Alfa y Omega > Nº 675 > España

Propuestas para una buena legislación en materia de enseñanza

Así debemos construir el Pacto educativo

El ministro Gabilondo acaba de presentar al Consejo Escolar del Estado un borrador con 104 propuestas sobre el Pacto educativo. Sin embargo, hay cuestiones de gran importancia que no se tratan ni de lejos, y que parecen no entrar en las previsiones del Ministerio.
Alfa y Omega ofrece cuatro propuestas imprescindibles, elaboradas por otros tantos expertos, que el titular de Educación no debería obviar, si desea elaborar una buena legislación educativa

Una agenda, no un Pacto

Vistos desde el extranjero, los problemas que podría tener España en el campo de la educación podrían ser: Uno: Haber confiado demasiado en la nueva pedagogía. Hay menos enseñanza sistemática y menos control de los conocimientos obtenidos. Junto con eso, ha habido una disminución de la autoridad del profesor. Dos: Resultados decepcionantes en las comparaciones nacionales e internacionales. Tres: La entrega a las Comunidades Autónomas de gran parte del poder de decisión sobre la educación, lo que ha llevado a una falta de cohesión y de metas en común. Cuatro: Discordia alrededor de los colegios concertados y Educación para la ciudadanía.
De estos puntos, los dos primeros afectan más o menos a casi todos los países occidentales. Son muchos los países que se sienten engañados por los pedagogos, y todos, sin excepción, quisieran mejorar sus resultados educativos. España, además, se permite el lujo de dos problemas adicionales que quitan fuerza al esfuerzo de mejorar la educación. Desde fuera, el debate alrededor de Educación para la ciudadanía y de los colegios concertados parece una maniobra pensada para desviar la atención de los ciudadanos de los problemas de la calidad de la educación pública.
En Suecia, la mejora de la educación es uno de los temas más candentes en el debate político, y el ministro ha sido muy activo durante los tres años y medio que lleva en el cargo. Lo que propone no es un pacto, sino una batería de nuevas leyes: una nueva formación docente con más exigencias; un certificado docente válido para ciertas materias y para alumnos de cierta edad; un nuevo sistema de notas; un nuevo Bachillerato y una Formación Profesional con opciones más diferenciadas; un nivel mínimo más alto para pasar de la ESO al Bachillerato o a la Formación Profesional; un tipo de reválida de la ESO y de Bachillerato teórico; una nueva ley de ordenamiento jurídico escolar; y unas escuelas piloto de alta calidad en diferentes materias.
Si esto ha sido necesario en un país con menos habitantes y una situación política menos complicada que la española, sorprende que alguien piense que se pueda organizar un pacto educativo en España en unos pocos meses. Lo que se puede pactar podría ser una agenda para ir mejorando punto por punto los diferentes factores que influyen en la calidad educativa. Habrá que lidiar con grupos de presión muy fuertes, como los sindicatos y las Comunidades Autónomas.
¿Hay un consenso para hacer esto, que es necesario pero políticamente muy ingrato?

Inger Enkvist
Profesora, pedagoga y analista educativa internacional

Objetivo: la calidad. Y nada más

Si de verdad se quisiera hacer un pacto para mejorar la educación en España, lo primero que habría que plantearse es la identificación de su objetivo central sobre el que se trata de ponerse de acuerdo. Tal meta no es otra que la calidad. Porque nuestra educación tiene un nivel más bajo del que nos corresponde, y las sucesivas reformas no han contribuido precisamente a mejorar la enseñanza.
Una educación de mala calidad se presta a ser manipulada. Como carece de vitalidad propia, se instrumentaliza para que sirva a otras finalidades. Se la pone al servicio del nacionalismo de cortos vuelos. Se instrumentaliza ideológicamente, con objetivos pedagógicamente triviales: Educación para la ciudadanía, vulgarización sesgada de las Ciencias contemporáneas o introducción (más bien perversa) a las prácticas sexuales. Una educación de alto nivel expulsa a estos cuerpos extraños. Pero si casi nadie concede importancia a la enseñanza misma, se desencadena un debate político que es irrelevante y perjudicial.
El camino recto conduce a dignificar la figura del profesor. Estamos presenciando una penosa tendencia a despreciar la persona y la tarea de los maestros, a remolque de unos enfoques pedagógicos presuntamente avanzados que han conducido a un fracaso tras otro. La valoración del profesor corre pareja al aprecio por el conocimiento. Cuando el saber ya no es el fin de la enseñanza -y se ve sustituido por propósitos tan indefinidos y retóricos, como las competencias, las destrezas y las habilidades-, los profesores se convierten en una pieza accidental: no se les respeta, ni se les considera, ni se les retribuye. Y una de las claves decisivas para lograr la mejor cualificación de los docentes consiste en que el sistema de acceso al profesorado sea serio, homogéneo, exigente y justo.
En cambio, el Pacto educativo no debe recaer en una discusión acerca de las posibles reformas de los planes de estudio, en un debate sobre cambios de los ciclos educativos o los sistemas de evaluación. Todo eso es adjetivo y accesorio. Serán quizá temas de interés político y con repercusión en la opinión pública. Pero la educación tiene poco que ver con los medios de comunicación y menos aún con los foros políticos. Con lo que tiene esencialmente que ver es con la formación intelectual y ética de los estudiantes. El pacto sólo se logrará si su objeto es la educación. Y nada más.

