«La imagen de elitismo no es real»

«Se ha acabado la barra libre para los conciertos educativos», manifestaba el conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), el pasado agosto. Una declaración de intenciones que está cumpliendo, aunque con rectificaciones. Desde la patronal lo califican como un «acoso» y un «ataque directo» a este modelo. Desde los colegios ya han presentado las alegaciones oportunas, además de iniciar movilizaciones (han convocado una concentración el próximo 22 de mayo en la Plaza de la Virgen) y recogida de firmas. Desde la Conselleria, sólo una respuesta: «Pretendemos acabar con los recortes ideológicos del pasado y fomentar el crecimiento en la educación de calidad y la igualdad de oportunidades. Que sean las familias quienes eligen los centros y no los centros quienes eligen las familias».

Organizaciones como la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) o Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv) critican el cierre de aulas y los colegios que realizan más labor social reivindican su papel. Dos ejemplos son Jesús María-Fuensanta y Claret, ambos en el extrarradio de Valencia.

La población de este barrio es característica. A raíz de la riada del 57, se construyeron numerosas viviendas para realojar a las personas damnificadas, y también de esta época son los colegios y la parroquia, de los pocos servicios sociales que existen. Ambos salen de las paredes del centro para meterse de lleno en la vida de una zona humilde y conflictiva en la que conviven personas inmigrantes de varios países. Las puertas siempre permanecen abiertas y el patio, sean en horario lectivo o no, rara vez está vacío.

La realidad de los centros es la del barrio. Alumnos de 23 nacionalidades y de distintas religiones (judíos, musulmales, evangelistas y católicos) con diferentes necesidades educativas (también especiales) y de diversos niveles culturales que incluso en algunos casos llegan sin siquiera saber hablar español. Su mayor objetivo: la formación constante y la inclusión. «Nunca hemos querido una escuela que segregara. Tenemos estudiantes de etnia gitana, inmigrantes y valencianos. Hay niños con dificultades y otros perfectamente normalizados con altas capacidades», explica Matilde Desantes, directora del colegio Jesús-María Fuensanta, que cuenta con unos 345 estudiantes.

También se dedican a la formación de los padres y madres de los estudiantes. Alfabetización, talleres… la implicación del profesorado sobrepasa con creces las horas lectivas.

Caminar a lo largo de sus pasillos y asomarse a las clases es comprobar esta diversidad. Y también que para muchos de los alumnos el colegio no es únicamente el lugar en el que acudir a clase. Durante el recorrido, uno de ellos sale de su aula castigado y nos acompaña el resto de la visita. Tiene diez años. «Cuéntales qué respondiste cuando te preguntamos qué era para ti el colegio», le indica la directora. «La vida», responde sonriente sin dudar.

Tanto Jesús-María como Claret tienen numerosos ejemplos de avance. Desde una menor que llegó con total desconocimiento del idioma y que ahora estudia Derecho hasta la reducción del absentismo escolar en los estudiantes de etnia gitana (uno de los cuales incluso se prepara para ser Administrativo), además de la evolución de aquellos con síndrome de Asperger, un trastorno severo del desarrollo.

Todas estas características son las que precisamente condicionan la ratio tanto de ambos centros. Cada clase cuenta con entre 12 y 14 estudiantes para ofrecer una atención individualizada. Al incumplir la cifra establecida por la Educación, les notificaron la supresión de una unidad. «Sólo han mirado los números y no la labor. La Conselleria que tiene en su política principal lo social son los que nos han sesgado», señala Matilde. «Aquí tenemos a alumnos y a familias con carencias sociales, económicas, culturales… si nos juntan dos aulas, nos veremos en una con cuatro estudiantes con necesidades educativas especiales, algo inviable con una ratio de 25», añade Cristina Payà, jefa del departamento de orientación.

En el caso del Claret (con unos 186 alumnos), la situación es más grave, dado que únicamente podrán mantener una unidad de Infantil. «Esto supone una muerte lenta del centro. Si los alumnos no entran en esta etapa para pasar después a Primaria nadie se matriculará», explica su director, Antonio Cebrián. «Desde la Conselleria tienen que saber que si sacas de aquí a este tipo de alumnado y los metes en un aula con 25 están abocados al fracaso», comenta el jefe de estudios, José Manuel Gómez.

Los responsables de ambos colegios se esfuerzan por desterrar la imagen de elitismo de toda la escuela concertada. «No cobramos matrícula ni cuota mensual. De hecho, en muchas ocasiones ponemos dinero de nuestro bolsillo, al igual que los profesores, cuando las familias no llegan a pagarlo todo. También damos becas de comedor y de transporte público para los que no viven cerca. Quien nos vea así es porque no conoce nuestro trabajo», detalla el director del Claret.

La percepción de la concertada dirigida para bolsillos abultados responde, en opinión de la presidenta de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, Vicenta Rodríguez, a una «visión parcial». Y aunque se alegra de la marcha atrás de Conselleria en el cierre de algunas unidades, apunta que estos centros siempre han realizado una labor social, tanto antes como después del arreglo escolar: «El Gobierno no ha sido serio, las decisiones han de tomarse conociendo toda la realidad social».

Rosana B. Crespo / ABC