La Iglesia venezolana denuncia el asesinato de 12 jóvenes a manos del ejército

La Comisión Justicia y paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela ha expresado su profundo dolor por los episodios ocurridos en la región de Barlovento, estado de Miranda, donde los cuerpos de un grupo de 12 jóvenes que fueron detenidos por soldados el 15 de octubre, fueron hallados el 28 de noviembre en una fosa común. Todos estos actos han ocurrido tras las denominadas Operaciones para la liberación y Protección del Pueblo (OLP), conducidas por las fuerzas de seguridad del Estado.

En el comunicado, difundido por la agencia vaticana Fides, se denuncia también «la actitud soberbia y sorda de las autoridades del Estado, quienes se han negado y se niegan a acatar la jurisprudencia internacional; la ineficiencia del Estado en su deber ineludible de controlar la violencia social».

El texto, firmado por monseñor Roberto Luckert León, arzobispo emérito de Coro y presidente de la Comisión, pide a las autoridades estatales «la garantía de los derechos fundamentales» termina expresando la solidaridad de la Iglesia a los familiares de los 12 jóvenes asesinados.

La denuncia se produce en un momento tenso en las relaciones entre el gobierno venezolano y la Santa Sede, después de que el vicepresidente, Diosdado Cabello, se refiriera en términos descalificadores al secretario de Estado, el cardenal Parolin, unos días después de que se filtrara una carta enviada al gobierno y a la oposición pidiendo que se cumplieran los compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo y enfatizando que los derechos fundamentales «se respetan, no se negocian».

El propio presidente Maduro ha dado a entender que esta carta cuestiona la continuidad de la labor mediadora del Vaticano. Preocupadas por esta deriva, las cancillerías de Uruguay, Perú, Paraguay, México, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil y Argentina han firmado un comunicada urgiendo al presidente Nicolás Maduro a no boicotear «la prudente contribución del Vaticano, que debe ser altamente apreciada por todas las partes y representó una ayuda desinteresada para favorecer el proceso de diálogo».