En la frontera

El pasado septiembre, el profesor universitario y exmilitar David García ganó las primarias demócratas para presentarse a gobernador de Arizona, uno de los últimos territorios que se incorporó a EE. UU. allá por 1912. Hasta entonces, había pertenecido a España y, brevemente, a México, aunque una parte del territorio se convirtió en estadounidense a mediados del siglo XIX.

De sus casi siete millones de habitantes, un 30 % es de origen latino –como el propio García–, y comparte una frontera de 700 kilómetros con México. Si a eso sumamos los indocumentados, en Arizona viven unos 2,4 millones de hispanos.

Las elecciones son en noviembre y el candidato demócrata rechaza una legislación estatal que favorece la explotación laboral de ilegales con miedo a ser deportados. Lo mismo ocurre con los que necesitan asistencia médica o los que sufren robos.

Del otro lado está la mayoritaria población blanca, que se siente amenazada por los diferentes, es decir, latinos e indios (el 10 % de la población). Trump lo aprovechó en 2016 para ganar en Arizona, donde el actual gobernador también es republicano. A su favor hay un dato incuestionable: cada día se arrestan unos cien ilegales en Arizona –una cifra que ciertamente no se puede ignorar– y la criminalidad crece lentamente, sobre todo en zonas urbanas.

García asegura que EE. UU. debe aceptar a los inmigrantes capacitados para trabajar en el país (con un oficio, que sepan inglés…) e insiste en que la educación debe ser pública, bilingüe y contar con más dinero. Solo así podrá integrar a los menores que llegan o nacieron ilegalmente en el país. Como pedagogo (es doctor por la Universidad de Chicago), el político demócrata conoce bien las demandas educativas y denuncia que aún haya 13.000 menores tutelados (unos 150 bebés) por el Gobierno federal sin permitir que se reúnan con sus familiares. ¿Por qué? Según la organización Unidos US esta crisis permitirá aumentar las partidas destinadas a reforzar la frontera sur.

El discurso de García se debilita cuando le recuerdan que la actual legislación migratoria la impulsó Clinton o que Obama ha sido el presidente –con diferencia– que más personas deportó. Él responde que todo se hizo respetando los procedimientos legales, pero no entra al fondo del asunto.

El rival de García es el actual gobernador, Doug Ducey, un empresario católico y antiguo alumno de los jesuitas. Cercano al recién fallecido senador McCain, apoya el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México y se opone a la subida de aranceles de Trump. Ducey ha criticado la separación de menores y las redadas de ilegales en las parroquias, pero también –con razón– a las mafias que trafican con seres humanos y la irresponsabilidad de los adultos que viajan con niños dispuestos a quebrantar las leyes norteamericanas. Su electorado espera dureza en la frontera y, en caso de necesidad, actuar preventivamente. El gobernador republicano ya ha demostrado que no tiene reparos en hacerlo.

Como señala la Conferencia de Obispos Católicos, en la raíz de este asunto está el miedo. El miedo de todo el mundo. Unos, a ser deportados. Los otros, a ser invadidos. El problema va para largo.