Un repaso somero de la historia de la ETA, que ensombrece los últimos treinta y dos años de nuestra vida política, muestra que tal vez ninguna otra institución ha juzgado y condenado públicamente de un modo tan coherente y constante su trayectoria criminal como la Iglesia católica. No ha habido acomodación ninguna ni a la naturaleza del sistema ni al color de los Gobiernos: en todo tiempo, con los últimos gabinetes de Franco, con los de centro, los socialistas o los populares, los obispos han dicho siempre que el terrorismo es intrínsecamente perverso. Sólo la desinformación, la irresponsabilidad o el cálculo interesado permiten afirmar que la Iglesia haya sido ambigua o tibia en este campo. Digo los obispos; otra cosa son los casos de algunos pocos que fraudulentamente apelan o apelaron a la conciencia cristiana para justificar lo que en realidad es injustificable, o bien se han mantenido en un inexplicable silencio.

Pero es aquí donde quiero centrar mi atención e invitar a los lectores a hacerlo conmigo. Algunos se preguntaban estos días si la Iglesia no habrá sido más tolerante con las disidencias de su doctrina condenatoria del terrorismo que con las de la condenatoria, por ejemplo, del aborto. Se ha lanzado la sospecha, o incluso la acusación abierta, de que así es. Hay quien ha escrito, llevando dicha acusación hasta la caricatura, que a la Iglesia sólo le importa de verdad la vida de los embriones y de los fetos. Pues bien, veamos cómo, tanto la doctrina condenatoria como la práctica reprobatoria, han sido homogéneas en los dos casos mencionados.

En cuanto a la doctrina, no es necesario que me extienda aquí mucho más. Nadie podrá aducir ni un solo caso de un solo obispo en el que no se haya condenado netamente el terrorismo; por supuesto, tampoco ni un solo texto de la Conferencia Episcopal. Por el contrario, las notas, declaraciones, homilías, etc. de condena nítida y perentoria llenarían varios volúmenes. Casi seguro que son más numerosas y no menos claras que las intervenciones referentes al aborto.

¿Y en cuanto a la práctica? Es aquí donde las apariencias pueden engañar a algunos, sobre todo a los más proclives ideológicamente a padecer el engaño o a los más tocados vitalmente en su carne o en la de los suyos por los crímenes terroristas.

Los casos de disidencia práctica y teórica respecto del aborto no son pocos. Los cincuenta mil abortos anuales registrados hablan por sí solos y claman al cielo. Las publicaciones que niegan o ponen en duda la doctrina de la Iglesia sobre la dignidad inviolable de toda vida humana desde el momento de la concepción no son tampoco escasas, tanto entre los especialistas como en la prensa divulgadora. La injusta legislación de nuestro país que permite la conculcación impune y generalizada del derecho a la vida de los no nacidos está a la vista de todos y ningún Gobierno se atreve a tocarla. Es más, no se percibe que sean demasiados los católicos implicados en la vida pública y en la política que traten de mover las cosas y de ir creando una corriente de opinión verdaderamente informada y responsable.

PREGUNTAS INEVITABLES

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¿Qué hacen los obispos frente a este estado de cosas? ¿Es verdad que gobiernan aquí empujando a los fieles a actuar de algún modo desconsiderado o ilegítimo, como querrían algunos grupos extremistas, bajo el lema de hágase justicia y perezca el mundo? ¿Acaso no han respetado la dinámica propia de la vida política sin presiones ni pretensiones sobre los calendarios y las estrategias concretas de los partidos o de los católicos en los partidos? Han condenado y condenan taxativamente el aborto. Piden a todos con la máxima seriedad, y a los católicos en particular, que hagan todo lo posible por modificar la actual legislación injusta sobre esta materia. Pero ni pretenden eliminar las disidencias prácticas y teóricas con métodos ilegítimos o desproporcionados, ni dictan a los políticos cómo y cuándo deben proceder en este asunto. Es verdad que recuerdan la pena de excomunión que la legislación canónica prevé para los autores y colaboradores directos de los abortos ejecutados, una pena pedagógica para crímenes que, por su relativa asepsia e intimidad, pudieran pasar de algún modo desapercibidos incluso a sus autores. Pero esto es algo que se ventila por lo general en el trato cuidadoso con las personas y en el secreto de los confesonarios.

¿Actúan los obispos con el terrorismo de un modo más laxo o tibio? ¿Sería éste el caso porque en algunos momentos y en ciertas circunstancias, además de condenar los crímenes terroristas, hayan recordado que los derechos humanos han de ser respetados siempre por todos, también por el Estado y sus servidores, y que los terroristas, aun convictos de crímenes, tampoco pierden la dignidad propia de todo ser humano, por más que hayan actuado de un modo horrendo en contra de ella? La respuesta negativa es evidente, aunque también sea sin duda comprensible que no lo parezca tanto cuando la sangre y la muerte tocan a la puerta de la propia familia o del propio grupo político.

