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22 años de aborto en España

Ese vacío que dejan...

El 5 de julio de 1985, hubo gente en España que sintió la necesidad de vestir de negro ante la despenalización del aborto. 22 años después, un millón de claveles repartidos por las calles recordaban las vidas perdidas ante la pasividad y complicidad de casi todos. Miles y miles de ausencias que quedan en las vidas de sus madres y en la sociedad

Las calles de Madrid, Salamanca, Marbella, Murcia, San Fernando (Cádiz) y Mairena de Alcor (Sevilla) fueron los escenarios de la campaña Un clavel por la vida, promovida por la Fundación Unidos por la Vida, pero que pasó bastante desapercibida, como todo lo relacionado con este trágico aniversario. Su intención era repartir un millón de claveles en memoria del millón de niños abortados desde 1985, y que no han jugado en nuestros parques, ni han ido al colegio con nuestros hijos, ni están en la Universidad.
Es probable, sin embargo, que ese millón sea sólo una cifra simbólica, pues se basa sólo en las cifras de muertes declaradas por las clínicas abortistas, y no considera las vidas que se han perdido por medio de otras iniciativas a las que la despenalización del aborto abrió la puerta, como la destrucción de embriones, o la píldora del día después. Un «número incontable de abortos sin pasar por un centro sanitario», denunciaba en una nota de prensa don Manuel Cruz, de la Fundación Vida. Toda esta situación nace de «una de las graves contradicciones de nuestro ordenamiento jurídico», como define el señor Cruz el hecho de que «el ordenamiento jurídico no reconoce al no nacido el derecho humano a la vida», aunque sí derechos hereditarios.
Ni los poderes públicos pueden ya esconder algo de la realidad de la situación. El Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, de su Ministerio, reconoce la especial vulnerabilidad de la mujer durante el embarazo, y que los abortos son un signo de alerta de violencia doméstica. Se llama así si un marido o novio obliga a la mujer a abortar. Según la Asociación de Víctimas del Aborto, el 92,8% de 824 mujeres, encuestadas por profesionales de la salud de distintas instituciones, afirmaron haber sido coaccionadas por su pareja. Si un jefe presiona a una empleada para que aborte, se llama acoso laboral. AVA afirma que el 72,9% de las mujeres lo ha sufrido. ¿Quién intenta evitar estas situaciones? Los centros de planificación familiar y las clínicas abortistas callan; son artífices de un delito, y cómplices de otros. Al hecho de que quienes presionan a las mujeres sean los compañeros, los amigos, la familia, los médicos, los medios de comunicación..., para eso no hay una palabra, salvo, quizá, complicidad colectiva.
Sin embargo, en los últimos años han crecido las voces y las manos que rompen el silencio y la pasividad, convencidos de que, si «una mujer recibe apoyo psicológico y humano, sigue adelante», como explica en una nota de prensa la Fundación Línea de Atención a la Mujer, que desde 2005 ha atendido a 6.500 mujeres en su línea gratuita 24 horas: 900 500 505. Doña Rafaela Alonso, su coordinadora, subraya la necesidad de que los profesionales sanitarios y sociales «detectemos situaciones de riesgo y ofrezcamos recursos».
También se han alzado algunas voces, demasiado pocas, desde los escaños de los políticos. Don José Eugenio Azpíroz y don Ángel Pintado, diputados del PP, hicieron una declaración a título particular, el mismo día 5, en la que denunciaban que «el aborto no es una solución digna para un Estado que se autodenomina de bienestar», y afirmaban esperar del Gobierno «una actitud mucho más ambiciosa en la oferta de alternativas reales a las mujeres». Esperanza que no parece corresponderse con el reciente rechazo, por parte del PSOE, de una Proposición no de Ley de apoyo a la mujer embarazada. En declaraciones a Alfa y Omega, el señor Azpíroz expresó su convicción de que el programa electoral del PP para las elecciones generales recoja estas medidas, aunque reconoció que, en su día, «nuestro Gobierno no hizo lo suficiente. Algunos creían que el aborto iba a retroceder por sí mismo. Pero hoy no se puede tener dudas de que sólo crece».

María Martínez López

Así se aborta en España

* En los centros de salud y de planificación familiar se ofrece el aborto como única solución, sin ofrecer alternativas, en contra del Real Decreto 2409/1986.
* También se incumplen el Real Decreto y una sentencia del Tribunal Supremo (19-IX-2001) al ser psicólogos, y no psiquiatras, quienes certifican un riesgo para la salud psíquica de la madre.
* El psicólogo -empleado de la clínica- firma el certificado sin hacer un examen completo para conocer el historial de la mujer. Eso, cuando la clínica no tiene certificados en blanco y ya firmados.
* En el consentimiento informado, no se informa de las consecuencias psicológicas del aborto, ni se dan detalles de las físicas.
* Una vez dentro de la clínica, los acompañantes y los profesionales presionan a la mujer para que acabe lo antes posible y no se eche atrás. No disponen ni de 24 horas para reflexionar sobre su decisión.
* Lo primero, el dinero. Se cobra por adelantado, y sin factura. Esto refuerza la sospecha de que las clínicas, para beneficiarse fiscalmente, no declaran todos los abortos que realizan.
* A la mujer no se le da informe de alta ni copia del consentimiento informado, sólo unas instrucciones básicas. Tampoco se realiza un seguimiento adecuado.
* Según una información de La Gaceta de los negocios, en 2004, 70 de las 83 clínicas registradas declararon unos ingresos de 30 millones de euros.