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El
Gobierno que preside don José Luis Rodríguez
Zapatero aprobó, la semana pasada en el
Consejo de Ministros, un anteproyecto de ley destinado
a modificar ciertos artículos del Código
Civil, para que el mal llamado matrimonio
homosexual tenga cabida en el ordenamiento jurídico.
En el artículo 44, el Gobierno pretende
que se diga que «la identidad de sexo de
ambos contrayentes no impide la celebración
del matrimonio ni sus efectos». Además,
se quiere modificar otros 13 artículos
en los que los términos hombre y mujer
se sustituyan por el genérico cónyuge.
Con esta medida, queda incluso abierta la posibilidad
de que las parejas homosexuales adopten niños.
Una porción minoritaria de españoles
celebraba la aprobación del anteproyecto
en la sede del PSOE, sin saber, quizá,
que la acepción del término cónyuge
que aparece en el Diccionario de la Real Academia
Española dice «marido y mujer respectivamente»
y, para mayor claridad, remite al término
consorte, que significa «marido respecto
de la mujer y mujer respecto del marido».
Es verdad que lo que el término cónyuge
signifique para los académicos no influye
en la interpretación que el día
de mañana se pudiera hacer de la ley que
el anteproyecto del Gobierno pretende sacar adelante,
pero sí demuestra su valor sociológico
y antropológico la afirmación de
que es matrimonio el compuesto por hombre y mujer,
cónyuges, como dice el Diccionario.
«La medida propuesta tendrá consecuencias
negativas que afectarán a toda la sociedad»,
explica la Conferencia Episcopal Española.
Por ese motivo, las voces en contra no se han
hecho esperar. Desde diferentes asociaciones dedicadas
a la protección a la familia se ha pedido
al Gobierno que recapacite antes de lanzarse al
proceso legislativo que concluirá, supuestamente,
a mediados de 2005, con la equiparación
de las parejas homosexuales a los matrimonios.
Iniciativa Legislativa
Popular
La familia –hombre y mujer abiertos
a la vida– está en peligro y el Estado
debería protegerla por una simple cuestión
de supervivencia: el Estado está compuesto
por ciudadanos y los ciudadanos nacen y se hacen
en las familias. Ante esta situación, el
Foro Español de la Familia se puso, hace
ya meses, manos a la obra. El pasado mes de junio,
la mesa del Congreso admitió una Iniciativa
Legislativa Popular –una de las formas de
promover una ley en el Parlamento– por la
que se solicita una modificación del Código
Civil destinada a dejar muy claro que matrimonio
sólo es el compuesto por hombre y mujer,
y que sólo ellos pueden adoptar niños.
Hacen falta 500.000 firmas para que el proyecto
llegue al trámite parlamentario. Don Benigno
Blanco, Vicepresidente del Foro, afirma que «hay
muchas más personas en este país»
dispuestas a apoyar a la familia. Se puede obtener
información en la web: www.forofamilia.org
o en el teléfono 915550182. Los promotores
de esta iniciativa son conscientes de que es posible
que nunca se convierta en ley, pero, al menos,
habrán «apelado a la reflexión
sensata y responsable de lo que está pasando».
Aún tienen la esperanza de que el Gobierno,
que prometió un talante dialogante, abra
consultas antes de que el texto presentado el
pasado viernes por el Consejo de Ministros se
convierta en norma, pero, si no lo hace, don Benigno
Blanco afirma que habrá que pensar en las
movilizaciones.
Si la intención de equiparar las uniones
homosexuales a los matrimonios heterosexuales
ha molestado a todos los que son conscientes de
que el matrimonio es el formado por hombre y mujer,
la decisión de promover la adopción
de niños por parte de estas parejas está
suscitando indignación. A pesar de que
el ministro de Justicia, don Juan Fernando López
Aguilar, afirma que una serie de informes atestiguan
que crecer en un ambiente homosexual no afecta
a los niños, el sentir mayoritario destaca
que, ante la duda, es mejor no experimentar con
ellos. El propio Defensor del Menor planteaba
la posibilidad de que se fijara una moratoria
de dos años entre la equiparación
de las parejas homosexuales a los matrimonios
y la concesión del derecho de adopción.
Para don Benigno Blanco, es distinto pensar en
genérico «y dejarse llevar por la
cultura dominante, que pensar en un niño
en concreto». Quizá por eso, la Concapa,
asociación de padres de alumnos, proponía
a los políticos que experimentasen «con
sus hijos, cediendo la guarda y custodia, al menos
por una temporada, a parejas del mismo sexo, para
que luego nos contaran si la experiencia es o
no beneficiosa y extrapolable al resto del país».
La Federación Española de Profesionales
por la Ética ha emitido un comunicado en
el que exige al Gobierno que reconozca a los niños
su derecho a educarse en una familia. Los homosexuales
esgrimen un desconocido derecho a tener
hijos como principal defensa de sus aspiraciones
de adopción. Pero desde muy diversos ámbitos
se ha dejado claro que el derecho que entra en
juego en una adopción no es el de los padres
a tener un hijo, sino el del hijo a tener unos
padres. Y, en ese sentido, lo que se busca para
un niño que ha perdido a su familia natural
es un «ambiente humanamente seguro»,
según explica don Benigno Blanco. Pero,
como dice el refrán, «hecha la ley,
hecha la trampa». El artículo 175.4
del Código Civil dice que, «fuera
de la adopción por ambos cónyuges,
nadie puede ser adoptado por más de una
persona». Ahora bien, si el Gobierno consigue
que el significado de cónyuges deje
de ser el que tiene en el diccionario –hombre
y mujer– e incluya los de hombre
y hombre o mujer y mujer, las parejas
homosexuales podrán adoptar hijos.
