Alfa y Omega > Nº 656 > Desde la fe

Vive y deja vivir

No es cuestión de siglas ni de ideología, sino de qué valores éticos asumimos: ¿puede primar el derecho a decidir de una mujer sobre el derecho a la vida de otro ser humano? Don Bonifacio de Santiago, alcalde popular de Las Rozas (Madrid), expone los motivos de su rechazo al anteproyecto de ley del aborto:

No tengo costumbre de intervenir en debates de política general, pero voy a hacer una excepción respecto a un asunto de la máxima relevancia moral. Me refiero a la nueva regulación del aborto que se tramita en las Cortes Generales, bajo el eufemístico título de Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo hago con la convicción de que esta materia afecta muy directamente a nuestro sistema de valores, al respeto a la vida, a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Porque, en contra de lo que algunos pretenden hacernos creer, no es éste un debate que enfrente a progresistas con conservadores. No es un debate ideológico, ni una controversia religiosa; es, más bien, una discusión que plantea en toda su crudeza cuáles son realmente los valores éticos asumidos por nuestra sociedad.
No apelaré ni a la doctrina, ni a la ideología, ni a la fe: sólo a la razón. Conviene recordar que este asunto ya fue motivo de una dura controversia en la primera mitad de los años 80 del último siglo y de una famosa Sentencia del Tribunal Constitucional en 1985, que despenalizaba el aborto en tres supuestos. Y ésta fue la regulación aplicable durante un cuarto de siglo, pero sólo en teoría, porque, como se encargaron de demostrar diversas investigaciones periodísticas, en numerosas clínicas españolas se estaban realizando con absoluta impunidad miles de abortos ilegales. ¿Y cuál fue la respuesta del Gobierno? El indulto a los culpables y la iniciativa legislativa de una nueva ley de plazos.
¿Cuáles pueden ser las razones que han llevado al Gobierno a tomar esta iniciativa? Se me ocurren tres respuestas. La primera, un cálculo táctico. La grave crisis económica y el incremento descontrolado del paro pueden haberles llevado a pensar que convenía desviar la atención con otros asuntos de elevada carga emocional. La segunda, una decisión estratégica. Pueden haber llegado a la conclusión de que podría resultar electoralmente rentable un nuevo enfrentamiento frontal con la Iglesia. La tercera, una oportunidad de negocio a las clínicas y a los profesionales médicos abortistas, no muy numerosos, pero sí muy activos y vinculados a la izquierda. Resulta un tanto sorprendente que muchos españoles, que de buena fe se identifican con posiciones ideológicas de izquierda, tan proclives a ver en todo intereses económicos e intenciones ocultas, no se hayan percatado de que detrás de este gran tinglado pueda no haber más que un buen negocio.
Todo ello, naturalmente, explicado con las frases hechas de rigor: ampliación de derechos civiles, sensibilidad social, aumento de las libertades.... Por lo tanto, los que defendemos el derecho a la vida somos automáticamente tachados de reaccionarios y fundamentalistas. Nada más lejos de la realidad. Trataré de exponer las razones que me hacen estar en contra de esta nueva regulación:
* El desprecio más absoluto a la vida del concebido y no nacido. En todo el texto del proyecto de Ley, no hay una sola referencia a la vida que la mujer lleva en su seno, y sólo hay en la exposición de motivos una brevísima referencia al «interés en la protección de la vida prenatal». Y esta debería ser nuestra primera preocupación: la protección del más débil, que es el feto.
Nuestro Código Civil reconoce que el nasciturus tiene derechos y es susceptible de protección, al señalar, en su artículo 29, que «el nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables». ¿Hay algún efecto más favorable que el derecho a la propia vida? Un feto de, pongamos, tres meses, tiene derecho a una filiación, a una nacionalidad y a una herencia, ¿y sin embargo se le priva del derecho a vivir? Además, esto contradice la voluntad del legislador constitucional en 1978, al señalar, en su artículo 15, que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral». Es la única ocasión en que el texto constitucional utiliza la fórmula todos al hablar de derechos (en el resto de ocasiones, utiliza los términos toda persona, los españoles, los ciudadanos...) Si alguien lo duda, le sugiero que consulte el diario de sesiones de las Cortes Generales.
Pero es que, además, esto mismo es lo que nos indica la ciencia: desde el momento de la fecundación, existe un ser vivo de la especie homo sapiens sapiens. No es ni un apéndice extirpable, ni, como lo calificó para mi indignación un reputado filósofo, «un parásito interno de su madre». Soy un feliz abuelo de dos niñas y un niño y de otros dos en camino. Me enoja que se les pueda calificar de parásitos...
* La segunda razón de mi rechazo al proyecto de ley lo es en cuanto a los valores éticos profundos que subyacen a la norma. El aborto es en sí mismo siempre un mal, nunca un derecho. De la misma forma que nadie entendería que un constipado fuera tratado con la extirpación de un pulmón, no parece razonable que un descuido o una frágil situación económica sean justificación para eliminar una vida humana. Nos estamos volviendo un poco locos si ponemos al mismo nivel el valor de la vida humana y el derecho de la mujer a decidir.