Vatileaks II, una crisis que sacude a la Santa Sede

«Si no sabemos custodiar los dineros, que se ven, ¿cómo custodiamos las almas de los fieles, que no son ven?». Palabras de Francisco, dirigidas tiempo atrás a algunos de sus colaboradores más cercanos y que demuestran su preocupación por la reforma administrativa del Vaticano. Esa y otras frases, pronunciadas por el Papa en reuniones privadas, se filtraron a la prensa en forma de grabaciones junto a textos confidenciales, en una trama que la prensa ha bautizado como Vatileaks II y cuyo protagonista, un clérigo español, fue arrestado el lunes por decisión del Pontífice.

Desde hace meses la Gendarmería Vaticana investigaba, con gran hermetismo, una posible sustracción y divulgación de noticias y documentos reservados. En el entorno de la Santa Sede circulaba el rumor, al menos desde julio, de que el periodista italiano Gianluigi Nuzzi estaba trabajando en un libro sobre las finanzas papales que podría desatar un escándalo.

Las pesquisas establecieron que el escritor contaba con fuentes privilegiadas en la curia. Los indicios condujeron a un eclesiástico de alto rango: Lucio Ángel Vallejo Balda. Un sacerdote de 54 años, oriundo de La Rioja, que llegó al Vaticano en tiempos de Benedicto XVI para convertirse en el número dos de la Prefectura para los Asuntos Económicos y que terminó traicionando la confianza que Francisco le otorgó en primera persona.

«La extraña pareja»

Mientras Roma se aprestaba a recordar la memoria de los Fieles Difuntos, este sábado 31 de octubre, Vallejo fue convocado para un coloquio con las autoridades judiciales vaticanas. Un día después fue requerida Francesca Immacolata Chaouqui, amiga suya y colaboradora —como él— en la COSEA. Ese organismo, de nombre raro, es la clave del caso: la Comisión Referente para el Estudio y la Asesoría sobre la Organización de las Estructuras Económico-Administrativas de la Santa Sede. Un grupo de trabajo establecido por Bergoglio en julio de 2013 para estudiar los vericuetos vaticanos y proponer soluciones de simplificación a la burocracia pontificia.

Al conformar la comisión, el Papa pidió a sus miembros mantener absoluta reserva sobre su trabajo. Al finalizar su labor, ellos estaban obligados a entregar todos los documentos en su poder. Vallejo Balda era el secretario. Y, como tal, logró la integración de Chaouqui, la única mujer del grupo. En el ambiente vaticano se les conocía como «la extraña pareja».

Según las autoridades judiciales vaticanas, ninguno de los dos respetó el deber de confidencialidad. «Sobre la base de elementos recogidos y evidencias alcanzadas» en la investigación fueron convocados, interrogados y «retenidos en estado de arresto». Ellos se defendieron argumentando que actuaron «para ayudar al Papa» en su reforma al Vaticano.

En la mañana del lunes, los fiscales vaticanos, Gian Piero Milano y Roberto Zannotti, convalidaron las medidas cautelares, pero pusieron en libertad a Chaouqui, a causa de «su colaboración con las investigaciones». Vallejo Balda seguía preso al cierre de esta edición.

La Ley IX

La confirmación de los arrestos cayó como un balde de agua fría en el entorno vaticano. Recordó la temporada de venenos tristemente bautizada como Vatileaks. Una crisis que duró todo el 2012 —papado de Benedicto XVI— y que partió del mismo periodista.

A inicios de ese año Nuzzi publicó el libro Su Santidad, con decenas de textos confidenciales robados del escritorio mismo de Joseph Ratzinger por uno de sus más cercanos ayudantes. En la misma semana que el libro salió a la venta, la Gendarmería Vaticana arrestó al mayordomo Paolo Gabriele, el cuervo responsable de las filtraciones. Con el juicio en su contra se descubrió que llevaba seis años hurtando documentación papal. Condenado a 18 meses de cárcel, cumplió solo dos, porque antes de la Navidad recibió el indulto del Papa. Unos 45 días después Benedicto XVI anunció su inédita renuncia.

Su sucesor, Francisco, aprobó una reforma a las leyes del Estado Vaticano para evitar futuras filtraciones. En julio de 2013 estampó su firma en la nueva versión de la Ley IX que, en su artículo 10, considera penas de reclusión de seis meses a dos años y multas de mil a cinco mil euros para «cualquiera que se procura ilegítimamente o revela noticias o documentos de los cuales está prohibida la divulgación».

Y advierte: «Si la conducta tuvo como objeto noticias o documentos concernientes a los intereses fundamentales o las relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado (Vaticano), se aplica una pena de reclusión de cuatro a ocho años». A eso se enfrenta Vallejo Balda, el nuevo cuervo.

Se presume que el clérigo filtró no solo la información para el libro de Nuzzi Via Crucis, que saldrá a la venta en Italia el 9 de noviembre, sino también para el texto Avarizia, de Emiliano Fittipaldi, cuya publicación está prevista para el 5 de este mes. La Sala de Prensa del Vaticano se adelantó a esas ediciones advirtiendo de que «son fruto de un acto gravemente ilícito de entrega de documentación reservada» y de que está analizando dar una respuesta judicial a las mismas, también en el campo penal. «Publicaciones de este tipo no ayudan en algún modo a establecer claridad y verdad, pero sobre todo generan confusión e interpretaciones parciales y tendenciosas. Urge absolutamente evitar el equívoco de pensar que ese sea un modo de ayudar a la misión del Papa», añadió la nota.

«Sorpresa y dolor»

Mientras Vallejo enfrenta su destino, el Opus Dei tomó distancia de sus actos. La Oficina de Comunicación de la Prelatura en Roma manifestó «sorpresa y dolor» por el arresto. Y aunque reconoció que el clérigo pertenece a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, asociación de presbíteros «intrínsecamente unida» a la Obra, aclaró que esta no puede intervenir ni en el ministerio pastoral ni en los trabajos que los socios desarrollan.

La nota apuntó que, si la acusación se demostrase cierta, sería particularmente doloroso por el daño hecho a la Iglesia».