Alejandro Llano
Catedrático de Metafísica y ex Rector de la Universidad de Navarra

Cuestiones pendientes

Los pasos dados por las organizaciones educativas y los partidos políticos, de cara a la consecución de un Pacto educativo, suponen un avance positivo que tiene pendientes cuestiones de vital importancia. El Pacto debe resolver una cuestión fundamental: el derecho a la educación en libertad, que se traduce -por el artículo 27 de la Constitución- en el derecho de elección y creación de centros; la gratuidad, al menos, de la enseñanza básica; y las ayudas a los centros. De aquí la importancia de las preferencias de las familias, a la hora de decidir qué puestos escolares deben ser sostenidos con fondos públicos, en un sistema de redes complementarias (pública-concertada). El Pacto requerirá de una financiación justa de los centros sostenidos con fondos públicos, para que se asegure la gratuidad real de la enseñanza y no se penalice a las familias que eligen centros concertados; sin detrimento de su autonomía. Asimismo, el Pacto ha de resolver la tensión competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y la regulación de los modelos lingüísticos, los contenidos mínimos y la financiación de las reformas.
El Pacto ha de consensuar un modelo integrador de atención a la diversidad, que asegure que todos los alumnos pueden obtener los mejores resultados. Sobre el alumnado inmigrante, siempre hemos defendido que todos los centros deben estar abiertos a su escolarización y colaborar en esa tarea.
Estas cuestiones no nos pueden hacer olvidar otras más concretas: la ordenación académica del tramo 14-18 años, la regulación de la Religión, o la adecuada financiación. Los pasos dados suponen un avance positivo, pero es necesario seguir trabajando.
Escuelas Católicas está dispuesta a colaborar, convencida de que es el único camino para lograr un modelo educativo sólido en España.

Juan Antonio Ojeda
Secretario General de la FERE

Las mimbres

El Ministerio acaba de hacer públicas 104 propuestas para un Pacto social y político por la educación. El objetivo: llegar al consenso. El ministro nos presentó su documento en el Consejo Escolar del Estado. No entró en el contenido del texto, ni se sometió a preguntas. Reiteró que había tenido en cuenta las aportaciones de distintos grupos políticos y sociales, y que estaba dispuesto a estudiar nuevas propuestas, para llegar a una votación favorable de los dos tercios del Parlamento.
Queriendo ilusionarme con tan bellas palabras, entré en el documento y la decepción me fue invadiendo. El Preámbulo programático enmarca su proyecto en el artículo 27 de la Constitución, y es un deseo de políticas comunes y compartidas; una necesidad de rebajar el fracaso escolar; una llamada a la implicación de toda la sociedad... Pero en su segunda página recuerda aquel logro de la LOE, al que nos opusimos muchos: estamos, dice, ante un bien público. Los amigos de FERE lo aceptaron. Ahora se lo recuerda el ministro. Algunos defendimos que se dijera: Educación, bien de interés público, pero no bien público, a secas. En 2005, la Conferencia Episcopal Española aclaró esa trampa de la LOE: «Esta ley -la LOE- considera la educación como una actividad de servicio público y, por tanto, según la legislación española, de exclusiva competencia del poder estatal. De ahí que la educación de iniciativa social sea regulada como mera concesión de carácter gubernamental. Tal reducción de la iniciativa social a función subsidiaria de los poderes públicos, es impropia de sociedades plenamente democráticas que respetan y promueven el pluralismo educativo. El día en que el poder estatal no necesite los puestos de las escuelas concertadas, tan pronto como tenga puestos públicos suficientes, prescindirá de los puestos concertados».
El mismo Preámbulo reitera algo que he oído repetidas veces al ministro: «(...) objetivos educativos dirigidos a hacer efectivos los principios de equidad y excelencia». ¿Por qué no se explicita también el principio de libertad? El artículo 27 de la Constitución se fundamenta en la libertad: de enseñanza, de los padres, de los titulares, etc.
Valoro que reconozca la cultura del trabajo y el esfuerzo. En los objetivos para la década 2010-2020, se insiste en la reducción del fracaso escolar -del 30% actual a un 15%-, y en la educación en valores, con implicación de familias, profesorado y medios de comunicación.
Sobre la enseñanza obligatoria, en el 4º curso, presenta como novedad lo que no es sino retomar los denostados itinerarios de la LOCE. Afortunadamente, no reitera la posibilidad de promoción con tres y cuatro suspensos. Se afirma que, «para obtener el título de Bachiller, se requiere haber aprobado el conjunto de materias que configuran una de las modalidades del Bachillerato», pero, ¿por qué no dice que se tienen que aprobar todas las materias? Sobre la Formación Profesional y la autonomía de los centros: buenas intenciones, sin compromisos. Y al abordar la excelencia en educación, habla de esfuerzo, profundización y motivación, tres mínimos tan indispensables que suenan a afirmación optimista. Además, deja la libertad de elección de las familias en el marco de la Administración, por lo que será una libertad condicionada, que somete los conciertos a examen sin garantías.
Son propuestas que evitan pronunciarse sobre los puntos básicos de la educación. Nada sobre la prioridad de los padres para escoger el centro educativo, no sólo la enseñanza religiosa que los poderes públicos deben garantizar; nada sobre la clase de Religión y moral católica; nada sobre EpC; nada sobre... El Pacto deberá recoger, como mimbres básicos, el derecho de los padres a escoger centro para sus hijos y a que éstos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones; el derecho de los alumnos a recibir una educación integral; el derecho de los padres a que sus hijos asistan a clase; el deber de los alumnos de estudiar y asistir a clase; el derecho de los titulares a establecer el carácter propio de los centros; y el derecho de los centros privados a suscribir un concierto educativo.

María Rosa de la Cierva y de Hoces, rscj
Miembro del Consejo Escolar del Estado