreta: «Nos parece imprescindible –apunta Pinilla– una nueva ley de integración y de cohesión social» que aborde de forma integral la cuestión migratoria, conservando lo bueno de la Ley de Extranjería y reparando sus carencias. Esta ley debe estar abierta, dentro de las normas generales, a tener en cuenta las «peculiaridades de distintos grupos. No es lo mismo que alguien venga de Siria o Marruecos, de Venezuela o Colombia, o de África». Deberá contemplar, además, la integración de los inmigrantes irregulares («los que menos posibilidades tienen»), y prestar mucha más atención al acompañamiento, pues «acoger no es solo dar techo».

Ambas partes creen que es posible el entendimiento. Y ponen como ejemplo un proyecto piloto lanzado en el País Vasco con la participación de la comunidad autónoma, ACNUR, Cáritas, los jesuitas y alguna empresa. Así, se ha hecho posible la acogida a 30 personas procedentes de Siria. «Es una buena fórmula para aliviar el sistema –subrayó Rodríguez–, además de una posibilidad de ir dando un mensaje positivo a la sociedad, porque los ciudadanos se corresponsabilizan en el acompañamiento a los solicitantes de asilo. Nos gustaría que este formato se pudiera extender».