Los países que nos llevan la delantera

La Iglesia en Irlanda creó en 2011 –después de la carta de Benedicto XVI a los católicos irlandeses– Towards healing, un proyecto integral de escucha a las víctimas que ha preferido dejar en manos de una fundación privada, aunque es la Iglesia la que pone la financiación. Solo un año después de su creación tenía un programa de justicia restaurativa a través de encuentros de escucha entre los supervivientes y sus familias y representantes de la Iglesia católica y de las congregaciones religiosas.

Towards healing cuenta con una línea de atención telefónica atendida por expertos. Este teléfono se utiliza para establecer una relación de ayuda o, sencillamente, como instrumento para denunciar casos. También presta servicios de asesoramiento personal a las víctimas –tanto presencial como telefónico–, talleres prácticos y grupos psico-educativos.

En 2014, la Iglesia en Irlanda creó Towards peace, tras reconocer la necesidad de ayuda espiritual demandada por las víctimas. Este proyecto supone poner sobre la mesa que los abusos sexuales infligidos por sacerdotes y religiosos dañan la confianza en Dios y quiebran la fe de las víctimas.

Otro de los países a los que mirar es Francia. En la Asamblea Plenaria de marzo de 2016, los obispos franceses propusieron una serie de medidas que se implantaron a partir de junio. Su objetivo principal es que las víctimas «estén seguras de que serán acogidas, escuchadas y acompañadas», especifican. Para ello, crearon centros de escucha en cada diócesis, además de habilitar un espacio online en el que las víctimas puedan entrar en contacto con estos centros.

Otra de sus peticiones fue crear una comisión nacional de expertos liderada por un laico y una célula permanente de lucha contra la pedofilia, dependiente de la Conferencia Episcopal Francesa, que «actúa como intermediaria con las asociaciones de víctimas, trabaja en la formación pastoral y acompaña los centros de escucha».

Desde 2003 hay en la Conferencia Episcopal de Estados Unidos una oficina de protección a niños y jóvenes, una comisión para el estudio de la naturaleza y el alcance de los abusos y una comisión para el estudio de las causas. Además, en 2005, los obispos aprobaron un estatuto –revisado en 2011– que establece que «la primera obligación de la Iglesia en relación a las víctimas es la de la curación y la reconciliación. Esto incluye servicios de asesoramiento, ayuda espiritual o grupos de apoyo». Además, añade, «como parte de la asistencia pastoral, el obispo o su representante debe ofrecer reunirse con las víctimas y sus familias».