A finales de la sexta legislatura se producía la modificación de la ley que regula la entrada de inmigrantes en nuestro país, más conocida como Ley de Extranjería o LO 7/1985, para adecuarla a la nueva situación creada en nuestro país, ante la que la antigua normativa quedaba obsoleta. La nueva ley, la LO 4/2000, se gestó en medio de la polémica, ya que fue consensuada por todos los partidos menos el PP, que presentó al menos 100 enmiendas al texto. La ley fue utilizada por la oposición, en vísperas de elecciones, para reforzar su imagen de éxito, mientras que el PP optaba por incluir en su programa la promesa de reformar la recién nacida ley, si lograba la mayoría suficiente. No es necesario recordar el desenlace, como tampoco es necesario recordar a quién se votó en El Ejido. Quizá no era el momento más oportuno para acometer un tema de tanta envergadura.

Que la ley de 1985, excesivamente restrictiva, debía ser modificada era evidente: hasta los años ochenta, la inmigración era un fenómeno desconocido para nosotros, si bien ya frecuente en el norte de Europa. Aparte, hay que considerar otros fenómenos como el éxodo proveniente de los países del Este tras la caída del muro, o la incorporación de España a la Comunidad Europea, con lo que se la convierte en puerta de África hacia Francia y Alemania. Al principio España era sólo un lugar de paso; últimamente, sin embargo, vienen a quedarse.

LEY DEMASIADO ABIERTA

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La reforma emprendida en la pasada legislatura, según los expertos, puede considerarse histórica: se trata de la ley más progresista en este campo en vigor en Europa, pues su mayor apuesta es la equiparación de derechos, tanto básicos como sociales, entre españoles y extranjeros, al margen de su situación legal, así como el reconocimiento de derechos específicos como el de reagrupación familiar; asimismo, limita el poder de denegación de visados a las embajadas. La ley contempla, además, la regularización de los inmigrantes ilegales que puedan demostrar que llevan al menos dos años en España. Sin embargo, como recuerda José Ignacio Ruiz de Olabuénaga en su obra Inmigrantes, publicada por Acento Editorial, la ley deja muchas lagunas pendientes, como por ejemplo el control de las mafias.

El problema de la nueva ley es que su planteamiento es mucho más abierto que el de los tratados comunitarios sobre fronteras que España ha firmado; es mucho más difícil establecer un control sobre las fronteras, y los inmigrantes que obtienen el permiso de residencia tienen automáticamente libertad de movimiento dentro de la Unión.

El ministro del Interior, señor Mayor Oreja, resumió bien la cuestión durante la presentación del nuevo Secretario para la Inmigración don Enrique Fernández Miranda: el terrorismo es un problema que pronto pertenecerá al pasado, pero la inmigración es la cuestión del futuro. Según fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Alfa y Omega, el Gobierno está negociando con sus socios la reforma, y aunque todavía no existe una propuesta concreta y por escrito de los puntos que quieren reformarse de la actual ley, lo que sí se sabe es que, según han expresado públicamente los responsables de Interior, es prioritario agilizar la devolución de los inmigrantes que entran ilegalmente, así como el reforzamiento en el control de las fronteras con más efectivos policiales. La cuestión, según el señor Fernández-Miranda, es cómo conjugar la necesidad de los inmigrantes y el reconocimiento de sus derechos, y al mismo tiempo preservar la paz social y evitar una irresponsable apertura de puertas. Ni coladero ni fortaleza, parece ser la máxima del PP en esta cuestión.

Las cuatro líneas básicas de la reforma son, según ha hecho público el señor Fernández-Miranda: evitar la regularización permanente de inmigrantes; diferenciar más claramente a los ilegales de los legales, sobre todo en lo que se refiere al acceso a la sanidad, la educación o la vivienda; aumentar el poder de la Administración a la hora de decidir sobre un expediente; y agilizar los trámites de expulsión para evitar el paso por los juzgados, que es lo que alarga y dificulta los procesos.

Otro problema es el control de las mafias que operan a ambos lados del Estrecho. El efecto llamada de la nueva ley es evidente, según los responsables de Interior, aunque más por las expectativas que ha creado que por el texto en sí. A muchos se les engaña haciéndoles creer que con la nueva ley habrá una regularización masiva..., sin tener en cuenta que, en uno de los anejos, se especifica que la regularización está pensada para los inmigrantes que pueden demostrar que llevan aquí desde el 1 de junio de 1999. Estas mafias, aparte de explotar a los inmigrantes (los pasajes en pateras cuestan entre 100.000 y 600.000 pesetas por persona), se dedican también a traficar con mujeres para redes de prostitución, y en muchos casos transportan tabaco y droga en las mismas embarcaciones. Evidentemente, la inmigración ilegal-al margen de la situación dramática de quienes suelen convertirse en víctimas- supone el gran negocio de la delincuencia organizada, que en muchos casos sigue extorsionando a sus clientes una vez en tierra y que, evidentemente, se beneficia de las leyes aperturistas.

