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Hombres rectos

«El desarrollo de los pueblos es considerado, con frecuencia, como un problema de ingeniería financiera, de apertura de mercados, de bajadas de impuestos, de inversiones productivas, de reformas institucionales; en definitiva, como una cuestión exclusivamente técnica. Sin duda, todos estos ámbitos tienen un papel muy importante, pero deberíamos preguntarnos por qué las decisiones de tipo técnico han funcionado hasta ahora sólo en parte»: así dice Benedicto XVI -ciertamente con exquisita suavidad- en su encíclica Caritas in veritate, y añade -con no menos exquisita contundencia- que «la causa es mucho más profunda», subrayando: «El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común». Pero tal conciencia -hay que preguntarse también-, ¿no está ligada acaso al valor que se dé a la vida humana y al reconocimiento de su destino trascendente?
Este lucidísimo diagnóstico que el Papa hace de la sociedad actual evoca, sin duda, el que hizo la víspera de su elección cuando habló de esa dictadura del relativismo que vacía de contenido la verdad y, por tanto, deja al hombre inerme, a merced de los intereses y caprichos del más fuerte, con lo que toda injusticia, empezando por la negación del valor de la persona, hasta el mismo derrumbe de la economía, ya está servida. ¿Qué clase de gestión económica, o política, puede esperarse bajo el influjo de la actual cultura relativista, en la que el desprecio de la vida humana llega hasta la indescriptible inhumanidad de la aceptación social del aborto, como advirtió don Julián Marías? No otra que el triunfo de los intereses, a costa del verdadero bien. Pero efímero triunfo, pues hasta los propios intereses acaban destruidos. ¿No está acaso sucediendo a ojos vistas? Lo dice con toda claridad Benedicto XVI en su encíclica: «El objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal, y sin el bien común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza».
No es lo mismo, desde luego, hablar de bien común, como hace constantemente la doctrina social de la Iglesia, que de interés general, algo tan etéreo que, al final, no es fácil evitar su manipulación interesada. Recientemente, en su discurso al Consejo de la Fundación que lleva el nombre del gran político católico italiano, padre fundador, junto a Schuman y Adenauer, de la Europa que, tras la Segunda Guerra Mundial, se cimentó en sus raíces cristianas, Benedicto XVI evocaba la figura de Alcide de Gasperi «que, en momentos históricos de profundos cambios sociales en Italia y en Europa, en medio de no pocas dificultades, supo prodigarse eficazmente por el bien común. Formado en la escuela del Evangelio, fue capaz de traducir en actos concretos y coherentes la fe que profesaba. Espiritualidad y política fueron dos dimensiones que convivieron en su persona y caracterizaron su compromiso social y espiritual». Sus raíces -añade el Papa- estaban «en una familia en la que el amor a Cristo constituía el pan de cada día y la referencia de toda opción».
¿Y cómo no evocar hoy, asimismo, al proclamado por Juan Pablo II, en el Año Jubilar 2000, Patrono de los gobernantes y de los políticos, el Gran Canciller que pudo decir, con toda verdad: «Muero como buen siervo del rey, pero ante todo de Dios»? En la Carta apostólica que hizo pública tal proclamación, el Papa explica bien la hondura de estas palabras de santo Tomás Moro, al subrayar cómo «su figura es reconocida como fuente de inspiración para una política que tenga como fin supremo el servicio a la persona humana», porque, justamente, «el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral», es decir, del auténtico bien común. Días después, al celebrar el Jubileo de los gobernantes, parlamentarios y políticos, Juan Pablo II les recordaba, precisamente, que «la política es el uso del poder legítimo para la consecución del bien común de la sociedad», y por ello «el cristiano que actúa en política ha de trabajar desinteresadamente, no buscando la propia utilidad, ni la de su propio grupo o partido, sino el bien de todos y de cada uno y, por lo tanto, y en primer lugar, el de los más desfavorecidos de la sociedad». Por cierto, ¿cabe mayor desfavorecido que el ser humano aún no nacido amenazado, como hoy lo está, en el vientre de su madre?
Más que nunca hacen falta gobernantes y políticos al estilo de su Patrono, que «se distinguió -como declara la Carta de su proclamación- por la constante fidelidad a las autoridades y a las instituciones legítimas, precisamente porque en las mismas quería servir, no al poder, sino al supremo ideal de la justicia. Su vida nos enseña que el gobierno es, antes que nada, ejercicio de virtudes». En la política, y en todos los ámbitos de la vida pública, hacen falta, sí, y con toda urgencia, hombres rectos.

El fallo de Estrasburgo

Una reciente Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo exige que el Estado italiano no imponga en la escuela pública la presencia de ningún signo religioso. Y ciertamente el Estado no es quien para imponer una determinada opción religiosa ni en la escuela ni en ningún otro sitio. Pero una cosa es no-imponer-la-presencia-de-símbolos-religiosos, y otra cosa es imponer-la-ausencia-de-símbolos-religiosos. La Sentencia no se conforma con lo primero (que no se imponga ningún signo religiosos en la escuela pública) y viene a exigir lo segundo (que se imponga su ausencia). Es aquí donde el Tribunal sufre un aparatoso descarrilamiento lógico y entra en colisión con los mismos principios que invoca y, en concreto, con el de laicidad del Estado y con el de respeto al pluralismo. Si se aceptaran los supuestos en que parece moverse la Sentencia antes mencionada, el respeto al pluralismo exigiría -¡sorprendente!- que se impidiera por completo la manifestación pública del pluralismo, puesto que el espacio público habría de ajustarse, con su vacío absoluto de símbolos religiosos, a una única posición: la de quienes profesan opciones no-religiosas. ¿No quedaría mejor respetado el pluralismo si esas opciones no-religiosas crearan y expusieran sus propios símbolos? Lo que no pueden pretender -eso está claro- quienes asumen una opción religiosamente negativa o vacía es que el signo de su presencia en un espacio público consista precisamente en la desaparición de los símbolos de todas las opciones religiosas. Atender esa pretensión equivaldría a reconocerles un sorprendente derecho de veto contra la presencia de los símbolos de las demás opciones. Y será el Estado que atienda esa pretensión, de total ausencia de símbolos religiosos en el espacio público escolar, el que no respeta el pluralismo y quebranta la imparcialidad religioso-ideológica a la que está obligado en virtud del mismo principio de laicidad. Es una pena que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al parecer, se olvide de todo esto.