Parados que trabajan gratis para la Administración pública - Alfa y Omega

Parados que trabajan gratis para la Administración pública

Se llama trabajo de colaboración social y consiste en hacer jornadas de ocho horas, sin cotizar, y cobrando el propio paro. «Un voluntariado obligatorio», lo define Irene, trabajadora social que ha sido llamada a filas en Madrid. Defiende un trabajo digno es el lema de la jornada convocada este domingo por la Iglesia en Madrid

Cristina Sánchez Aguilar
Más de 2.000 parados están siendo seleccionados en la Comunidad de Madrid para hacer trabajos de colaboración social

María es trabajadora social, y está en el paro desde enero. «Trabajaba en una ONG en la que me hicieron un contrato de media jornada, aunque en realidad mi jornada era a tiempo completo, pero claro, sin cotizar esas horas en la Seguridad Social, y sin cobrar el sueldo completo», explica. Quince días después del fin de su contrato, recibió una llamada de una Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. Tenía que presentarse inmediatamente en una agencia de contratación de la zona de Carabanchel. En la preselección había 25 personas como María. Seleccionaron a 15. En la segunda entrevista, le contaron que iba a formar parte del programa de Colaboración social de la Comunidad, y que tenía que ir cada día hasta la Cañada Real para participar en un proyecto de intervención socioeducativa. Ocho horas al día, y una fecha límite: terminaría el trabajo cuando dejase de cobrar el paro. «Nos dijeron que nos pagarían un 30 % de nuestra base de cotización. Yo, como figuraba en mi anterior trabajo como una empleada a media jornada, no cobraría ni 200 euros. Y sólo el abono transporte me cuesta 72», explica la mujer. Es decir: si María cobraba 600 euros en su puesto de trabajo, ahora cobraría 420 euros de paro –el 70 %– y 180 euros más –el 30 %– por ir a trabajar 8 horas al día. Dijo que no. Y espera con miedo una sanción, porque, en teoría, es obligatorio aceptar. Aunque, de momento, no ha recibido ninguna notificación.

Irene, de 35 años y madre de familia, es educadora social. Ha vivido años de suplencias, de trabajos de media jornada de lunes a domingo por 500 euros. También ha aceptado empleos con períodos de prueba de un año, en los que terminaron por no renovarla para ahorrarse la indemnización. Hace unas semanas finalizó una sustitución. A los pocos días, recibió la llamada de la Comunidad de Madrid para, como dice ella, «hacer una suplencia gratis o un voluntariado obligatorio. Trabajas para cobrar tu propio paro, pero sin ningún tipo de vinculación laboral, ni derechos de Seguridad Social. Tampoco cotiza para la jubilación». Eso sí, cuando vas a hacer la Declaración de la Renta, aparece que tienes dos pagadores. Irene también ha dicho que no. «Estoy esperando que me sancionen», afirma, y añade «lo indignante que es pensar en reivindicar derechos laborales para la población con la que trabajo, cuando yo misma estoy peor».

Fórmula en vigor desde 1982

Esta fórmula no es nueva; se recoge en el ordenamiento español desde el año 1982, aunque ha sido muy poco utilizada. Según recoge Infolibre, en 2012 había, en varios Ayuntamientos asturianos, cerca de 200 personas trabajando según este régimen, la mayoría mayores de 50 años. También señala que el Ayuntamiento de Murcia es uno de los principales usuarios de la fórmula, con cerca de 2.000 empleados en régimen de Colaboración social. Según Comisiones Obreras, sindicato que ha liderado las denuncias contra este sistema, fue a partir de 2013 cuando Madrid decidió fomentar la colaboración social en sus municipios. Entre los llamados a filas, abundan trabajadores y educadores sociales, bibliotecarios y jardineros, que dejan de figurar como parados en las listas del INEM.

Ibrahim, senegalés, trabajó gratis en 2010 para un Ministerio y así anular su orden de expulsión

La Comunidad de Madrid califica este programa como «un trabajo temporal mientras el parado acumula experiencia y mejora su formación, a cambio de un complemento económico a su prestación por desempleo» –léase literalmente en un comunicado de dicha Comunidad Autónoma recogido por la Agencia Efe y Europa Press en diciembre de 2014–. En dicho comunicado, se advierte de que, durante 2015, más de 2.000 parados serían seleccionados para entrar a formar parte del programa. La iniciativa, que forma parte del II Plan de empleo regional 2014/2015, cuenta con un presupuesto de 9,5 millones de euros, que se han repartido en 117 municipios de los 123 que hay en todo Madrid. Algunos lo han rechazado de pleno, como Parla o Fuenlabrada, y otros, como el de Valdemorillo, permiten que sean los propios trabajadores en paro los que voluntariamente se inscriban para realizar estos trabajos. Según Comisiones Obreras, la regulación es tan exigua que está dando lugar a que las Administraciones públicas estén realizando interpretaciones de la ley abusivas sobre los derechos de los trabajadores desempleados. «Si la Administración pública me trata así, ¿qué podré esperar de una empresa privada?», se pregunta María; «me siento indefensa». Cáritas Española lleva años pidiendo a las Administraciones que velen por la calidad y dignidad del empleo de los españoles, pero la realidad es que, no sólo no lo hacen, sino que están recurriendo a prácticas abusivas.