Si al dolor, e incluso a la indignación de las víctimas y de la sociedad, se añade la disidencia manifiesta de católicos que ejecutan el terror o que le prestan de algún modo cobertura ideológica, como sucede sobre todo en algunos casos y partidos del ámbito nacionalista vasco, entonces podría parecer más comprensible aún que se les pida a los obispos medidas de gobierno pastoral más o menos drásticas. Por otro lado, hay que reconocer que ciertas imprudencias pastorales, como, por ejemplo, aludir a los derechos de los presos en la homilía del funeral de un asesinado por ETA, parecen abonar esa petición e incluso la falsa idea de que se equipara doctrinalmente la violencia asesina con la justa represión policial y penal de la misma. Más pertubador aún es, no cabe duda, el discurso innecesario y, además, estrictamente político que un pastor emérito pronunció los días pasados, justo en un momento en el que los ojos de muchos estaban puestos en la Conferencia Episcopal.

Pero también aquí, como en el caso del aborto jurídicamente amparado y políticamente aceptado, hay que saber distinguir entre la condena nítida del crimen y el gobierno pastoral adecuado. ¿Será justo, en este caso, que los obispos dicten a los partidos o a los católicos en los partidos el modo concreto y la agenda política correcta para acabar con el crimen organizado? ¿Tendrán que firmar o refrendar, en el caso de la lucha antiterrorista, estrategias políticas concretas? ¿Por qué no, entonces, en el caso de la lucha antiabortista? ¿Acaso sólo porque, de momento, no se presentan tales estrategias, al menos con la misma fuerza que en el caso del terrorismo? ¿Y por qué no se presentan con la misma fuerza? ¿No será porque los no nacidos no votan en las elecciones políticas, ni sindicales, ni en ningún otro tipo de elecciones de las sociedades democráticas? O, en el orden interno de la Iglesia, ¿habrían de imponer los obispos la excomunión a los militantes de determinados partidos expresamente nombrados o pedir a los católicos que no les dieran su voto? ¿Sería eso ser consecuentes con la condena del terrorismo? Pero entonces, ¿por qué no actuar también así con los partidos que promueven, apoyan o toleran la legislación abortista? Algunos hablan de la excomunión a los terroristas para escarmiento de los demás, ya que los terroristas se dan casi siempre por autoexcluidos de la Iglesia. Pero ésa no es la inspiración del ordenamiento canónico, que orienta dicha pena más a despertar pedagógicamente la propia conciencia del pecador, y a proteger a los no nacidos-no votantes-, que a garantizar la adecuación general a las disposiciones doctrinales.

¡HAYA PAZ!

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En resumen, los obispos no son especialmente más severos o más laxos con la aplicación práctica de una doctrina que de otra. Siempre predican la inviolabilidad de la vida humana en todos sus estadios. La cuestión es que la ejecución política concreta de este principio no está, ni debe estar en manos de los obispos. Por eso, en su gobierno pastoral deben distinguir y distinguen la condena moral del crimen despenalizado o del políticamente organizado, del modo en el que los ciudadanos, en particular los católicos, han de luchar contra él. Entre aquella condena doctrinal y esta práctica personal y política hay y habrá siempre una distancia: la que media entre la ley evangélica y nuestra conducta más o menos acorde con ella. La Iglesia ha de poner todos los medios legítimos a su alcance para que esta distancia sea lo más corta posible. Seguro que tanto en el caso del aborto como en el del terrorismo quedan aún muchas cosas por hacer en este sentido. Concretamente, la escalada desorbitada del terrorismo hará necesarios nuevos gestos e incluso nuevos textos, que ya se van dando y produciendo. Y, por supuesto, será necesario tratar de evitar imprudencias y errores pastorales. Pero nada de esto quiere decir que alguien pudiera hacer que desaparezca del todo la inevitable distancia entre la doctrina y la práctica. Los obispos no deberían ni siquiera intentarlo. Si lo intentaran, volveríamos al antiguo régimen de cristiandad en lo que tenía de confusión de la fe cristiana con la política secular.

Por su parte, la autoridad civil haría bien en comprender que la Iglesia, aun con las equivocaciones y los pecados de sus miembros, puede aportar y de hecho aporta a la convivencia social, como nadie puede hacerlo, la sustancia moral que deriva de una esperanza y de una vida escatológicas y eternas. Por tanto, haría bien asimismo dicha autoridad en renunciar a utilizar el poder moral de la Iglesia al servicio de concretos planes estratégicos políticos. De lo contrario, enturbiaría las fuentes de las que los ciudadanos beben la esperanza movilizadora de las energías morales más primigenias y correría el peligro de quedarse sólo con el uso de la fuerza en la regulación de la difícil convivencia de los diversos y aun contrapuestos. ¡Haya paz!

Juan A. Martínez Camino, S.J.