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Ante la reforma de la Ley de Extranjería

Ni delincuentes, ni invisibles

El Gobierno sigue adelante con su proyecto de reforma de Ley de extranjería, a pesar de los informes desfavorables del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía y del Consejo de Estado, así como de numerosas organizaciones que trabajan día a día con inmigrantes

La semana pasada, el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería dio el primer paso hacia su aprobación definitiva en el Congreso. Gracias al apoyo de CiU, el Gobierno pudo ver rechazadas todas las enmiendas a la totalidad que presentaron el resto de grupos parlamentarios, quedando a partir de ahora sólo la posibilidad de realizar enmiendas parciales al texto. El proceso sigue su curso a pesar de los informes desfavorables del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía y del Consejo de Estado, a los que se han venido sumando diferentes organizaciones que se oponen a la aprobación del proyecto tal como está redactado. En un comunicado conjunto, Cáritas, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y la Red Acoge han denunciado la reforma porque «limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia». Dichas organizaciones consideran «poco oportuno» el momento elegido para acometer esta reforma, ya que el legislador debería haber tenido en cuenta «el especial contexto socioeconómico por el que atraviesa nuestro país», y denuncian que «legislar para el mercado electoral no garantiza los derechos».
Para estas tres entidades, el proyecto de reforma supone un retroceso legal, ya que «se cambia la normativa a la baja en cuanto a garantía de derechos, se refuerza la percepción del inmigrante como mercancía y se le estigmatiza, en especial al que está en situación administrativa irregular».

Para doña Ana Abril, coordinadora del Área de Análisis y Desarrollo Social de Cáritas Española, hay que reflexionar sobre las causas de la inmigración: «Hace falta una mirada global. Si no cambia la realidad de los países de origen, si no hay calidad de vida, si falta la esperanza, la gente seguirá saliendo rumbo a Europa. Y, por otro lado, hay que reflexionar sobre la aportación de los inmigrantes al desarrollo de la economía en España. Más de un 50% del aumento del PIB en los últimos años se debe a ellos».
De momento, el proceso de reforma de la Ley contempla un período de enmiendas parciales que se debatirá en el Congreso durante el mes de octubre.

Los puntos más oscuros

* Acceso al empadronamiento: El proyecto restringe el acceso al Padrón, ya que hace depender la residencia exclusivamente de la autorización de estancia o residencia legal. Ello tiene consecuencias sobre el acceso, por ejemplo, a la tarjeta sanitaria o a la educación. Crecerá la población real, sin que sea posible acreditarla.
* Derecho a la educación: El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la educación obligatoria y no obligatoria, en las mismas condiciones que los españoles, a los extranjeros que se encuentren en España, aunque no sean titulares de una autorización para residir. Sin embargo, la reforma limita de forma clara el acceso de los menores a la educación infantil, y el de los mayores de edad a los estudios postobligatorios.
* Acceso a la vivienda: La reforma plantea la exigencia de residencia de larga duración (cinco años) para acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda.
* Acceso a la asistencia sanitaria: Como consecuencia de la restricción en el acceso al Padrón, sólo los que tengan autorización de residencia y estancia van a tener derecho a la asistencia sanitaria, así como a los servicios y prestaciones sociales básicas.
* Acceso al derecho de justicia gratuita: El proyecto impone al extranjero condiciones más gravosas para el acceso a los tribunales, algo que menciona el informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial.
* Reagrupación familiar: La reforma restringe la reagrupación sólo a padres e hijos, y la limita a los ascendientes, siempre y cuando sean mayores de 65 años.
* Centros de internamiento: Aumenta el tiempo de internamiento de 40 días (fijado en su día por el Tribunal Constitucional) a 60, y no se contempla la mejora de las condiciones de estos centros.
* Régimen sancionador: El proyecto de Ley endurece aun más el régimen sancionador para los inmigrantes, y crea un nuevo supuesto: promover la permanencia irregular, con lo que se criminalizaría la acogida.