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El supuesto derecho a abortar garantiza que se pueda consumir sexo sin consecuencias

La ideología de género impone su aborto

El Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que el Congreso aprueba hoy, quiere dar luz verde para eliminar toda consecuencia imprevista -léase niño- de una relación sexual. Sólo así, postulan sus defensores, podrá disfrutarse de una vida sexual plena

Continúa la rebelión de numerosos intelectuales ante el Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que hoy recibirá un espaldarazo más -prácticamente el definitivo- en el Pleno del Congreso. En este caso, procede del Foro de la Sociedad Civil, que, el pasado martes, dio a conocer un Informe sobre esta reforma. Su autor, don Rafael Navarro Valls, catedrático de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, examina numerosos aspectos problemáticos del texto. Entre ellos, su inconstitucionalidad, al desproteger absolutamente la vida del no nacido; el hecho de que se invoquen falsamente Tratados internacionales para respaldar el derecho al aborto; la ilegalidad del aborto sin consentimiento paterno en menores; la grave discriminación que supone el aborto eugenésico; o que baste con invocar un concepto vacío como bienestar sociocultural para justificar el aborto por riesgo para la madre. Sin embargo, la aportación más original del Informe es la que apunta al fondo del Proyecto. Según don Rafael, parece que la razón última de la ley es «el desideratum de practicar un sexo seguro sin la secuela del correspondiente riesgo de embarazos no deseados». Es decir, ya no se piensa en el aborto como un mal menor destinado a resolver conflictos puntuales y graves, el único caso en el que lo admitió el Tribunal Constitucional en 1985.
Doña María Lacalle, profesora de Derecho Civil de la Universidad Francisco de Vitoria, explica que la forma en la que este Proyecto presenta el aborto es consecuencia lógica de varios postulados de la ideología de género: «Se invoca mucho -cita como ejemplo- el principio constitucional de libre desarrollo de la personalidad, pero entendido desde la ideología de género, como si la libertad fuera una fuerza absoluta y el hombre se pudiera inventar a sí mismo», también -o sobre todo- en lo sexual. Según esta concepción, «la sexualidad, desprovista de cualquier significado personal, se convierte en objeto de consumo, y para disfrutarlo sin trabas y responsabilidades, hay que eliminar las posibles consecuencias». Esto es, el niño. Para las feministas de género -continúa-, la maternidad constituye «un lastre para la mujer. Consideran que, para ser iguales que los hombres, tenemos que controlar totalmente nuestra fertilidad».
El profesor Navarro Valls denuncia que esta pretensión se ve avalada, a lo largo de todo el Proyecto, con «un empleo indiscriminado -por carente de toda precisión- de los vocablos derechos y libertades, calificándolos en algunos casos de fundamentales, como si se tratase de los que con tal carácter reconoce la Constitución», pero sin serlo en realidad. Así, sin explicitarla, se transmite la idea de que el aborto es un derecho incluido en los relativos a la integridad física, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, e incluso a la libertad ideológica. Ante la interpretación proabortista de estos derechos, cualquier otro ha de ceder. Ocurre, por ejemplo, con la misma libertad de conciencia del personal sanitario contrario al aborto. Según las últimas enmiendas, no podrán hacerlo los que tengan que participar sólo indirectamente en él; y quienes lo hagan, tendrán que notificarlo.

Imponer el sistema desde la escuela

Sin embargo, no se trata sólo de proclamar el derecho al aborto como condición sine qua non para que una vida sexual placentera y sin consecuencias sea posible, sino de fomentar todo el sistema. La alarma creada por los plazos o el aborto de menores ha hecho sombra, a veces, al hecho de que la primera parte de la ley trata de la salud sexual y reproductiva. En ella, se estipula que, dentro del sistema educativo, habrá que formar a niños y jóvenes en «el reconocimiento de la diversidad sexual, el desarrollo armónico de la sexualidad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la prevención de embarazos no planificados». También los futuros médicos y demás personal sanitario tendrán que formarse «con un enfoque de género», así como aprender a practicar abortos.
No se trata sólo, pues, de promover los anticonceptivos, cuya eficacia, dicho sea de paso, «no se ha logrado establecer claramente», como ha afirmado la Asociación de Bioética de Madrid la semana pasada en un informe. El proyecto va más lejos, entrometiéndose -continúa el mismo informe- en un ámbito, el de la vivencia sexual, que «no puede ser enseñado de modo neutral» y en el cual, por lo tanto, los poderes públicos no deberían entrar. En vista de esto, don Rafael prevé «una avalancha de litigios», similar a la que se ha dado ante otras leyes también «invasivas de la intimidad de los ciudadanos». Más difícil será, en cambio, solucionar el «sacrificio desproporcionado» y constitucionalmente inadmisible que, en su opinión, se produce al sacrificar la vida del no nacido a «deseos y pretensiones de carácter personal».