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Informe de The Family Watch sobre la familia en España

Familia estable, sociedad estable

Lejos de conformarse con que la familia se convierta en un especie en extinción, la sociedad civil se mueve en distintos frentes para asegurar su supervivencia y promover la creación de hogares estables. De este empeño forma parte el último Informe publicado por el observatorio The Family Watch sobre los beneficios de las familias estables para toda la sociedad

El Instituto internacional de estudios sobre la familia The Family Watch, un observatorio dedicado al análisis de la realidad social de la familia, ha hecho público un Informe en el que denuncia que, en los últimos años, se ha debilitado en España la consideración social del matrimonio, la estabilidad familiar y el compromiso matrimonial. A ello ha contribuido en gran medida -según el Informe- la llamada Ley del divorcio exprés, «que deja sin garantías a los que quieren formar una familia estable y conlleva consecuencias para padres e hijos y para la economía».
En términos absolutos, en los últimos diez años se ha pasado en España de 216.451 a 196.613 matrimonios (un descenso de casi un 10%); de 93.346 a 118.939 rupturas (un aumento aproximado del 27%); y de 36.101 a 110.036 divorcios (un incremento superior al 300%). Según The Family Watch, diversos estudios señalan que los cónyuges que dan origen a una familia estable tienen mayor esperanza de vida y menores índices de enfermedades mentales, alcoholismo y violencia doméstica. En concreto, los menores que crecen en familias estables presentan menores índices de mortalidad infantil, de alcoholismo y de drogadicción, así como de delincuencia y enfermedades mentales; también tienen menos relaciones sexuales precoces y menos embarazos adolescentes no deseados, y obtienen mejores resultados académicos.
Los beneficios que las familias estables tienen para la sociedad también se extienden al terreno de la economía, ya que, según el Informe, «investigaciones detalladas en distintos países europeos cifran el coste de las rupturas familiares para el Estado en varios miles de millones de euros, teniendo en cuenta la carga en prestaciones sociales, seguridad social, acogida de menores, etc.» Y otra razón de tipo económico señala que «los miembros de familias estables son más disciplinados en el cumplimiento de las normas legales y sociales, y son los que luego mejor contribuyen a la financiación de la Seguridad Social».

Propuestas concretas

El observatorio The FamilyWatch incide en que «son necesarios mecanismos que incentiven la estabilidad y que apoyen a los cónyuges en sus esfuerzos por sacar adelante su matrimonio, en lugar de ofrecerles como única salida a los problemas la declaración legal del fracaso de su relación». Para ello, pide una legislación «a partir de datos, y no de meras opiniones o convicciones, que contribuya a desideologizar la elaboración de las políticas familiares», así como la puesta en marcha de «medidas para prevenir las crisis familiares, como la orientación familiar, la mediación preventiva, las unidades de terapia familiar y los mecanismos de conciliación». Por último, reclama una «revisión del marco legal del matrimonio civil en España», y la necesidad de «introducir cauces que faciliten la estabilidad y apoyen la situación de los cónyuges que aspiran a construir un matrimonio estable».

Europa: peligra el Estado del bienestar

Europa está inmersa en un invierno demográfico sin precedentes y se ha convertido en un continente viejo, con un gran déficit de natalidad, con cada vez menos matrimonios, más rotos y con los hogares vaciándose: ésta es la conclusión del Informe Evolución de la familia en Europa 2009, presentado ayer en el mismo Parlamento europeo, por el Instituto de Política Familiar (IPF). En él, se destaca que «los problemas de la familia en Europa se han ido agravando en los últimos años hasta alcanzar un panorama desolador. Esto está provocando unos efectos constatables, tanto en la dimensión económica como en la social. En lo económico, se está produciendo un incremento del gasto público por el envejecimiento poblacional, con un aumento de las partidas dedicadas a pensiones y gastos sanitarios. Gastos que, añadidos a los efectos que produce la caída de ingresos públicos por el déficit de natalidad pueden acabar por provocar la reducción/eliminación de prestaciones sociales y, al cabo, la quiebra del Estado del bienestar».
En cuanto a los efectos sociales, señala que «emerge con toda intensidad una sociedad desestructurada por la ruptura familiar, con hogares cada vez más solitarios, con un individualismo creciente y una pérdida de los valores y referencias que hacen posible la cohesión social».