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Las leyes más radicales se aplican totalmente, aunque estén recurridas al Constitucional

Legisla a lo bruto, que algo queda

Primero fue antes de agosto; luego, a primeros de septiembre; ahora, quizá en noviembre; y en noviembre, ya veremos: el Tribunal Constitucional lleva tres años deliberando sobre el Estatuto de Cataluña y la posibilidad de que contravenga la Carta Magna. Sin embargo, el texto estatutario se aplica íntegramente y, cuando la Justicia se pronuncie, ya se habrán producido consecuencias políticas y sociales que dejarían la Sentencia en papel mojado. No es el único caso: Gobierno central y Autonomías han descubierto en la fórmula legisla a lo bruto, que algo queda, el mejor salvoconducto para leyes que no gozan de consenso social, como la de las adopciones homosexuales, el aborto, o la ley de educación

Estatuto de Cataluña, o la amenaza de la ingobernabilidad

A pesar de que el texto está recurrido ante el Tribunal Constitucional desde 2006, algunas competencias recogidas en el Estatuto sobre educación, financiación y autogobierno se aplican con impunidad. Según don José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional, «que el Gobierno y el Parlamento catalán estén desarrollando el Estatuto supone que, si el TC lo paraliza, Cataluña quedaría sin norma legal y, por tanto, casi en situación de ingobernabilidad. Y eso es lo que perseguían el tripartito y CiU. Es una situación muy difícil de reconducir, aderezada por la presión de referendums y declaraciones de políticos que plantean una Sentencia negativa como una afrenta a Cataluña». Así, el caso del Estatut marca un camino de aplicación fáctica de normas inconstitucionales con sello nacionalista, que pueden aprovechar en un futuro partidos como el PNV o el BNG.

Educación para la ciudadanía: ¿Qué padre irá contra el Estado?

Don José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, asegura que «el Gobierno sabe que imponer esta EpC obligatoria es inconstitucional y va contra los padres, pero como el TC tarda años en pronunciarse y está politizado, juega con el miedo que pueda cundir en las familias por tener que enfrentarse al Estado. Buscan que una norma inconstitucional, después de años aplicándose, no pueda retirarse. EpC es una materia quintacolumnista, dentro de un proyecto de opresión de la escuela concertada católica, que tendrá que enseñar que el aborto es lícito y goza de consenso. Si alguien va contra el aborto, o contra EpC, irá contra la ley. ¿Y qué padre o colegio se atreve a ir contra la ley?»

Ley del aborto: Maquillaje de 16 años para una reforma perversa

«La reforma de la Ley del aborto forma parte de una estrategia política habitual, con un planteamiento de partida muy radical y algún punto que se pueda recortar -en este caso, que las menores puedan abortar con 16 años- para aparentar una actitud dialogante, pero manteniendo lo más perverso: que un delito se convierte en un derecho de ciudadanía ligado a la mujer, tal como lleva años reclamando el feminismo de género radical. Es una reforma de una gravedad inmensa». Sobre la legislación a lo bruto en torno al aborto, se puede decir más alto, pero no más claro, que como lo hace don José Luis Requero.

El mundo de Baltasar Garzón

El caso del magistrado de la Audiencia Nacional don Baltasar Garzón merece un reportaje aparte. No legisla, pero sus actos tienen consecuencias no pocas veces políticas. Y los lleva a efecto, aun no teniendo competencias. Algunos ejemplos: los piratas del Alakrana no debían haber venido a España, sino ir a Kenia -país con el que tenemos un Tratado para estos casos-; no era competente para juzgar los crímenes del franquismo; no era legal ordenar las escuchas de las conversaciones entre los detenidos por la trama Gürtel y sus abogados, y aún está por desvelar quién y cómo se filtraron los sumarios de ese caso. Juzga en clave política, que algo queda...

Adopciones por gays: el retraso no puede ser una varita mágica

Casi nadie recuerda que la ley que permite casarse a dos homosexuales y adoptar a un menor fue recurrida por inconstitucional. ¿Qué pasaría si el TC dijese, quién sabe cuándo, que las adopciones que ya se han realizado son inconstitucionales? Requero afirma que «aún quedan recursos sobre uniones de este tipo anteriores, incluso, a la ley. El TC debería dar indicaciones al legislador para saber qué hay que hacer en esos casos, pero bajo ningún concepto, si la norma resulta ser inconstitucional, el Gobierno o el Tribunal podría ampararse en el retraso de la Sentencia para declarar constitucional algo que no lo es, como por arte de magia».