Llevaba desde los 5 años en España, pero le deportaron a Paraguay, un país que no conocía - Alfa y Omega

Llevaba desde los 5 años en España, pero le deportaron a Paraguay, un país que no conocía

El joven, de 19 años, tiene como único familiar a su madre, enferma de cáncer, que reside en A Coruña. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado una queja a la Defensora del Pueblo

Europa Press

Llevaba desde los 5 años viviendo en España bajo tutela de la Xunta de Galicia, a pesar de lo cual nunca fue documentado. Es la historia de un joven paraguayo, documentada por la senadora portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Maribel Mora.

Se trató de una expulsión exprés, es decir, realizada desde una comisaría, y no desde un centro de internamiento de extranjeros. La expulsión fue ejecutada el pasado 26 de noviembre.

«Fernando Daniel, que cuenta en la actualidad con tan solo 19 años de edad, residía en nuestro país desde hacía 14 años, teniendo domicilio fijo y sin que además tenga vínculo familiar alguno con su país de origen, Paraguay. Su madre, que es su única familia, reside en A Coruña y padece además cáncer», exponen los senadores y diputados de UP.

Durante los últimos años y hasta que cumplió la mayoría de edad, el joven vivió en un piso tutelado por la Xunta de Galicia, «habida cuenta de las dificultades por las que en aquel momento atravesaba su familia», exponen los senadores. Y sin embargo, la Xunta no realizó los trámites pertinentes a la documentación del chico en España y la obtención de un permiso de residencia.

«El hecho de que, tan solo un año después de abandonar las instalaciones autonómicas, donde su permiso de residencia debería de haberse formalizado, fuera detenido e inmediatamente deportado de nuestro país cuestiona profundamente la protección que nuestro país da a aquellos jóvenes inmigrantes que residen bajo la tutela del Estado», plantean.

Estas «irregularidades que se dan en el caso que afecta a Fernando Daniel y a su familia», son comunes «a todos los migrantes que durante los últimos años han sido deportados a partir de la incoación de procedimientos de expulsión de carácter preferente», supuestamente reservados para quienes suponen una amenaza para la seguridad nacional y el orden público o carecen de domicilio fijo, añaden los senadores.

Según explica Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al joven se le abrió un expediente de expulsión el pasado 22 de septiembre y él presentó alegaciones de arraigo familiar y social en España. Se le instó a presentarse periódicamente en comisaría, cosa que el joven cumplió hasta que el 22 de noviembre acudió a dependencias policiales por última vez. Ese día fue detenido allí mismo y el 26 de noviembre se le embarcó en un vuelo a Madrid para ser finalmente deportado a Paraguay.

«Todas las circunstancias que rodean a la expulsión de Fernando Daniel plantean serias dudas. En primer lugar, el joven pasa cuatro días internado en dependencias policiales, a pesar de que el plazo máximo fijado por la ley establece una estancia máxima de 72 horas. En caso de haber superado esos tres días de detención, debería existir autorización judicial para su internamiento. También debería habérsele garantizado el acceso a un abogado que le informara de sus derechos y ejerciera su defensa», denuncian los diputados y senadores.

«Además, el hecho de expulsar a un joven de 19 años, cuya madre y único pariente padece cáncer, podría ser constitutivo de “trato cruel», tal y como refleja el artículo 8 del Convenio Europeo para los Derechos Humanos», añaden.

Por último, recuerdan que la Dirección General de la Policía aprobó su circular 6/2014 que establece que a la hora de internar en un CIE a una persona hay que valorar las especiales circunstancias personales o situaciones de vulnerabilidad específicas que concurren en cada caso, lo que para los parlamentarios, debió hacerse con más razón si iban a expulsar a esta persona.

«Estas circunstancias entendemos que tendrían que haber sido valoradas en el caso de este joven, que por llevar residiendo prácticamente toda su vida en España, carece de vínculos sociales y familiares en su país de origen», afirman.

Por todo ello, piden a la Defensora del Pueblo que abra un expediente e investigue qué ha sucedido en este caso y si lo estima conveniente, emita las recomendaciones tendentes a que algo así no vuelva a suceder.

Europa Press