El entramado legal que está detrás del desastre

Imagine el lector que va al médico porque sufre una enfermedad grave, y el facultativo se limita a recetarle una medicina, sin buscar qué enfermedad le aflige y sin decirle qué hábitos debe evitar porque agravan su situación. Ridículo, ¿verdad? Pues hágase cargo de que España es el enfermo; el próximo Gobierno es el médico; la receta son los programas electorales; y la enfermedad, el conjunto de leyes que han llevado al país a una crisis con cinco millones de parados, el doble de fracaso escolar que el promedio europeo, la mitad de los nacimientos necesarios para garantizar el reemplazo generacional, y a ser uno de los países de Europa con más familias rotas y menos ayudas del Estado a los hogares.

Eso sí: la situación que atraviesa España no es flor de un día, ni fruto en exclusiva de la mala gestión de un Gobierno. Es, como revelan los datos y señalan los expertos, la consecuencia de haber aprobado unas leyes erráticas —que, a pesar de haberse probado sus nefastas consecuencias, nadie se ha atrevido a modificar después—, de unos votantes que votan como votan y, en definitiva, de una sociedad que ha permanecido adormecida mientras algunos desarrollaban su proyecto de reingeniería social. Ante las elecciones del 20-N, en las que los españoles han de elegir, en conciencia, un Gobierno responsable y que busque el bien común, Alfa y Omega ofrece a sus lectores una primera entrega del repaso por la legislación más perniciosa desde el inicio de la democracia, en materia de educación, familia y vida, que urge modificar en la siguiente legislatura.

Cuando, tras las elecciones de 1982, don Alfonso Guerra dijo su famoso: «Cuando nos marchemos, a España no la va a reconocer ni la madre que la parió», probablemente no podría imaginar que el alcance de sus palabras era tan largo, que unas décadas después incluso la palabra madre habría desaparecido del Código Civil. Porque la institución familiar ha sido una de las más perjudicadas en la legislación de las últimas décadas.

Una premisa de partida: que el número de matrimonios y de hijos baje está estrechamente relacionado con que el número de divorcios aumente. Basta un vistazo a las cifras para comprobarlo.

A pesar de que, en los últimos 30 años, la población española se ha incrementado en casi 10 millones de personas, en el año 2010 se celebraron 170.815 matrimonios, frente a los 201.024 que se celebraron en 1980, cuando el Gobierno de la UCD aprobó la Ley del divorcio. Es decir, más de 30.000 matrimonios menos, aunque hay 10 millones más de personas.

Si el descenso en la nupcialidad es abrumador en los últimos 30 años, las cifras son escandalosas si se comparan desde la última reforma divorcista, la Ley del Divorcio Express, de 2005. Según denuncia el Instituto de Política Familiar (IPF), en España, hoy, de cada 10 matrimonios se rompen 8, y desde que se aprobó la nueva ley, los divorcios se incrementaron en un 115 %. Con un agravante: mientras el divorcio representaba el 38 % de las rupturas en 2004 (un año antes de la ley), y muchos separados volvían a reconciliarse, en 2008, el 93 % fueron divorcios definitivos, de los cuales, el 40 % fueron conflictivos y en el 54 % afectaron a hijos menores.

Como explica el presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco, «la legalización del divorcio y su facilitación progresiva por la ley, lleva a la banalización de la ruptura matrimonial en la conciencia colectiva, y crea la mentalidad divorcista que hace que se acuda al divorcio como la manera ordinaria de resolver dificultades matrimoniales». Así, como una pescadilla que se muerde la cola, «la normalización del divorcio provoca la pérdida de valor del matrimonio, en la opinión general, pues lo que se puede romper con facilidad no es apreciado como valioso», y, por tanto, «las leyes del divorcio generan cada vez más divorcios y menos matrimonios, y se convierten en uno de los mayores enemigos de la familia, y en uno de los problemas estructurales de nuestra sociedad».

A esto hay que añadir que, como denuncia el IPF, España está a la cola de Europa en ayudas a las familias, tanto económicas directas como en la implantación de una legislación familiar que facilite la conciliación laboral, el asesoramiento para reconciliaciones matrimoniales, etc.