El trabajo en España

Ibrahim, senegalés de Lavapiés, recibió una carta de los juzgados de Plaza de Castilla. Era 2010, última etapa del Gobierno Zapatero. Le decían que tenía que presentarse en un puesto de trabajo para un Ministerio, y así permutar una multa económica que le habían impuesto por no tener papeles y contar con varias órdenes de expulsión. Ibrahim aceptó, y estuvo «un año entero trabajando cuatro horas al día gratis en el jardín del Ministerio. Barría, recogía las papeleras, regaba…», explica a Alfa y Omega con su todavía incipiente español. Una situación que, según fuentes consultadas por este semanario, no es una tendencia, aunque tampoco un caso aislado. Un año antes, Ibrahim trabajó en un restaurante, por 500 euros al mes, para cocinar, limpiar, fregar, cargar… y todo lo que surgiera durante jornadas de más de 12 horas. Y sin contrato, claro. Ahora trabaja para un español que le paga 30 euros al día por cargar muebles en mudanzas.

Ana trabaja en la sanidad pública: «Estoy contratada de forma temporal. A mediados de enero, nos llamaron con ocasión de la epidemia de la gripe, y nos van renovando por períodos de 15 días, de un mes. No sé si dentro de tres días trabajaré o estaré en el paro, pero tengo 51 años y una familia que depende de mis ingresos», explica.

Los dos hijos y la mujer de Miguel también dependen de su padre, taxista, que gana una media de 700 euros al mes. «Mi marido se pasa jornadas de 16 horas en el coche, paga el gasoil de su bolsillo, y de lo que produce, sólo percibe el 35 % del salario. El resto, va para el dueño del taxi», afirma su mujer. Y día que no va a trabajar, día que no cobra. Si restas el alquiler de 500 euros…, quedan 200 para pagar facturas, comer, y educar a los pequeños. «Todo esto aderezado con mensajes de móvil en los que su jefe le coacciona para que haga más horas, y produzca más», añade.

Defiende un trabajo digno

Cáritas Madrid, Justicia y Paz y Hermandades del Trabajo han organizado para este domingo, 19 de abril, la Campaña contra el paro 2015, que precisamente lleva el lema Defiende un trabajo digno. El motivo es que, «cada día, llegan realidades –como las de Ana, Ibrahim o Miguel– que nos han hecho dar la voz de alerta. Por ejemplo, es muy común que lleguen personas con trabajos de 40 horas a la semana y sueldos de salario mínimo interprofesional con los que una familia no puede vivir de ninguna manera», señala Julia Íñigo, subdirectora del Servicio diocesano de Empleo. Lo peligroso, añade, «es que, con motivo de la crisis, hay mucha gente desesperada que trabaja en lo que sea». En lo que sea, recalca Ignacio María Fernández, Consiliario de Justicia y Paz Madrid: «Nos llegan personas que cobran a 1 euro y medio la hora, incluyendo horarios nocturnos y festivos. Otros trabajan en casas durante 12, 24 o 36 horas seguidas, y ni siquiera los empleadores les dejan ducharse. Recuerdo concretamente una mujer que, con la liberalización de horarios, sólo puede estar con su hija un domingo de cada tres». Y lo que es aún peor, añade: «Gente que llama a la parroquia pidiendo una chica para limpiar la casa que sea específicamente latinoamericana, que, dicen, hay que pagarlas menos».

Por eso, estas tres organizaciones denuncian en esta Campaña las condiciones de los trabajadores, ponen todos los medios para dar respuesta –como bolsas de trabajo, orientación y formación para el empleo y un largo etcétera– y piden «a la clase política una responsabilidad mayor de buscar consensos, acuerdos y pactos en bien de un proyecto común, que tengan como centro la persona, no la economía», como señala Fernando García, desde Hermandades del Trabajo.

Pero también hay una tarea personal, añade Julia Íñigo: «Si conocemos a gente que busca trabajadoras del hogar por precios irrisorios –o nosotros mismos–, o vemos carteles de trabajos en condiciones indignas, hay que denunciarlo». Y concluye: «En Madrid, cada vez hay más trabajadores pobres que, en cuanto pagan la vivienda, se quedan sin dinero para suministros y alimentación». Sólo el año pasado, en materia de vivienda, se atendieron desde Cáritas Madrid a más de 15.700 personas.