La cuestión de la inmigración es de tal envergadura que su gestión pasa de la Dirección General de Interior, a una Dirección General propia, que asumirá competencias que hasta ahora eran de Asuntos Sociales, Exteriores y Sanidad. Por otro lado, el Gobierno Aznar está dirigiendo sus esfuerzos a conseguir controlar la emigración en el origen, es decir, en Marruecos, que es la cabeza de puente del paso por el Estrecho. Pero el reino alauí se resiste a responsabilizarse de los inmigrantes que cruzan sus fronteras hacia Europa. Es lógico, ya que, según algunos analistas, la emigración supone para Marruecos-como hace treinta años para España- su principal fuente de divisas, después del turismo.

La magnitud del fenómeno es tal que, últimamente, Coalición Canaria e incluso el PSOE andaluz han revisado su actitud y han optado por apoyar la reforma, ante la avalancha de inmigrantes en sus regiones. Desde la entrada en vigor de la ley, la cifra de inmigrantes que solicitan la regularización ha desbordado todas las previsiones, así como el número de embarcaciones interceptadas. Actualmente, a Canarias llega ya el 25% de la inmigración, y el desequilibrio poblacional que puede provocar en las islas supone un riesgo de crisis social evidente.

Sobre la supuesta invasión de los inmigrantes hay, no obstante, mucho que desmitificar: según un estudio publicado a finales de mayo por la Fundación La Caixa, los inmigrantes no comunitarios residentes en España representa un promedio de un 1%, mientras que los comunitarios son el 0,8%. Es decir, que casi la mitad de los extranjeros que se afincan entre nosotros son europeos, de los que el grupo más numerosos son los ingleses. Sólo Finlandia recibe menos que España, mientras que en países como Luxemburgo suponen el 33% de la población, y en Francia y Alemania rebasan el 10%. Aún hoy hay 2,2 españoles fuera de España por cada inmigrante que llega, aunque está claro que la situación acabará invirtiéndose antes o después.

Sin embargo, existe una cierta sensación de inseguridad; fundamentalmente porque el español medio no ha asimilado aún la nueva situación creada, y no se explica qué hace aquí esta gente. Cuando los recién llegados son pocos, la acogida es más fácil, pero cuando el número aumenta, especialmente si es de forma brusca, el clima de convivencia se deteriora por la sensación de inseguridad. Además los inmigrantes tienden, como es lógico, a agruparse por grupos nacionales, y esta ghettización no favorece en absoluto la integración. La situación se vive de forma dramática en los colegios públicos de algunos barrios copados por inmigrantes, en los que los no españoles llegan a suponer el 60% del alumnado. Además, la situación irregular de muchos de ellos y la dificultad de integración se asocia, en la mayor parte de los casos, con el aumento de la marginalidad y la delincuencia, sobre todo entre los jóvenes y los menores.

La inmigración plantea numerosos problemas de orden práctico: pensemos sólo en la necesidad de profesorado especializado en los colegios (para dar clases de español, por ejemplo); asesorías legales para tratar temas específicos; nuevas necesidades en la Administración; policía especializada para solucionar conflictos entre inmigrantes, como pasa en algunos barrios; demanda de nuevos alimentos que no se comercializan normalmente en los mercados, como por ejemplo en el caso de los musulmanes; nuevas necesidades urbanísticas (enterramientos, lugares de culto, etc.), exigencias de orden religioso que hoy nos son extrañas; etc. La adaptación deberá de ser, necesariamente, mutua.

Debido a la gran caída de la natalidad que ha experimentado Occidente (y que no tiene visos de recuperación, sino todo lo contrario), la entrada de los inmigrantes se ha convertido en una necesidad real. Hace pocos días, el Presidente de la Generalidad de Cataluña pedía un contingente de 23.000 inmigrantes para mano de obra. El proceso es irreversible, y el concepto de español que surgirá en las próximas generaciones, e incluso la identidad nacional, podría modificarse sustancialmente; pero es una ley inexorable de la demografía: un pueblo que se niega a tener hijos tendrá que resignarse a que otros ocupen su lugar, sobre todo si quiere seguir manteniendo sus estructuras económicas y sociales.

Inma Álvarez