Ahora bien. Si el Gobierno que salga de las elecciones del 20-N tiene la tentación de pensar que las rupturas familiares no guardan relación con la crisis que atraviesa España, más allá de los dramas que se viven en la intimidad de los hogares, conviene recordar que, en mayo de 2010, el Consejo de Europa aprobó el documento Invertir en la cohesión de la familia como factor de desarrollo en tiempos de crisis, en el que se reconoce que «la cohesión familiar produce beneficios materiales y virtudes espirituales como paz, estabilidad, bienestar, estabilidad económica y ahorro», y animaba a los Estados a facilitar la conciliación laboral y familiar para salir antes y mejor de la crisis. Además, el último barómetro del CIS, de octubre de este mismo año, revela que la familia es, para los españoles (los mismos que acudirán a las urnas), la institución mejor valorada, con una nota de 9,6 sobre 10.

Lo que dijo el lobby gay…

A pesar de eso, y por si la mentalidad divorcista instalada en España —con la connivencia de todos los Gobiernos elegidos en democracia— no fuese suficiente ataque a la familia, la ley del divorcio express, de 2005, se pergeño en paralelo a la ley de matrimonios homosexuales, que equipara las uniones entre personas del mismo sexo al matrimonio, o sea, a la unión entre un hombre y una mujer. Ley que vino acompañada de una reforma del Código Civil, en la que se sustituían las palabras esposo y esposa por cónyuge A y cónyuge B, y madre y padre por progenitor A y progenitor B. Con esa argucia se facilitaban los trámites para que dos homosexuales pudieran adoptar niños, esgrimiendo un presunto derecho a la paternidad y obviando el derecho de los niños a tener un padre y una madre. Cuando fue cuestionado por la necesidad de esa reforma, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, dijo que trataba de dar respuesta una demanda social, y cifró en 200.000 las bodas entre gays que se celebrarían en los dos años siguientes.

Lo cierto es que, al término de esa primera legislatura (en 2008), sólo se habían celebrado poco más de 12.000 uniones entre gays y lesbianas. No obstante, la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo sí que ha tenido gran repercusión social. Como explica Blanco, «la reingeniería social promovida por las leyes para cambiar el concepto de familia, ha sido especialmente relevante en las que han suprimido el matrimonio como institución específica para hombre y mujer; las que han banalizado el contrato matrimonial, haciéndolo divorciable sin necesidad de alegar causa ninguna y a petición unilateral de cualquiera de los cónyuges; las que han restringido la libertad de los padres de familia para educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y antropológicas; y las que han pasado de considerar la vida un bien digno de apoyo y protección a algo susceptible de ser eliminado».

Precisamente estas últimas leyes, las relativas al aborto, son las que más han contribuido a que España esté hoy al filo del abismo demográfico. Con datos del Instituto Nacional de Estadística, hoy nacen en España 87.000 niños menos, al año, que hace tres décadas (a pesar, insistimos, de que la población ha crecido en casi 10 millones de personas). Así, como denuncia el Instituto de Política Familiar en el libro La familia, desafío para una nueva política, «el déficit de natalidad actual es de tal magnitud que el número de nacimientos no es suficiente para reponer la población, y son necesarios, al menos, unos 250.000 nacimientos más cada año para alcanzar un nivel que asegure, a medio o largo plazo, el mantenimiento de la población actual». De este modo, mientras el índice de reemplazo generacional es del 2,1 %, en España apenas superamos el 1 %.

La conclusión es evidente: que el futuro Gobierno incentive o no la maternidad no es algo opcional, sino que se trata de una clave indispensable para mantener el Estado del bienestar. Juzgue el lector: mientras, en 1981, había poco más de 4 millones de mayores de 65 años, y casi 10 millones de menores de 14, en 2011, la tendencia es la inversa y la población mayor de 65 años supera, en más de un millón, a los menores de 14. Con esta progresión, y siguiendo los datos del Eurostat, en la España del año 2050, 1 de cada 3 españoles tendrá más de 65 años, y 1 de cada 9, más de 80. Si no hay quien trabaje y quien cotice, ¿cómo se pagarán las pensiones, la sanidad, la educación, etc.?

Contra toda lógica, pese a que necesitamos más nacimientos, en España se han perpetrado 111.482 abortos en el último año. Por eso, el IPF alerta de que, «al margen de la posición subjetiva que se tenga sobre el aborto, el hecho objetivo es que destruye capital humano, en una proporción creciente en el caso de España -ha representado un crecimiento del 265 % en los últimos 20 años (1989-2009)-, y es una de las causas claras del descenso en la natalidad española».

Como en el caso de las uniones entre homosexuales, la inclusión del aborto en nuestro entramado legislativo fue presentada, en su momento, como la respuesta a una demanda social. Sus promotores decían que, en España, se producían 300.000 abortos clandestinos al año. Ahora, los datos muestran que tal demanda no existía, sino que ha sido generada por la propia mentalidad abortista.

