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El PSOE cierra la Subcomisión sobre el aborto tres meses antes y con desplantes a los provida

Aborto, sí o sí

Desplantes a los grupos provida, veto y presiones a los medios, cierre en falso de la Subcomisión parlamentaria... Para los defensores de la vida, la actitud del PSOE con respecto al aborto no deja lugar a dudas: el Gobierno no quiere escuchar, sólo imponer su ideología

Si no hay milagro político, 2009 pasará a la Historia por ser el año en que el Gobierno legalizó el aborto libre en España. Es la previsión de los grupos provida, después de que el PSOE cerrase en falso la Subcomisión parlamentaria encargada de estudiar una posible reforma de la ley del aborto. La Subcomisión se creó en octubre, con intención de escuchar, durante seis meses, a 60 expertos y promover así el debate social sobre la ampliación del aborto, pero, sin embargo, ha estado vetada a los medios de comunicación y ha sido cerrada tres meses antes de lo previsto, tras citar sólo a una treintena de expertos y desarrollarse entre continuos desplantes del PSOE y sus socios a los expertos provida convocados por el PP.

Uno de estos expertos fue don Eduardo Hetfelder, Presidente del Instituto de Política Familiar en España. Su intervención fue una de las más sonadas, ya que demostró, con datos del propio Ministerio de Sanidad y a través de una comparativa de las diferentes legislaciones europeas, que los argumentos del Gobierno para modificar la actual ley del aborto (hay una demanda social; una ley de plazos nos igualaría con Europa...) eran infundados. Al ver cuestionados sus postulados, los representantes socialistas respondieron airadamente, un espectáculo que doña Sandra Moneo, portavoz del PP en la Subcomisión, calificó de bochornoso. Hertfelder asegura que «la Subcomisión ha permitido constatar varias cosas importantes. En primer lugar, que el Gobierno no ha querido ningún debate real, como demuestra la prohibición de asistencia a los medios de comunicación, o la súbita reducción del número de expertos y de la duración de sus trabajos, a menos de la mitad de lo acordado. En segundo lugar, que el insulto y la descalificación han sido los únicos argumentos de los proabortistas. Y en tercer lugar, que el Gobierno está en manos de los centros abortistas, que con esta ley se enriquecerán aún más».

El de Hertfelder no ha sido el único episodio de mala educación en las filas del PSOE y de sus socios. El primer experto citado por el Partido Popular, don Benigno Blanco, Presidente del Foro de la Familia, comprobó con estupor cómo, tras afirmar que el aborto es un tipo de violencia machista, el representante parlamentario de Izquierda Unida, don Gaspar Llamazares, se levantaba visiblemente molesto y salía de la sala dando un portazo. El caso de doña Esperanza Puente, de la Asociación Red Madre, fue aún más sangrante. Ella es la única mujer que ha abortado de las 15 que han comparecido. Mientras relataba su dramática experiencia, fue interrumpida por las risas y comentarios de la Presidenta de la Subcomisión, la ex ministra socialista doña Carmen Calvo, que charlaba con otras diputadas del PSOE y daba la espalda a la compareciente. Por si fuera poco, de entre los 18 expertos citados por PSOE, IU y Grupo Mixto (con su vocal del BNG), 15 tienen intereses económicos directos en el negocio del aborto. Fuentes de la Subcomisión consultadas por este semanario aseguran que «la actitud del PSOE ha sido de una permanente falta de respeto. Preguntaban a los comparecientes con desprecio o agresividad, y parecía que cumplían un trámite. En octubre se dijo que habría una sola sesión de trabajo por semana, con dos o tres expertos cada día. Al final, ha habido semanas en las que se ha trabajado durante dos días, con comparecencias mañana y tarde. Si escuchas a seis personas en dos días, es imposible analizar nada seriamente».

Reciente manifestación contra el aborto,
en Madrid

A pesar de que el Gobierno no llevaba en su programa electoral la reforma de la ley del aborto, el Congreso nacional que el PSOE celebró en julio introdujo tan polémico asunto entre sus prioridades. En septiembre, la ministra de Igualdad, doña Bibiana Aído, constituyó un Comité de expertos formado sólo por proabortistas, y el Grupo Socialista impulsó la creación de la Subcomisión parlamentaria. Desde entonces, tanto Aído como Carmen Calvo se han reunido con varios medios de comunicación para quejarse por el poco eco mediático que encontraba el debate social augurado por el PSOE. Don Ignacio Arsuaga, Presidente de Hazteoír.org (plataforma que se ha manifestado frente al Congreso cada día de trabajo de la Subcomisión), asegura que «los medios afines al Gobierno son los que menos eco se han hecho de la Subcomisión, porque a nuestra izquierda le interesa hurtar el debate social para imponer su ideología. Aunque se ha logrado que las razones de los provida tuviesen gran repercusión, esto ha sido una tomadura de pelo para la sociedad: no se ha dado entrada a los medios, no se ha escuchado con respeto a quienes hablaban a favor de la vida, no se ha debatido seriamente y se ha utilizado la sede de la soberanía nacional para hacer propaganda de una ideología política y de una medida que no eligió el pueblo en las elecciones, sino que impulsó un partido político en su congreso nacional». Arsuaga lamenta que, «además de haber tratado tan mal a los expertos citados por el PP, el PSOE se ha reído de las víctimas del aborto, al llamar a tres representantes de clínicas abortistas. Esto ha dejado claro que el Gobierno está cerca de los que ganan dinero con la ampliación de la ley del aborto».