Textos legislativos
ambiguos
El Gobierno está jugando con
la ambigüedad de algunos artículos
para introducir las peticiones de ciertos grupos
de homosexuales. El primer hueco lo encuentra
en el artículo 32 de la Constitución,
que afirma que «el hombre y la mujer tienen
derecho a contraer matrimonio con plena igualdad
jurídica». El texto no habla de matrimonio
entre hombre y mujer; sencilla y obviamente habla
sólo de matrimonio, el único posible.
Lo mismo ocurre con algunos de los artículos
del Código Civil, motivo por el que la
propuesta del Foro Español de la Familia,
de aclarar bien los conceptos, permitiría
tapar ciertos huecos. Por ejemplo, el artículo
relativo al matrimonio, el 44, dice que «el
hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio
conforme a las disposiciones de este Código»,
pero no dice que el matrimonio sea entre hombre
y mujer. Además, en la enumeración
de matrimonios no permitidos, como los que suponen
incesto, no está el de personas del mismo
sexo. Esto no significa que el legislador quisiera
abrir la puerta a los matrimonios homosexuales,
sino que quizá ni se le ocurrió
que una pareja de homosexuales pretendiera llamarse
matrimonio.
María S. Altaba
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La
Federación Española
de Profesionales
por la Ética ha emitido
un comunicado en el que exige
al Gobierno
que reconozca
a los niños
su derecho a educarse
en una familia |
Nota
de la Conferencia Episcopal Española
Matrimonio homosexual:
propuesta errónea e injusta |
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El Gobierno ha aprobado
un anteproyecto de ley con el que pretende
equiparar las uniones de homosexuales con
los matrimonios y permitir que adopten niños.
La Conferencia Episcopal Española,
que ya en varias ocasiones ha explicado
las razones por las que la Iglesia se opone
a esta medida, ha emitido una nueva Nota
cuyo texto les ofrecemos íntegramente,
en la que recoge algunos párrafos
de sus recientes documentos Matrimonio,
familia y «uniones homosexuales»
y En favor del verdadero matrimonio:
El Consejo de Ministros
ha aprobado un anteproyecto de ley que pretende
equiparar al matrimonio la unión
de personas del mismo sexo. Se trata de
una propuesta errónea e injusta.
Porque «el matrimonio, engendrando
y educando a sus hijos, contribuye de manera
insustituible al crecimiento y estabilidad
de la sociedad. Por eso le es debido el
reconocimiento y el apoyo legal del Estado.
En cambio, a la convivencia de homosexuales,
que no puede tener nunca esas características,
no se le puede reconocer una dimensión
social semejante a la del matrimonio y a
la de la familia».
Las personas homosexuales no deben ser discriminadas
en sus derechos ciudadanos. Pero las instituciones
sociales deben ser tuteladas y promovidas
por las leyes. El matrimonio es una institución
esencialmente heterosexual, es decir que
«no puede ser contraído más
que por personas de diverso sexo: una mujer
y un varón. A dos personas del mismo
sexo no les asiste ningún derecho
a contraer matrimonio entre ellas. El Estado,
por su parte, no puede reconocer este derecho
inexistente, a no ser actuando de un modo
arbitrario que excede sus capacidades y
que dañará, sin duda muy seriamente,
el bien común. Las razones que avalan
estas proposiciones son de orden antropológico,
social y jurídico».
La medida propuesta tendrá consecuencias
negativas que afectarán a toda la
sociedad. No se trata de reconocer un pretendido
derecho a algunas personas que en nada perjudicaría
a los demás. «Si el Estado
procede a dar curso legal a un supuesto
matrimonio entre personas del mismo sexo,
la institución matrimonial quedará
seriamente afectada. Fabricar moneda falsa
es devaluar la moneda verdadera y poner
en peligro todo el sistema económico.
De igual manera, equiparar las uniones homosexuales
a los verdaderos matrimonios, es introducir
un peligroso factor de disolución
de la institución matrimonial y,
con ella, del justo orden social».
«¿Será posible seguir
sosteniendo la verdad del matrimonio, y
educando a los hijos de acuerdo con ella,
sin que padres y educadores vean conculcado
su derecho a hacerlo así por un nuevo
sistema legal contrario a la razón?
¿No se acabará tratando de
imponer a todos por la pura fuerza de la
ley una visión de las cosas contraria
a la verdad del matrimonio?»
La adopción ha de mirar siempre al
bien de los niños, no a supuestos
derechos de quienes los desean adoptar.
Dos personas del mismo sexo, que pretenden
suplantar a un matrimonio, no constituyen
un referente adecuado para la adopción.
«La figura del padre y de la madre
es fundamental para la neta identificación
sexual de la persona. Ningún estudio
ha puesto fehacientemente en cuestión
estas evidencias».
Si esta legislación se llevara adelante,
abandonaríamos la sabiduría
humana y jurídica de toda la Humanidad.
«La historia universal lo confirma:
ninguna sociedad ha dado a las relaciones
homosexuales el reconocimiento jurídico
de la institución matrimonial».
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