Una peligrosa palanca - Alfa y Omega

Una peligrosa palanca

El Supremo de EE. UU. hará pública en junio su sentencia sobre el matrimonio homosexual. Los 9 jueces dictaminarán sobre el blindaje constitucional del matrimonio natural en 30 estados del país, pero su decisión tendrá alcance mundial

María Martínez López

¿Quieren deshacerse de una definición milenaria del matrimonio por diez años de matrimonio homosexual? Lo preguntó Anthony Kennedy, juez del Tribunal Supremo de EE. UU. A pesar de ser consciente de la gravedad del caso, el juez Kennedy parece inclinado por el sí, y su voto podría ser el que rompa el empate y decante la decisión a favor de equiparar las uniones homosexuales al matrimonio en todo el país. La sentencia del caso Obergefell vs. Hodges, que se hará pública en junio, puede tener una magnitud igual o mayor a la de Roe vs. Wade, que en 1973 legalizó el aborto.

30 de los 50 Estados del país han definido en sus Constituciones el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Las leyes fueron recurridas, la Administración Obama renunció a aplicar la Ley federal de Defensa del Matrimonio, y los tribunales estatales y federales anularon el blindaje de la familia natural en 26 de los 30 casos. La pelota está ahora en el tejado del Supremo, porque en noviembre, un tribunal de apelación apoyó las otras cuatro enmiendas y creó un conflicto de jurisprudencia.

Mucho más allá de lo jurídico

Sobre el papel, los nueve magistrados deben decidir si la 14ª enmienda de la Constitución federal –derecho a una protección legal igual para todos– obliga a los Estados a conceder licencias matrimoniales a las parejas del mismo sexo y a reconocer las de otros Estados. Sin embargo, el debate está yendo más allá de lo jurídico. Así se demostró el 28 de abril durante la presentación de argumentos orales, y también en los cerca de 70 informes que todo tipo de entidades –incluida la Conferencia Episcopal– han presentado ante el Tribunal.

Los promotores del matrimonio homosexual se definen, con gran apoyo mediático, como una clase de personas herederas del movimiento por los derechos civiles de los negros. No poder casarse equivale –afirman– a ser ciudadanos de segunda. Los defensores del matrimonio natural, en cambio, subrayan que el Estado debe mantener el matrimonio natural, «porque tiene un interés imperioso en el bienestar de los niños –escribían hace un mes más de 30 líderes religiosos, en su tercera carta conjunta sobre esta cuestión–. Cada niño tiene una madre y un padre, y merece la oportunidad, siempre que sea posible, de ser criado por su propio padre y madre, casados, en un hogar estable y con amor. El matrimonio como la unión de un hombre y una mujer es la única institución que promueve y salvaguarda» esto. La misma idea se desprende de los testimonios presentados por seis adultos, criados por homosexuales.

Si la sentencia del Supremo, como se teme, avala el matrimonio homosexual, la decisión no sólo afectará a la situación de la familia y de la libertad religiosa en el país. El aval de la primera potencia mundial supondría para el lobby gay una poderosa arma de presión en todo el mundo. Sobre todo si se tiene en cuenta que Estados Unidos lleva ya casi cuatro años utilizando toda su estructura diplomática para promover la agenda de homosexualismo en muchos países.

Revolución en Irlanda

Irlanda se enfrenta a «una revolución cultural». Así ha reaccionado monseñor Diarmuid Martin, arzobispo de Dublín, sobre el referéndum del 22 de mayo, que apoyaba con un 62,07 % de los votos una enmienda constitucional que equipara las uniones homosexuales al matrimonio. La campaña a favor del contaba con el apoyo del Gobierno, de todos los grandes partidos y de compañías internacionales como Google y Twitter. Ante este resultado, monseñor Martin exhortaba a la Iglesia a preguntarse «por qué algunos de sus miembros se negaron a ver» el comienzo de esta revolución. «También hace falta revisar la pastoral con jóvenes», la mayoría de los cuales ha apoyado el .

En 2001, Holanda fue el primer país en equiparar las uniones homosexuales al matrimonio. Hoy, esta equiparación existe en Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Islandia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Uruguay, además de, parcialmente, México; mientras Israel y Malta reconocen los celebrados en otros países. Una cantidad similar de países permite a los homosexuales, en todo o parte de su territorio, formar uniones civiles.

La libertad, amenazada

Quienes no estén de acuerdo con la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio «se encontrarán cada vez más marginados y se les negará una participación igual en la vida pública americana y sus beneficios». Lo afirma la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. en el informe remitido al Tribunal Supremo en calidad de amigo del tribunal. El riesgo no consiste tanto en que los clérigos se vayan a ver obligados a casar a homosexuales; aunque, si se niegan, podrían perder la potestad de que los matrimonios canónicos que celebran tengan reconocimiento civil.

La amenaza se dirige, en realidad, contra todo el que no esté de acuerdo con el matrimonio homosexual. «La ley y la sociedad –explican los obispos en un texto divulgativo– tienen formas de castigar, estigmatizar y marginar a esas personas» e instituciones, «negándoles licencias, quitando a las ONG su exención fiscal, negando el derecho a la objeción de conciencia, etc.». En su testimonio ante el Supremo, el Procurador General del país, Donald Verrilli, reconoció que las instituciones católicas pueden llegar a tener «un problema» en este ámbito. Bien lo saben las agencias de adopción que han perdido su licencia y financiación por no entregar a niños a parejas homosexuales; un instituto demandado por despedir a un profesor que mantenía una relación homosexual; los empresarios llevados a los tribunales por no querer servir en bodas gay; o un hospital que no incluyó en su seguro médico al cónyuge de un empleado.