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Cómo afectará la nueva legislación autonómica catalana a la visión católica de la vida

El Estatut que se avecina

Después de casi cuatro años de deliberaciones, la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña parece inminente, aunque, bien es cierto, esa presunta inmediatez venga anunciándose desde el pasado verano. Con independencia de cuándo pueda pronunciarse el Tribunal presidido por doña María Emilia Casas, y de los recortes al texto que puedan o no producirse, el nuevo Estatut augura unas previsiones nada esperanzadoras para la defensa de la vida, de la familia, y para la libertad de educación. Y por tanto, claro, para el futuro de Cataluña, y de toda España

Es el asunto político, autonómico y judicial más traído y llevado desde 2006. Incluso desde antes, quizá desde aquella promesa del entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en 2003: «¡Pascual (Maragall)!, aprobaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña». Ahora, después de que el Tribunal Constitucional lleva más de tres años y medio decidiendo su posible inconstitucionalidad, algunas voces presentan como inminente la Sentencia sobre el Estatut. Acaso para que al tribunal presidido por doña María Emilia Casas no se le eche encima la precampaña electoral de las elecciones al Gobierno de la Generalitat del próximo otoño.
A la espera de cómo quede finalmente el nuevo Estatuto de autonomía catalán, su actual composición impone unas perspectivas nada esperanzadoras para todos aquellos que defienden la vida, la familia y la libertad de educación en Cataluña. Y, por tanto, también para todos aquellos que son fieles a la doctrina del magisterio de la Iglesia. Entre otras cosas, porque la legislación catalana que se avecina promueve, literalmente, la escuela laica, las políticas de género, el combate contra la homofobia -que se puede interpretar como cualquier crítica a las prácticas homosexuales-, el derecho de la mujer a la salud sexual y reproductiva (aborto) y la promoción de las «distintas modalidades de familia», entre otras cosas; por no hablar de la imposición del catalán, la creación de una ley educativa propia que asfixia a la escuela concertada y de que establece un sistema de financiación que se ha ganado el calificativo de insolidario para con las demás Comunidades Autónomas. Éstos son, en síntesis, los artículos que más van a afectar a la visión católica de las realidades más esenciales de la vida.

Eutanasia
El Estatut abre la puerta a la práctica de la eutanasia, en su artículo 20, que lleva el epígrafe: «Sobre el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte», en referencia a la expresión muerte digna, que utilizan los partidarios de esta práctica letal. Así, establece que «todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte», y habla, en el artículo 20.2, del «derecho a expresar su voluntad de forma anticipada para dejar constancia de las instrucciones sobre las intervenciones y tratamientos médicos que puedan recibir, que deben ser respetadas en los términos que establecen las leyes, especialmente por el personal sanitario cuando no estén en condiciones de expresar personalmente su voluntad».

Aborto
Del mismo modo que el Estatuto habla de muerte digna para referirse a la eutanasia, también promociona el aborto desde la expresión salud sexual y reproductiva, empleada, sin ir más lejos, en la polémica Ley del aborto desarrollada por el Ministerio de Igualdad. Además, deja a la mujer (y, de facto, a quienes la presionan desde su entorno) la plena potestad de decidir sobre la vida del bebé, amparándose incluso en algo tan subjetivo y ambiguo como su «bienestar físico y mental». Así, en el artículo 41.5, el texto asegura que los poderes públicos «deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual».

Escuela laica y en catalán
En su artículo 21.2, el Estatut deja claro el modelo educativo catalán, vinculando el derecho a la educación con la obligatoriedad de que ésta sea laica; el mismo propuesto en sus programas electorales por los socios del tripartito (PSC, ERC e ICV). Y dice así: «Las madres y los padres tienen garantizado (...) el derecho que les asiste para que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones en las escuelas de titularidad pública, en las que la enseñanza es laica».
Además, en su artículo 35, sobre los «derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza», el texto impone que «el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria». Eso sí, mantiene el deber de los niños de conocer «con suficiencia oral y escrita el catalán y el castellano, al finalizar la enseñanza obligatoria». La excelencia en el conocimiento no entra dentro de las perspectivas del Estatut, a juzgar por la expresión con suficiencia.

