Madrid deja en la calle a un joven esquizofrénico - Alfa y Omega

Madrid deja en la calle a un joven esquizofrénico

Petit cumplió el jueves 18 años. Es camerunés y tiene graves problemas de esquizofrenia. El hospital donde está internado le va a poner de patitas en la calle porque ya es mayor de edad. Su informe médico dice que «si no está medicado es peligroso, para sí mismo y para los demás». Aun así, la Comunidad de Madrid, entidad tutora hasta la semana pasada, se lava las manos

Cristina Sánchez Aguilar
Foto: José Palazón

Petit llegó hace un año a España desde Camerún. Llegó sin identificación –o eso dijeron– y, al hacerle las pruebas de edad, «concluyeron que tenía 19 años. Suelen dar tres años arriba o abajo de margen», explica Tania García, abogada y miembro de la Red Interlavapiés, asociación madrileña que, junto a la Coordinadora de Barrios, acompaña al joven camerunés.

Tras pasar por varios albergues de ciudades andaluzas, Petit llegó a Madrid. «Le conocimos a través de un equipo de calle de Cáritas. Tenía un episodio violento, así que presionamos para que fuese ingresado en un centro de salud mental», cuenta la abogada. Ella misma fue a recoger las pertenencias del chico al albergue donde pernoctaba. «Allí encontré una tarjeta de identificación consular con su edad: 17 años. Así que puse en el conocimiento del juzgado esta información, y pudimos sacarle del centro de adultos donde le habían internado, un sitio espeluznante».

Foto: Tania García

En este momento, la Comunidad de Madrid se hizo cargo de su tutela y le trasladó a la unidad de adolescentes del hospital Gregorio Marañón. Desde ahí, le enviaron a un hospital psiquiátrico de Málaga, «porque ese centro era más adecuado a su edad y la CAM consideró que era lo mejor». Está internado allí desde marzo. «El jueves cumplió 18 años y el siguiente paso es ponerle de patitas en la calle, porque ya es mayor de edad», explica la abogada. «La Comunidad de Madrid dice que no puede hacer nada por él. No está empadronado ni tiene tarjeta sanitaria. La Administración se lava las manos, afirman que no hay ningún recurso para él y su única salida es la calle», denuncia García. Y eso que los informes médicos señalan que «si Petit no está medicado es peligroso para sí mismo y para terceros, y la Comunidad de Madrid lo sabe».

El chico, huérfano, «no tiene familia en Camerún. Es analfabeto. Es el último de los últimos. Hemos removido Roma con Santiago para encontrarle un sitio provisional. Hemos escrito a la Comunidad de Madrid más de cinco veces y no hemos tenido respuesta». También han escrito al Defensor del Pueblo, al Defensor del Paciente, a la trabajadora social que lleva su caso… «pero nada». «La Comunidad de Madrid nos dice que, como mucho, nos puede hacer un informe médico, nada más. Es más, un funcionario me dijo una de las veces que fui que por qué me preocupaba tanto. Y que hiciera yo misma todas las gestiones que debía solucionar él», recalca García.

De momento, la Fiscalía de Málaga ha pedido al hospital que no le echen a la calle. Mientras, Tania García y sus compañeras de la Red Interlavapiés y la Coordinadora de Barrios buscan un sitio provisional para Petit y una ayuda médica.

Dos menores que viven en la calle en Melilla contemplan el barco que les podría llevar a la península. Foto: José Palazón

Obligados por ley

El caso de Petit no es un caso aislado. Solo en Madrid, 115 chicos con los 18 años recién cumplidos necesitan de forma urgente un recurso al que acudir para no terminar viviendo en la calle. Diversas organizaciones denuncian la escasez de recursos. «Hay una red de pisos asistidos, y congregaciones como los salesianos o los mercedarios que se encargan de ellos cuando la Administración les deja en la calle, pero no es suficiente», explican desde la sección de Infancia y Riesgo de la Comisión Episcopal de Migraciones. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección Jurídica del Menor, se introdujo un nuevo artículo que obliga a las comunidades autónomas a poner en práctica programas que faciliten recursos a estos chicos una vez que cumplen los 18 años. La ley exige, además, garantía hasta los 21 años. «El problema es la lentitud con la que las administraciones públicas afrontan todos estos cambios, unido a la dejadez y negligencia de algunos profesionales que deberían ocuparse, al menos durante la estancia en los centros tutelados, de facilitar la regularización administrativa y la formación que capacite a los chicos para vivir de forma autónoma», afirma José Luis Pinilla, secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones. «El caso de Petit es más sangrante aún, puesto que se trata de una persona con una enfermedad mental y, por lo tanto, mucho más vulnerable».

La teoría, al menos en Madrid, es que la Consejería de Inmigración «está redactando desde hace tiempo un convenio de colaboración con entidades privadas que gestionan pisos de emancipación», afirma José Luis Pinilla. El objetivo de esta colaboración «es que una vez que los chicos cumplan 18 años, puedan pasar de los centros tutelados a estos recursos, para poder contar con programas específicos que les permitan incorporarse al mercado laboral y conseguir autonomía». La cuestión es que «las cosas de palacio van demasiado despacio», denuncia.