Preguntas y respuestas sobre la decisión del Tribunal de Cuentas de fiscalizar el dinero de la Iglesia - Alfa y Omega

Preguntas y respuestas sobre la decisión del Tribunal de Cuentas de fiscalizar el dinero de la Iglesia

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado su programa de fiscalización para el año 2018 en el que, por primera vez, incluye la auditoría de la financiación que la Iglesia Católica recibe del IRPF. Al hilo de esta decisión, Alfa y Omega ha elaborado un cuestionario para aclarar si son transparentes o no las cuentas de la Iglesia y si el tribunal tiene capacidad o no para fiscalizar el dinero que la Iglesia recibe de la renta

José Calderero de Aldecoa
Foto: Ernesto Agudo

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves su programa de fiscalización para el año 2018 en el que, por primera vez, incluye la auditoría de la financiación que la Iglesia Católica recibe del IRPF. Por medio de este acuerdo, el tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda fiscalizará el dinero recibido por la Iglesia Católica este año 2017.

Previamente a la aprobación de la decisión, desde Unidos Podemos habían afirmado que los ciudadanos «tienen derecho» a saber lo que se hace con los fondos que salen de la casilla del IRPF y que la Iglesia Católica debe ser transparente.

Al hilo de la afirmación de Unidos Podemos, en Alfa y Omega hemos elaborado un cuestionario para aclarar si son transparentes o no las cuentas de la Iglesia y si el Tribunal de Cuentas tiene capacidad o no para fiscalizar el dinero que la Iglesia recibe del IRPF. El cuestionario ha sido elaborado a partir de ESTE artículo de Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y de ESTE artículo de Silvia Meseguer, profesora titular acreditada de Derecho Eclesiástico del Estado. Universidad Complutense de Madrid.

¿Las cuentas de la Iglesia son transparentes?

La CEE siempre ha hecho todo lo que se le ha pedido en materia de transparencia y fiscalización. Hasta el año 2007 depositábamos en el Ministerio de Justicia, toda la documentación —hasta los justificantes bancarios—, de las cuentas de todo lo que recibía la Conferencia Episcopal. A partir de entonces, y en base al acuerdo que firmaron el Partido Socialista y la Santa Sede en el que se nos pidió que explicáramos bien a qué se destinaba el dinero, cuál era el servicio que la Iglesia estaba prestando a la sociedad, la Conferencia Episcopal empezó a hacer una memoria completa, revisada por una de las principales auditorias internacionales de más prestigio —y cuyo resumen presentamos a la sociedad—, y depositamos más de 500 folios en el Ministerio de Justicia, en la Dirección General de Relaciones con las Confesiones.

A pesar de esos 500 folios, los consejeros del Tribunal de Cuentas propuestos por el PSOE han sugerido en alguna ocasión que la información que aporta la Iglesia sobre sus actividades no es suficiente y que se limita a informar sobre el preparto territorial de los fondos…

Informamos del reparto, del destino de ese dinero, de cuánto va a actividades pastorales, cuánto va a actividad caritativa, cuánto va a mantenimiento de templos… y también de cuál es el retorno que tiene la sociedad de todo ese dinero.

¿Qué más información se aporta?

También informamos de como el hecho de mantener abiertos los bienes de interés cultural supone el 2,5 % del PIB de España; de cuánto estamos ahorrando a todos los españoles gracias a los colegios concertados; de la inmensa labor asistencial de la Iglesia.

Y si nos pide información más detallada, más allá de los 500 folios que ya entregamos, pues lo presentaremos, no tenemos ningún inconveniente. Queremos cumplir la legislación. Para nosotros la transparencia es nuestra razón de ser.

¿El Tribunal de Cuentas tiene capacidad para fiscalizar el dinero que la Iglesia recibe del IRPF?

El Tribunal de Cuentas tiene la capacidad de poder fiscalizar dinero público pero la asignación tributaria [a la Iglesia] es un dinero que no está decidido por el Gobierno. Son los contribuyentes los que deciden si la Iglesia recibe o no. Si ningún contribuyente decidiera marcar la casilla, la Iglesia recibiría 0 euros. Por eso, jurídicamente, la asignación tributaria es un concepto diferente del resto de las asignaciones.

Al hilo del acalorado debate sobre la obligación jurídica que podría tener la Iglesia de rendir cuentas por las cantidades de dinero que recibe a través de la asignación tributaria, conviene realizar dos matizaciones. En primer lugar, en relación a la naturaleza jurídica de la asignación tributaria. Recordemos que no se configura como un gasto determinado en los Presupuestos Generales del Estado, ni es propiamente dinero público similar a las entregas de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas que el Estado puede entregar a personas físicas o jurídicas y que, en todo caso, estarán sometidas a las normas generales de fiscalización. Por el contario, la asignación tributaria funciona como un supuesto de afectación parcial de rendimientos impositivos concretos, como una afectación de ingresos determinada por la voluntad de los contribuyentes, que se detrae de los ingresos que el Estado y las comunidades autónomas obtienen en su función recaudatoria a través del IRPF, con el objeto de garantizar el ejercicio colectivo de la libertad religiosa recogido en nuestra Constitución.

En segundo lugar, las entidades sujetas al ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas son las entidades del sector público estatal, autonómico o local. La Ley de Libertad Religiosa contempla la autonomía organizativa de las confesiones religiosas para organizarse de acuerdo con sus normas propias. De forma análoga, lo reconocen nuestro Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en relación a la contratación de los profesores de religión (Fernández Martínez contra España, 2014). Desde este enfoque, el reconocimiento del principio de autonomía implica el derecho de la Iglesia a poseer y a gestionar unos bienes sin injerencias innecesarias por parte de los poderes públicos, siempre, claro está, que se muestren dentro de la legalidad.