Distintas modalidades de familia
En la misma línea del Gobierno de Rodríguez Zapatero (cuyos socios de Gobierno son los mismos que componen el tripartito), los redactores del Estatuto catalán hablan, en su artículo 40.5, de los «distintos tipos de familia», consagrando la equiparación del matrimonio con las uniones entre personas del mismo sexo. Más aún, pues dejan la puerta abierta a «nuevas modalidades de familia» que puedan imponerse por ley: «Los poderes públicos -dice el texto- deben garantizar la protección jurídica, económica y social de las distintas modalidades de familia previstas en las leyes, como estructura básica y factor de cohesión social y como primer núcleo de convivencia de las personas». Y por si quedaba alguna duda, en el 40.7, remarca que «los poderes públicos deben promover la igualdad de las distintas uniones estables de pareja, teniendo en cuenta sus características, con independencia de la orientación sexual de sus miembros. La ley debe regular dichas uniones y otras formas de convivencia y sus efectos».

Delito de homofobia
El presunto delito de homofobia, que se espera incluya el Gobierno en la Ley de igualdad de trato, ya tiene su avanzadilla en el Estatut. En su artículo 40.8, los redactores del texto igualan la homofobia con el antisemitismo y el racismo, y remarcan que se promoverá la erradicación de toda actitud homófoba, esto es, que condene, de un modo u otro, la práctica de la homosexualidad. «Los poderes públicos deben promover la igualdad de todas las personas con independencia de su origen, nacionalidad, sexo, raza, religión, condición social u orientación sexual, así como promover la erradicación del racismo, del antisemitismo, de la xenofobia, de la homofobia y de cualquier otra expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas». Para tal fin, y aunque el Estatut aún puede ser declarado inconstitucional, la Generalitat ya creó, en 2007, la figura de un Fiscal contra la homofobia.

Ideología de género y feminismo
La promoción de las «distintas modalidades de familia» y de la homosexualidad forma parte del discurso tradicional de la ideología de género. Y el Estatut no lo esconde. En su artículo 41, habla de la perspectiva de género que debe inspirar todas las medidas políticas, al garantizar «la transversalidad en la incorporación de la perspectiva de género y de las mujeres en todas las políticas públicas para conseguir la igualdad real y efectiva y la paridad entre mujeres y hombres». Más aún, pues, en el artículo 153, los redactores del texto legislativo se comprometen a desarrollar «la planificación, diseño, ejecución, evaluación y control de normas, planes y directrices generales en materia de políticas para la mujer, así como el establecimiento de acciones positivas para conseguir erradicar la discriminación por razón de sexo que tengan que ejecutarse con carácter unitario para todo el territorio de Cataluña». O, lo que es lo mismo, que la Generalitat promoverá acciones y proyectos encaminados a la implantación de la ideología de género, al tiempo que controlará que toda medida que se adopte en favor de la mujer responda a sus premisas.

Feminismo
Políticas de género, igualdad, paridad..., y feminismo: lejos de limitarse a establecer medidas que pongan al mismo nivel a hombres y mujeres, el artículo 41.3 habla únicamente de la mujer y olvida hacer referencia alguna al hombre. Así, en virtud de la nueva legislación autonómica, las autoridades catalanas deberán «fomentar el reconocimiento del papel de las mujeres en los ámbitos cultural, histórico, social y económico, y deben promover la participación de los grupos y las asociaciones de mujeres en la elaboración y evaluación de dichas políticas».

Memoria histórica selectiva
El Estatut no es ajeno al afán revisionista de la Ley de memoria histórica, y lo hace notar en su artículo 54: «La Generalitat y los demás poderes públicos deben velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña, como patrimonio colectivo que atestigua la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas». Sin embargo, el propio Estatut define quiénes deben ser honrados y quienes no, dejando al margen a todos aquellos que, por ejemplo, perdieron la vida mártires de su fe: «A tal fin, (los poderes públicos) deben adoptar las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña».
Como se ve, y más allá de toda consideración política y nacionalista, el Estatut construye la sociedad desde unos parámetros abiertamente contrarios a la doctrina social de la Iglesia, por ser contrarios a realidades humanas, como el derecho a la vida, el matrimonio basado en la unión de un hombre y una mujer, y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y aunque sólo cabe esperar a la Sentencia del Constitucional, no parece que el alto Tribunal vaya a ponerle freno a estas premisas...