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Punto de vista

El arte de lo bueno y de lo justo

Ius est ars boni et aequi: así hablaba el jurista Celso, señalando que no es posible construir un ordenamiento jurídico, unas normas de convivencia ciudadana, olvidando que el Derecho está al servicio de la sociedad, y no al revés, pues cuando esto sucede el Derecho se empobrece y se convierte en un yugo. Esto es lo que ocurre cuando se dictan leyes que no responden a una demanda social, o que olvidan la dimensión ética del ser humano. Por eso, cuando así se actúa, no se está legislando para la sociedad, sino que se está dirigiendo a esa sociedad hacia donde quiere el legislador. Pretender que el Derecho es ajeno a todo, que es neutral y aideológico, es desconocer su propia esencia y vaciarlo de su propia razón de ser. De ser así, se justificarían los argumentos utilizados en los juicios de Nüremberg por quienes se excusaban en la obediencia debida a la hora de aplicar leyes inmorales e injustas.
La doble dimensión del Derecho, que gravita sobre lo que está bien y mal, sobre lo que el hombre como tal puede aceptar o no, es lo que justifica que, en casi todos los países del mundo occidental, existan cláusulas de conciencia, que posibilitan el recurso a la exención del cumplimiento de una ley cuando se considera que atenta a la conciencia personal. Y, si llega un momento en el que el recurso a la objeción de conciencia es masivo o mayoritario, no pasa nada: simplemente, se le estaría diciendo al legislador que reflexione sobre la justicia de una ley que provoca tal rechazo. Esta posibilidad de prever el reconocimiento de cláusulas de conciencia, ha sido incluso advertida recientemente en el dictamen del Consejo de Estado sobre la nueva ley del aborto (a pesar de haber bendecido una ley que afrenta a la dignidad del ser humano).
Nadie puede entrar en la moral de los ciudadanos; el Derecho, precisamente, ha de basarse en aquella parte de la moral que coincide con la ley natural. Decía Bobbio que no hay un fundamento ético para la obediencia al Derecho, pero sí hay una obligación moral de desobediencia a la ley cuando se produce un enfrentamiento con la conciencia. Nuestra Constitución protege a la familia y a los niños, y es lo que pretende el movimiento cívico objetor frente a Educación para la ciudadanía. La objeción de conciencia ha sido, históricamente, una reivindicación sistemática de la izquierda, que ahora nos niega, pero, cuando están en la oposición, entonces no cesan en plantear la desobediencia. La objeción de conciencia no se plantea ni siquiera como un derecho, por el que nos negamos a cumplir la ley; se plantea como un deber, por cuanto la conciencia nos impide cumplir esa ley.