La retrospectiva legal es iluminadora. El año en que el Gobierno socialista de Felipe González aprobó la ley del aborto, en 1985, se produjeron 9 abortos en España. Al año siguiente, 467; y en 1995, el último de González en el Gobierno, 49.367. Con datos de la Subdirección General de Promoción de la Salud, durante las cuatro legislaturas socialistas, se produjeron 359.624 abortos. Es decir, se tardó una década y cuatro legislaturas hasta alcanzar la cifra que los proabortistas vendían para un año.

Diez años después de aprobarse la ley, y coincidiendo con la salida de González de la Moncloa, en 1996, se perpetraron 51.002 abortos. La norma de 1985 no fue modificada, ni derogada durante las dos legislaturas del Gobierno de José María Aznar, en las que, en total, se cometieron 511.429 abortos en España. O sea, un promedio de casi 64.000 niños abortados cada año. Y, con el Ejecutivo de Zapatero —que ha modificado la ley en 2010 para convertir (sobre el papel) el aborto en derecho—, el genocidio abortista se ha disparado hasta los 115.812 abortos, en 2008.

Por desgracia para las madres que han abortado y, sobre todo, para los niños que han sido eliminados, en España se ha superado el millón trescientos mil abortos, desde 1985. O sea, el equivalente a la población actual de Navarra y Cantabria juntas.

Según explica don Benigno Blanco, «ni la Ley de 1985, ni la de 2010 respondían a una demanda social, sino a intereses ideológicos y económicos de una minoría. Sin embargo, una vez aprobadas las leyes, poco a poco y por el efecto pedagógico de toda norma legal, su contenido va conformando el pensamiento de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes, que son educados bajo la influencia de esas leyes».

Con este panorama, resultan más que lógicas las palabras de la nota que la Conferencia Episcopal ha elaborado ante las elecciones del 20-N, en la que alerta del «peligro que suponen determinadas opciones legislativas, que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, o que llegan a tratar como un derecho lo que constituye un atentado contra el derecho a la vida». Y añade: «Son también peligrosos, y nocivos para el bien común, los ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos. Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley como esposo y esposa, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes».

Uno de los puntos calientes de la campaña electoral está siendo la educación. Pero, a pesar de lo que insisten en este ámbito, ninguno de los más destacados aspirantes a gobernarnos parece querer cambiar el modelo de enseñanza, que no es sinónimo de cambiar de ley. Porque España ha tenido cinco leyes educativas en 30 años, y aun así doblamos la tasa de fracaso escolar de la Unión Europea.

La primera ley educativa de la democracia, la LOECE, se aprobó en 1980 y aún está vigente, por ser la reguladora de las reglamentaciones básicas de la enseñanza. Entonces, el porcentaje de alumnos que no lograban el graduado en educación obligatoria (o sea, el fracaso escolar) era del 34 %. En 1985, se aprobó la segunda norma, la LODE, y, en el curso 85/86, el fracaso escolar estaba en el 27 %. La reforma más polémica llegó con la LOGSE, en 1990, cuyo modelo y principios ideológicos se mantienen en la actual LOE, de 2006. En el año 2000, con la llegada a la Educación Secundaria de los primeros alumnos íntegramente formados en la LOGSE, el fracaso escolar estaba en el 28,9 %. Desde entonces, ha ido subiendo cada año, hasta llegar al 31,2 % actual, frente al 15 % de la UE.

Todas estas leyes han tenido cuño socialista, porque el PP sólo propuso la LOCE en 2003, tan al final de su segunda legislatura, que no se llegó a aplicar, porque el Ejecutivo de Zapatero la derogó antes de que entrara en vigor, en 2004. Doña Isabel Bazo, ex Presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), explica que, aprovechándose de la aparente dejación de los populares en educación, «el objetivo de estas leyes socialistas ha sido eliminar los valores tradicionales de nuestra cultura y religión, y cambiar el papel formativo de la escuela y de los educadores, para imponer su concepto manipulador de progresismo». Por eso, «en estos años, se ha dado una interpretación sesgada de la gratuidad de la enseñanza, de la libertad de educación, y de los derechos de los padres que dieron origen al sistema de conciertos, que siempre han estado dotados de forma precaria para producir una asfixia económica a los centros no gubernamentales, por ser el sector eficaz en lo educativo e independiente de los poderes públicos».

De estos polvos legislativos —y de otros, que Alfa y Omega analizará, D. m., la próxima semana— viene el lodo social que habrá de gestionar el futuro Gobierno de España. Por eso, conviene pensarse mucho qué modelo de sociedad se quiere apoyar, en conciencia, el próximo 20-N.