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El viernes, se cerró la Subcomisión del Congreso de los Diputados para la elaboración de una nueva ley del aborto, con sentencia de muerte ya dictada. El País hacía esfuerzos, el sábado, para sostener la versión oficial: el Congreso de los Diputados ha oído el clamor de la calle por una ley a la europea, en la que ya están claras todas las líneas, a falta de determinar detalles como si al bebé discapacitado se le podrá matar con la cabeza ya fuera de la madre, o sólo hasta unos segundos antes del parto... Para ilustrar ese clamor, El País tuvo que recurrir a una foto del pasado mes de marzo, de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, en la que algunos aprovecharon para desplegar pancartas abortistas. El periódico pudo haber utilizado una imagen mucho más inmediata, del pasado viernes, de una manifestación ante el Congreso. Pero era, como casi todas, a favor de la vida.
Un editorial de La Gaceta, del sábado, recordaba la génesis de este clamor: «El escándalo internacional ante el hecho de que muchos de los miembros del mismo lobby de clínicas que ahora pontifica en la Comisión, no hace muchas semanas, fueron sorprendidos realizando impunemente prácticas delictivas en España». El PSOE, que nada llevaba en su programa electoral sobre esto, optó por legalizar las prácticas escabrosas detectadas, en lugar de aplicar la ley.
El mismo sábado, en Al Sur de la Semana, de la COPE, el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, decía: «No creo que haya ninguna mujer a la que le guste abortar; lo que hay que hacer es ayudarla a que no lo haga, en vez de facilitarle el aborto». Se está implantando «una especie de cultura de la muerte que nos ahoga», a la que es necesario responder, apelando a las conciencias para que, en la opinión pública, triunfe una cultura de la vida.
Y eso es lo que ha empezado a ocurrir. «Esta Subcomisión es una farsa», ha denunciado la plataforma Derecho a vivir. El Gobierno tenía ya claro a dónde quería llegar, y seguramente lo hará, causando más muerte y desesperación. Pero, al menos en la calle, los grupos pro vida han ganado el debate. Y el Partido Popular, que, salvo excepciones personales, no se ha destacado por su firmeza en la defensa de estos principios, ha tenido el acierto de llevar a la Subcomisión a ponentes de gran valía. A la cada vez más fuerte sociedad civil de inspiración católica, le ha bastado ese efímero escaparate para que la sociedad empiece a concienciarse sobre este holocausto silenciado, con más de 100 mil muertes al año. El último en intervenir, el viernes, fue Conrado Jiménez, Presidente de la Fundación Madrina. La mujer no quiere el aborto -advirtió-; se ve empujada por presiones. Las empresas no quieren embarazadas; los servicios sociales las ven como irresponsables; las parejas, como un engorro... Es una terrible forma de violencia machista y de acoso laboral, pero, en lugar de apoyar a la mujer, el Gobierno ofrece aborto.
Un día antes del cierre de la Subcomisión, La Razón recogía la noticia de la condena, a un año de cárcel, a un hombre por coaccionar a su pareja para abortar. La inmensa mayoría de estos casos quedan impunes. Y no se conocen aún condenas a clínicas por callar y coger el dinero... Es la ventaja de nadar a favor de la corriente gubernamental. Por el contrario, unos padres italianos se han resistido a las presiones de un hospital y han exigido que se deje nacer a su niña, con espina bífida... Médicos españoles, del Hospital barcelonés Valle de Hebrón, han curado a Elisabetta.