El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, encargado del control del CIE, emitió cuatro autos en los que reclama que se garantice la asistencia sanitaria y el derecho de asilo, que se informe previamente de las expulsiones y que los agentes lleven visible su identificación, tal y como ha informado las asociaciones Pueblos Unidos, Karibu y SOS Racismo Madrid.

En el primero de los autos, y ante los casos detectados de expulsiones sin previa notificación, el juez pide al director del CIE de Aluche que ordene el estricto cumplimiento de comunicar con al menos 12 horas de antelación –no cuentan las horas de la noche– la hora del vuelo en el que se materializará la deportación y, de este modo, se pongan fin a los traslados clandestinos al aeropuerto.

Para las citadas organizaciones sociales,  que trabajan con estos colectivos, «el incumplimiento de esta medida implica una vulneración al derecho de una defensa legal efectiva puesto que las personas no pueden realizar una llamada a su abogado e imposibilita que este último pueda realizar los trámites necesarios para garantizar su defensa».

Por otro lado, y tras la queja por parte de 100 internos, el juez pide en otro auto que se garantice la asistencia sanitaria mínima durante las 24 horas del día tal y como recoge el real decreto que lo regula. En esa queja también se pone de manifiesto que los agente no porta de forma visible su identificación e incluso se burlan de los inmigrantes que así se lo pide. Una petición que hace suya el juez y traslada al CIE.

El último auto reclama que se garantice el acceso al derecho de asilo y para ello ordena que se organice un sistema de registro para la presentación de solicitudes todos los días hábiles del año en un lugar concreto y señalizado del centro de internamiento. También que se entregue una copia sellada a las personas solicitantes, y se informe a todas las personas sobre los procedimientos para solicitar asilo y protección internacional mediante un boletín informativo traducido a todos los idiomas.

«El incumplimiento de la legalidad se produce de forma reiterada en los CIE condenando a la ciudadanía migrante a vulneraciones de derechos constantes además de someterla a la privación de libertad y a los procesos de expulsión que rompen sus historias de vida y dañan su dignidad. Reiteramos la importancia de un compromiso político por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones», concluyen desde Karibu, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid.