Alfa y Omega > Nº 763 / 8-XII-2011 > España

Las reformas educativas del Gobierno deben incluir la alternativa académica a la asignatura

Es hora de hacer justicia a la clase de Religión

Los Acuerdos entre España y la Santa Sede establecen que la asignatura de Religión y moral católica debe ofertarse a los alumnos en igualdad de condiciones con respecto al resto de materias. Sin embargo, tanto la ley educativa como numerosas prácticas irregulares en los centros han puesto la clase de Religión -y a los alumnos que la eligen- contra las cuerdas, como ha denunciado el cardenal Rouco. A pesar de que el PP ya ha dejado ver que sólo hará «cuatro o cinco reformas» en la ley de Educación, las desigualdades son tan clamorosas que urge hacer justicia a esta asignatura que, lejos de ser una catequesis, se basa en la transmisión del hecho religioso desde el rigor científico

La ley establece que la clase de Religión y moral católica goza del mismo estatus que el resto de asignaturas y, por tanto, debe ofertarse en igualdad de condiciones a todos los alumnos de todos los centros, sean de titularidad estatal, privada o concertada. Pero, del dicho al hecho, hay un trecho: las leyes educativas socialistas (la LODE, la LOGSE y la vigente LOE), y normas autonómicas como las de Andalucía y País Vasco, han eliminado la alternativa académica a la Religión, han hecho que no sea evaluable y no compute para la nota media, han recortado horas a los profesores -marginándolos con salarios más bajos-, y han posibilitado que los centros pongan esta clase a última hora, para que los no matriculados se puedan ir a casa, o a primera, para que los matriculados tengan que madrugar más.

Presiones a las familias

Organizaciones como la Asociación Profesional de Profesores de Religión de Centros Estatales han denunciado que, en las Comunidades donde hay alternativa, se trata de una hora de estudio en el aula o en la biblioteca, y que hay asociaciones de padres que se dirigen a las familias por carta para pedir que no matriculen a sus hijos en Religión. En otros casos, los titulares de los centros intentan disuadir a los padres, con el argumento de que «no hay niños suficientes en esa clase para hacer un grupo de Religión», aunque la ley establezca que se pueden juntar alumnos de más de una clase para crear un grupo que reciba la asignatura. Y todo, a pesar de que 3 de cada 4 alumnos siguen escogiendo cursar Religión, aunque las irregularidades han hecho mella en el número de matriculados, sobre todo en Bachillerato.
La situación es tan clamorosa y las irregularidades se han dilatado tanto en el tiempo que, para hacer justicia, el próximo Gobierno habría de incluir la regulación de la clase de Religión entre las «cuatro o cinco reformas de la ley educativa», que el líder del PP comentó tras ganar las elecciones.

Una alternativa necesaria

De hecho, la pasada semana, durante el XI Congreso de Escuelas Católica, el cardenal arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal, don Antonio María Rouco Varela, afirmó que se debe crear una alternativa académica no confesional a la clase de Religión, porque, «de otro modo, la educación en la religión y moral católica en las escuelas del Estado es cosa de héroes, sobre todo en la ESO y en el Bachillerato».
Otra forma de arrinconar a la asignatura es la de calificarla peyorativamente como una hora de catequesis, que no habría de tener cabida en la escuela. Sin embargo, como explica para Alfa y Omega la Hermana María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado, «la clase de Religión se basa en la enseñanza del hecho religioso desde el rigor científico, transmitido desde el conocimiento y el testimonio coherente de los profesores. Por eso, sus contenidos, desde un punto de vista científico, son evaluables, y por eso se debe incluir una alternativa académica con la misma entidad».

Amenazas en Andalucía contra la escuela concertada

La Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos, FECAPA, ha denunciado un nuevo ataque contra la enseñanza concertada, esta vez en Andalucía. Según esta Asociación, la Junta presidida por el socialista Griñán ha presentado un proyecto de Decreto, que regulará la organización de los centros y otorga al Consejo escolar de cada centro la definición del proyecto educativo y la elección de la dirección, en caso de que no se produzca acuerdo con el titular del centro. «De este modo -denuncia FECAPA-, el titular del centro sólo tiene como competencia propia rendir cuentas y someter al Consejo escolar el presupuesto del centro, trasladando la dirección real y efectiva al Consejo escolar, que será quién decida el ideario escolar». Además, el Decreto «también ataca a la autonomía pedagógica y de gestión del centro, mediante el intervencionismo de la Administración educativa en los procesos de autoevaluación y de elaboración de medidas y propuestas, que serán aprobadas por el Consejo escolar en lugar de por el titular del centro». La norma propuesta por el Gobierno de Griñán «también desplaza a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, al crear una figura intermedia entre el centro y las familias, mediante un Delegado de Padres y Madres del Alumnado en cada grupo». Desde FECAPA afirman que «todo esto causa alarma, por cuanto supone de pérdida de libertad de enseñanza y de autonomía de los centros concertados, y, por tanto, por cuanto esto lesiona el derecho de la familia a elegir la educación moral y religiosa de nuestros hijos», por lo que exigen a la Junta «que paralice inmediatamente su tramitación, y deje gobernar al Gobierno que salga elegido en las próximas elecciones autonómicas, no imponiéndole regulaciones de última hora según su proyecto educativo ideologizado».