Abolir la prostitución - Alfa y Omega

Abolir la prostitución

No faltan argumentos para pedir la ilegalización de la prostitución, más cuando en muchos casos ni siquiera es consentida

Alfa y Omega
Foto: REUTERS/Tomas Bravo

El Arzobispado de Madrid ha anunciado una novedosa campaña para canalizar las denuncias ciudadanas por las octavillas con propaganda de servicios sexuales que continuamente se encuentran los conductores en sus coches y las familias en las aceras mientras pasean por las calles. Al margen de la incomodidad que puedan originar estas imágenes (habitualmente muy explícitas) en los padres con hijos, la diócesis advierte de que, «tras muchos de estos anuncios, se ocultan situaciones de explotación sexual, prostitución infantil y trata de personas». Desde hace años España encabeza los ranking europeos en tránsito de víctimas de trata por explotación sexual. De forma creciente, España es también el país de destino para esas chicas traficadas, algunas menores. Lo cual se explica por el boyante negocio de la prostitución, al que –según un estudio de la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida– han recurrido cuatro de cada diez varones en España. Otro reciente estudio, a cargo de la Universidad de Comillas, desvelaba que alrededor del 10 % de los clientes de prostitución han detectado casos de trata de menores pero optaron por no hacer nada. Se trata de un dato muy preocupante, porque muestra hasta qué punto está asimilado en nuestra sociedad que la mujer puede ser un simple objeto de usar y tirar.

Es necesario avanzar en esa concienciación social de forma simultánea a otro tipo de medidas frente a una práctica, para la que no faltan argumentos para pedir su ilegalización. El primero, la evidencia de que, si bien no todas las prostitutas son víctimas de trata, muchas sí lo son, una proporción más que suficiente para poner todo este sector bajo una estrecha vigilancia. La opacidad del negocio es otro factor a tener en cuenta, en consonancia con otros esfuerzos para combatir el fraude fiscal y el lavado de dinero. Pero sobre todo la prostitución atenta contra la dignidad de la persona, casi siempre de la mujer. En esta valoración no influye tanto si es consentida o no, como que atenta contra unos derechos fundamentales que, por definición, son irrenunciables. Una vulneración que, de forma escandalosa, nuestra sociedad sigue tolerando.