Sudán del Sur, cuatro años después: un sufrimiento indescriptible - Alfa y Omega

Sudán del Sur, cuatro años después: un sufrimiento indescriptible

Más de dos millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares por el conflicto bélico entre las fuerzas leales al presidente Kiir y los rebeldes. Durante un viaje de Ayuda a la Iglesia Necesitada a Sudán del Sur, fuentes locales han informado a la fundación pontificia sobre la terrible situación de los refugiados y desplazados afectados por el conflicto, a los cuatro años de la independencia del país más joven del mundo

Ayuda a la Iglesia Necesitada
Movimientos de desplazados en Sudán del Sur

El grave conflicto armado entre las fuerzas leales al gobierno del presidente Salva Kiir y los rebeldes aliados con el antiguo vicepresidente Riek Machar ha forzado a más de dos millones de personas a abandonar sus hogares, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados ACNUR. Según los datos publicados el 3 de Julio por la misma organización, hay más de 850.000 refugiados de Sudán del Sur en Etiopía, Uganda, Sudán y Kenia, mientras que un millón y medio de personas se encuentran desplazadas internamente en Sudán del Sur.

«El sufrimiento de la gente es inexplicable. La gente se encuentra abandonada a su suerte. Hemos vividos situaciones de guerra en el pasado, pero la brutalidad y la violencia de las luchas esta vez es indescriptible. Especialmente los ataques contra mujeres y niños, así como a personas totalmente ajenas al conflicto entre los dos bandos. Hasta hace unas semanas las mujeres de los campos de refugiados en el Alto Nilo salían del campo a recoger hierbas y bayas para alimentarse, el hambre es inmenso, pero se han dado casos de violación y de lesiones físicas, algunas no han regresado al campo. Es muy duro, uno está como confinado en el campo, es como una prisión dentro de tu propio país, al mismo tiempo es el único lugar donde uno está seguro», relató a Ayuda a la Iglesia Necesitada uno de los casi 20.000 civiles registrados que han buscado protección en la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) en los llamados campamentos de «protección de civiles» (PoC) cerca de Malakal, una de las ciudades arrasadas por el conflicto.

«Sin embargo, incluso dentro del campo tenemos que tener cuidado: ha habido disparos muy precisos realizados desde los árboles hacia el interior del campo, sobretodo en la zona del campo donde están concentrados los refugiados de la etnia shilluk», testimonian asimismo los refugiados. La etnia shilluk, la tercera en número en el país, vive en ambas riberas del río Nilo, cerca de la ciudad de Malakal y ha sido uno de las más afectadas colateralmente por el conflicto entre dinkas y nuers.

Al crear la Republica de Sudan del Sur en 2011 se intentó lograr un balance entre las dos etnias más numerosas y potentes del país: nombrando a Salva Kiir, dinka, como presidente y a Riek Machar, un nuer, vicepresidente. Lo que en diciembre del 2013 había comenzado siendo una crisis de poder político entre los dos, ha derivado rápidamente en un conflicto más profundo de abismal antagonismo entre las dos etnias. Diferentes fuentes de información local -corroboradas por organizaciones humanitarias- acusan a ambas partes del conflicto de «genocidio» y tribalismo desaforado. Se han dado numerosos casos de agresiones, violaciones, pillajes, vandalismo y asesinatos a civiles ajenos a los rebeldes y al ejercito por su pertenencia a una etnia concreta. Asimismo existe una solapada pero grave falta de cooperación y trabas de ambas partes para permitir el acceso e a ayuda y comida a los refugiados y desplazados en los campos de ACNUR, según Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Esta situación drástica hace que el número de los sudaneses de sur que buscan refugio en el país vecino de Sudán aumente cada día. Según datos del ACNUR desde mayo de 2015 casi 30.000 sudaneses del sur han cruzado la frontera hacia los campos que se han abierto en el país vecino de Sudán. En total se calculan más de 90.000 refugiados sobre todo en los campos del estado de Nilo Blanco (An Nil al Abyad), pero también en los dos estados de Kordofán, Nilo Azul y en los alrededores de Jartum. Si bien su situación es mejor que la de aquellos que han buscado refugio en su propio país, sus condiciones tampoco son óptimas.

Una de las peticiones básicas de los refugiados llegados a los campos sudaneses es el levantar la prohibición a las agencias de la ONU para acceder a los campos, donde por el momento solamente organizaciones gubernamentales tienen entrada. El ACNUR proporciona servicios básicos distribuidos únicamente a través de sus socios sudaneses, ya que no se les permite la entrada directa a los campamentos. Así mismo, la situación de seguridad en los campamentos deja mucho que desear, siendo muy deficitario el control de las entradas y salidas de los campamentos con el fin de proporcionar una mejor seguridad. Fuentes locales han informado de acosos, de robo y abuso a mujeres refugiadas por parte de personas ajenas al campamento. En estos casos los refugiados no tienen a dónde recurrir.

Otro de los graves problemas es la falta de reconocimiento oficial en Sudán de la condición de refugiado para los vecinos llegados de Sudán del Sur. El gobierno de Sudán –del cual se independizaron hace cuatro años- les considera como «hermanos y hermanas» que regresan a su patria. No hay registro y aplicación de proceso formal para adquirir la condición de refugiado. A pesar de la afirmación gubernamental de tratar a los sudaneses del sur como ciudadanos de Sudán, «el trato a los ciudadanos del nuevo país independiente no es igualitario, incluso aun cuando estos posean una tarjeta de identificación. Muchas mujeres en Jartum por ejemplo trabajan como criadas con el fin de sobrevivir. Hay muchas quejas de maltrato y abuso. También es el caso de los varones que buscan empleos con bajos salarios y largas horas de trabajo, ya que no tienen documentos legales», relataron a Ayuda a la Iglesia Necesitada fuentes cercanas a los afectados. La condición de refugiado tal y como se contempla en los Convenios sobre el Estatuto de los Refugiados permitiría a los refugiados acceder a permisos de trabajo y a la protección jurídica.