La ONU acusa a España de segregar a los alumnos con discapacidad intelectual en centros de educación especial

España incumple la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al mantener «un sistema paralelo» de educación especial para algunos de estos alumnos. Así lo pone de manifiesto un informe de expertos presentado este martes en Ginebra (Suiza), elaborado en respuesta a las quejas de una organización española de personas con discapacidad. En este documento, la ONU insta a España a asegurar una educación inclusiva para todos los alumnos con discapacidad y acabar con el sistema de centros especiales.

Se critica que, pese a haber suscrito la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, España mantiene provisiones legales que perpetúan estos dos sistemas separados, lo que viola el espíritu del tratado. «La persistencia de dos modelos es incompatible con el derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades», señala el informe, que reclama un sistema único, en el que cada estudiante reciba los apoyos que precise.

Además se pide un plan nacional para garantizar la inclusión educativa elaborado con las organizaciones del sector, y agrega que aquellos chicos que son enviados al sistema de educación especial permanecen al margen de la vida escolar ordinaria primero, y del mercado convencional y de la vivienda después (la gran mayoría terminan en residencias). Además, el informe denuncia que una vez abandona el sistema ordinario, el alumno con discapacidad no puede volver.

Investigación en España

En 2017, el vicepresidente del Comité de la ONU para las Personas con Discapacidad, Coomaravel Pyaneandee, y Carlos Parra Dussan, miembro de este organismo, viajaron a España para realizar este informe tras las quejas recibidas.

Durante los meses de enero y febrero visitaron Madrid, León, Valladolid, Barcelona, Sevilla y Málaga, donde se reunieron con funcionarios de las administraciones central y autonómicas, asociaciones del mundo de la discapacidad, miembros de otras ONG, juristas, académicos e investigadores. El informe presentado este 29 de mayo es fruto de esas entrevistas privadas.