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Mientras en Toledo denuncian coacciones, los objetores de Barcelona muestran sus fuerzas

La Junta de Castilla-La Mancha presiona a los objetores

«Cuando peor lo pasamos, pienso en las palabras de Juan Pablo II: No tengáis miedo», así de contundente se muestra la objetora doña Reyes Miranda, madre de un niño de 2º ESO en el I.E.S. Carpetania, de la localidad de Yepes, en la provincia de Toledo

Representantes de 1.000 objetores se reunieron
en Barcelona el pasado sábado, a pesar
de las trabas de las distintas Administraciones

Reyes Miranda es una de las siete madres y padres que están sufriendo presiones por parte de la Administración pública por negarse a ceder la formación moral y religiosa de sus hijos. Sus problemas con la administración comenzaron hace 3 años, cuando decidieron objetar a la asignatura de Educación para la ciudadanía, «una vez vistos que los objetivos y los contenidos de la asignatura iban en contra de nuestros valores».
«Lo primero que hizo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fue denegarlo; presentamos un recurso y estamos esperando su resolución», explica doña Reyes, que alaba la receptividad y comprensión del director del instituto, quien habilitó un aula cerca de su despacho para que los alumnos pudiesen estar mientras sus compañeros asistían a Educación para la ciudadanía.

El comienzo de curso transcurrió sin problemas hasta que, pasada una semana, «el niño vino a casa diciendo que había entrado a clase de EpC porque el director les había dicho que era obligatorio entrar», afirma doña Reyes Miranda, que junto con el resto de padres no tardaron en personarse ante la dirección del centro. «Nos extrañó mucho, porque, desde el principio, el director no puso problemas», explica esta madre, que de boca del mismo director conoció cómo habían ocurrido los hechos. Los inspectores, en una visita rutinaria de inicio de curso, y tras saber que había unos alumnos objetores en una aula del colegio, instaron al director a que obligara a los alumnos a entrar a clase, puesto que «es una asignatura obligatoria y no se puede objetar». Tras las denuncias de los padres, y de movilizarse hasta incluso hacer aparecer los hechos en diferentes medios de comunicación, la situación ha vuelto a la normalidad, y los padres pueden seguir ejercitando su derecho a la formación moral y religiosa de sus hijos, aunque aún siguen con el miedo en el cuerpo y notan la política del desgaste de la Administración.
Desgraciadamente, esta política de presión llevada a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Educación se ha cobrado sus dos primeras víctimas. Dos de los padres de estos niños han decidido sucumbir, y permiten que sus dos niños acudan a clase. Se trata de padres de niños de 4º de la ESO, preocupados porque sus hijos puedan quizá no conseguir el título de Educación Secundaria.
No obstante, en el I.E.S. de Yepes aún quedan cinco padres objetores que no cejarán en reivindicar su derecho y el de sus hijos. Padres, que como doña Reyes Miranda, afirman «no perder nunca la esperanza» y, recordando las palabras de Juan Pablo II, continúan adelante a pesar de las presiones.

Junto con Castilla-La Mancha, Cataluña es otra las Comunidades Autónomas donde los padres objetores encuentran más dificultades. A pesar de ello -o precisamente por eso-, representantes de más de 1.000 padres objetores se dieron cita el pasado sábado en Barcelona, en la primera Jornada de objetores de Cataluña. Durante el acto, don Ramón Novella, Presidente de la federación catalana de Profesionales por la Ética, reconoció que «este acto es el principio de una movilización ciudadana en Cataluña en defensa de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos sin intromisiones gubernamentales». También don Jorge Buxadé, Presidente del Foro Catalán de la Familia, recordó que «los colegios violan la ley si no aceptan las objeciones». Y por si quedaban dudas de sus intenciones, Ana Victoria, coordinadora de la campaña de objeción en Cataluña, aclaró que «vamos a presentar batalla, vamos a objetar, y en ningún caso el Estado va a imponer criterios ideológicos disfrazados de moralina».

Álvaro Real / J. A. Méndez