ñas, la Subcomisión parlamentaria elaborará un informe («que sólo contará con la opinión de PSOE e IU», dice Arsuaga), que remitirá al Comité de Expertos creado por Aído. Éstos, a su vez, tienen previsto desarrollar un proyecto de ley para que el Consejo de Ministros lo apruebe. Arsuaga teme que, «para febrero, tengamos el proyecto de ley aprobado por el Gobierno. De hecho, Aído ya ha dicho que quiere la ley antes de verano. En estos meses, a la sociedad civil nos toca trabajar, para demostrarle al Presidente del Gobierno que España no quiere el aborto libre».

José Antonio Méndez

En primera línea

Por el carácter partitocrático de nuestra democracia, una Comisión Parlamentaria de estudio o investigación no es más que la correa de transmisión de los intereses y posturas de los partidos políticos: nunca será un foro independiente donde de verdad se escuche, se valore, se piense y se forme libremente una opinión. Las conclusiones de una comisión como la del aborto las deciden las cúpulas de los partidos, según sus posturas previas. ¿Para qué, entonces, se creó la Subcomisión del aborto? Para ayudar a crear el socialmente inexistente debate público sobre la necesidad de reformar la legislación sobre el aborto. ¿Se ha conseguido ese objetivo? No. La Subcomisión ha puesto de manifiesto que los defensores del aborto están en un lenguaje rancio de hace treinta años, con argumentos viejos y que sólo les interesa garantizar que los centros abortistas sigan funcionando como gran negocio, sin controles judiciales. Por el contrario, se ha podido apreciar que los defensores de la vida están en primera línea de coherencia con el avance científico, en primera línea de activo compromiso social con la mujer y los derechos humanos y cuentan con un lenguaje nuevo y propuestas atractivas. Por eso el PSOE ha querido cerrar inmediatamente los trabajos de esta Subcomisión. No sólo no ha servido para crear un debate que favorezca sus intenciones, sino que ha demostrado lo contrario: nadie reclama esa nueva ley ampliadora del aborto, salvo quienes viven del negocio del aborto; lo que reclama la sociedad española es más apoyo a la mujer para que no haya abortos. A pesar de todo, la decisión ya estaba tomada y se mantiene: habrá nueva ley del aborto para garantizar la impunidad de quienes se dedican a este negocio.

Benigno Blanco
Presidente del Foro de la Familia

Justicia para la mujer

En la Subcomisión, hemos demostrado que el mayor acoso que sufre una mujer es por el hecho de ser madre, en su entorno social, familiar y laboral. El aborto es fruto de una desigualdad social, mobbing maternal, y el Estado ha resuelto con la solución sanitaria más fácil y agresiva para la mujer: eliminar la vida del menor no nacido, sin facilitar soluciones sociales a un problema social, como es el apoyo a la mujer madre. La falta de protección de la mujer madre, frente a las leyes de mercado, ha convertido a la mujer y su maternidad en factor de riesgo -65% de la violencia de pareja-, desigualdad y exclusión social -90% del acoso laboral y 25% de los despidos-. Con el aborto como única alternativa que el Estado ofrece a la mujer en dificultad, se violan tratados y leyes internacionales, generando violencia de Estado y tortura, frente a la mujer y el menor no nacido, y se convierte el aborto en un método de contracepción, que afecta cada vez más a los adolescentes. Se contraviene además la legislación de la UNESCO, que previene frente a cualquier discriminación de la persona en razón a su código genético. Tenemos la obligación de ofrecer una oportunidad a la mujer gestante que lo necesita para sacarla de la soledad, abandono, violencia y abuso que soporta, en silencio. Como nos dijo una madre que sufrió mobbing maternal en su trabajo, «mi hijo ha sido el fruto, tributo y triunfo de mi libertad». Ahora toca trabajar entre todos para hacer justicia a la mujer.

Conrado Giménez
Presidente de la Fundación Madrina

Las mujeres y niños indefensos

Hay muchas formas de hacer daño a los seres humanos y ninguna puede justificarse. Pero algunas son especialmente aborrecibles, porque abusan de la indefensión en la que se encuentran las personas afectadas. Uno de los ejemplos más dramáticos es el que se va a producir en España con la nueva Ley del aborto libre que el Gobierno quiere impulsar. Una novedad legislativa que va a tener un efecto demoledor sobre la mujer, la infancia, la familia y, en definitiva, la cohesión social. Una ley que va a aumentar aun más los 112.000 abortos actuales y que convertirá en poco tiempo a España en el país de la Unión Europea con mayor número de abortos. Además, el desarrollo de la Subcomisión parlamentaria, con la que el Gobierno pretendía iniciar el debate para la revisión de la legislación sobre el aborto, ha permitido constatar que el Gobierno no ha querido ningún debate real y que los malos modos han sido los únicos razonamientos de los impulsores de la ampliación del aborto. Una Subcomisión con la que, en definitiva, se ha evidenciado que estamos asistiendo a una inusitada y compulsiva ofensiva contra la mujer y la infancia, impulsada y amparada desde el Gobierno de la nación, que trata de derribar algunos de los fundamentos y expresiones más esenciales de nuestra vida en comunidad: el derecho a la vida en todas sus manifestaciones, la dignidad del ser humano desde su concepción, incluida la fase embrionaria.

Eduardo Hertfelder
Presidente del Instituto de Política Familiar