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El César ha vuelto

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga al Gobierno italiano a indemnizar con 5 mil euros a una mujer por los daños morales que, al parecer, le ha provocado a su hijo la presencia de un crucifijo en su colegio público. ¿Cuánto podrían pedir al Gobierno español unos padres disconformes con que a sus hijos se les enseñe que el socialismo es la única esperanza para la Humanidad? ¿O en compensación por inculcarles lo que, según sus padres, es incitación a la promiscuidad y propaganda homosexual?
Quien espere sacar tajada hará mejor en probar suerte con la Lotería de Navidad. El crucifijo anuncia un ámbito de libertad a salvo del poder político, que, en virtud de la separación Iglesia-Estado, introducida por el cristianismo, no puede invadir ya legítimamente el ámbito de las conciencias. El crucifijo proclama una Ley universal por encima de las mayorías. Por eso resulta intolerable para esa nueva generación de gobernantes que se considera legitimada para convertir en ley cualquier fantasía en el sacrosanto nombre de las urnas. Los tribunales de derechos humanos de Occidente se han puesto de parte del César. En sus manos han dejado la potestad de fijar los límites al derecho a la vida. Pronto intentarán añadir a la lista la facultad de definir qué es matrimonio, y en qué consiste una vida digna. Por eso la cruz estorba.
Lo que cuestiona el crucifijo no es la idea del espacio público como una especie de suelo sagrado que no admite nada que no sea compartido por todos los ciudadanos. Cuando se trata de imponer los propios dogmas a través de los planes de estudio en las escuelas, es evidente que no hay tales escrúpulos. El problema es que, sacralizado efectivamente el espacio público, el poder quiere que se le rinda culto. Pero ojo. Este César acapara mucho más poder que el de antes. Ya ni siquiera reconoce el santuario del hogar.

Ricardo Benjumea