Alfa y Omega > Nº 609 > Mundo

Con la gentileza de Agencia de información

Guzmán Carriquiry, en el LX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre

A merced del poder

El Subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos recibía, hace unas semanas, el doctorado Honoris Causa de la Universidad argentina FASTA, de Mar de Plata. En su discurso, del que ofrecemos un fragmento, denunciaba la manipulación del concepto de derechos humanos, al servicio de los intereses del poder:

Sede de la ONU en Nueva York

La actual apelación universal a los derechos humanos se topa con la paradoja de que nunca los derechos humanos han estado tan carentes de fundamentación. Ya Maritain lo advertía en el debate preparatorio de la Declaración Universal, de la ONU: «Estamos de acuerdo sobre los derechos, con tal de que no se nos pregunte el por qué». El resultado práctico fue óptimo, pero dejar entre paréntesis el porqué tendrá un precio que aún se está pagando. ¿Puede aceptarse una vigencia irracional de los derechos humanos? Quedan a la merced del poder, y de las correlaciones ocasionales de fuerza.
Esta situación resulta particularmente grave en tiempos de deriva relativista. Aparecen rechazos de naturaleza ideológica o religiosa que critican las declaraciones de derechos humanos como occidentales y, por otra parte, se imponen nuevos derechos que responden a la exaltación desordenada de deseos arbitrarios de los individuos. ¿No somos testigos de campañas de opinión y presión de fuertes poderes transnacionales para inducir a las legislaciones nacionales a introducir prácticas abortivas y manipulaciones bioéticas salvajes, identificar el matrimonio con las uniones libres, o promover prácticas eugenésicas y eutanásicas? Se pretende convertir en derechos individuales lo que son atentados contra derechos fundamentales de la persona humana. Se manipula al individuo cada vez más hacia deseos momentáneos y fugaces, se limitan las defensas de sus derechos naturales fundamentales y se favorecen nuevos presuntos derechos -deseos individuales-, sin referencia a valores fundados, a deberes y responsabilidades. Más aún, la paradoja de una democracia fundada en el relativismo ético es que niega una verdad ontológica sobre el hombre, pero permite al poder dictar a través de las leyes una propia ontología, antropología y ética. Es lo que el cardenal Ratzinger llamó dictadura del relativismo.
No es de extrañar que, hacia finales del pontificado de Juan Pablo II, y, más aún en el actual, la Iglesia retome la tradición del Derecho natural. En carta a 34 centros universitarios, el entonces cardenal Ratzinger los invitaba a emprender esa apasionante investigación, a la luz de la «preocupación de la Iglesia católica acerca de la dificultad en el mundo moderno de encontrar un denominador común de principios morales compartidos por todos». La Iglesia se hace custodia y abogada de principios no negociables, traducidos en derechos basados «sobre la ley natural inscrita en el corazón del hombre», necesarios para una auténtica convivencia humana. Por eso mismo, Benedicto XVI propone, en su reciente discurso a la Asamblea de las Naciones Unidas y en la ocasión del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, retomar una convergencia de tradiciones culturales y religiosas para poner siempre a la persona humana en el centro de las instituciones, leyes e intervenciones de la sociedad, y respetar y promover los derechos humanos, en su «universalidad, indivisibilidad e interdependencia», como «lenguaje común y sustrato ético de las relaciones internacionales», así como «la estrategia más eficaz para eliminar las desigualdades entre países y grupos sociales», para combatir el terrorismo y aumentar la seguridad.

Algunos frentes

Los derechos sexuales y reproductivos se han convertido en sinónimo del aborto. Las agencias de la ONU, con la excusa de defenderlos, intentan imponer a los países políticas anti-vida y anti-familia, so pena de retirarles la ayuda al desarrollo. Al frente de estos organismos es habitual encontrar a defensores de la cultura de la muerte, como Navanethem Pillary, nueva Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Incluso países europeos como Polonia e Irlanda están cada vez más presionados, también por la Corte Europea de Derechos Humanos, que, por ejemplo, ha admitido a trámite una demanda de un lobby abortista contra Irlanda. El paso siguiente a la legalización del aborto es su obligatoriedad, disfrazada de no-discriminación. Las maternidades católicas de Victoria (Australia) pueden verse obligadas a cerrar de aprobarse una ley que obligará a practicar abortos o a derivar a alguien que lo haga.

Organizaciones como Human Rights Watch, que investiga las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, incluye entre sus criterios de evaluación, además del aborto, la promoción de la homosexualidad. Después, se ataca la libertad de expresión. En Canadá, por ejemplo, diversas organizaciones están alertando del carácter totalitario que han adquirido las Comisiones de Derechos Humanos. Cualquiera que manifieste públicamente, por ejemplo, la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, puede ser denunciado ante estos órganos cuasi-jurídicos por promover el odio y la violencia. Un pastor de Alberta, por ejemplo, fue condenado a pagar siete mil dólares canadienses de multa y a no volver a criticar el estilo de vida homosexual.

Un paso más allá están los intentos de conceder derechos humanos a los animales, empezando por el proyecto Gran Simio, pero llegando incluso a pedir, como en Suiza, que se respete la dignidad de las plantas. La Corte Europea de Derechos Humanos tendrá que pronunciarse sobre el caso de una mujer británica que pide ser declarada guardián de un chimpancé.