Los jesuitas denuncian graves vulneraciones de los derechos humanos en la frontera sur

Centrado en Melilla, un territorio europeo singular al compartir frontera con África, el informe documenta las experiencias del SJM atendiendo a personas «atrapadas en un laberinto, en parte físico y geográfico pero también en una maraña normativa y administrativa que frustran la regularización de sus proyectos migratorios».

Sacar del laberinto aborda aspectos sensibles de los procesos migratorios: las devoluciones sumarias en la frontera, la confusión reinante en las aguas fronterizas y los problemas a los que se enfrentan los migrantes una vez en Melilla. Asuntos que Josep Buades, coordinador del equipo Frontera Sur del SJM, ha subrayado durante la presentación de este informe, asegurando que «cuanto más se está presente y más se observa, más se responde desde la administración cumpliendo procedimientos y ganando pequeños espacios de transparencia».

El uso cotidiano de una fórmula en entredicho

Entre los abusos que señala el informe, destaca «la práctica constante de las devoluciones sumarias». Estas acciones, frecuentes en Ceuta y Melilla, han provocado el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos. De hecho, según recoge Sacar del laberinto, España tiene diferentes condenas por realizar expulsiones colectivas de inmigrantes sin estudiar sus casos previamente, negarles un traductor y ocultarles sus derechos de asilo.

Además, debido a la inmediatez de las popularmente conocidas como «devoluciones en caliente», los inmigrantes expulsados son privados de los recursos necesarios para interponer una denuncia, lo que también le ha costado otra condena al país. «No puede ser que el Ministerio del Interior esté violando la ley porque es quien nos hace cumplirla a nosotros y como sociedad no podemos tolerarlo», denuncia Josep Buades.

La frecuente repetición de estos casos está en el origen de la Red eclesial Migrantes con Derechos, que formada por Cáritas española, Justicia y Paz, y CONFER, defiende los derechos de los migrantes. Para ello se ha implicado activamente en la derogación de la Disposición Adicional Décima de la LOEX que permite las devoluciones sumarias en Ceuta y Melilla.

¿De quién son responsabilidad las aguas costeras?

Otro de los temas que aborda Sacar del laberinto es la falta de garantías en materia de derechos humanos a las que se enfrentan los ocupantes de las embarcaciones que llegan a Melilla y el debate por las aguas territoriales que pone en riesgo su vida. «Alternativamente y según convenga, en las operaciones de policía, se opera en las aguas como si fuesen jurisdicción española o no», señaló Josep Buades.

El informe documenta la persecución que sufrió una patera por una lancha de la Gendarmería Real marroquí que pretendía remolcarla a la costa desde la que partía. Presos del pánico, varios ocupantes se lanzaron al mar confiando en ser salvados por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, quienes acudieron en su rescate al comprobar la inacción de la Gendarmería Real y sin tener ninguna certeza de si operaban en aguas marroquíes o españolas. Fruto de la confusión, la embarcación de los inmigrantes zozobró mientras la Gendarmería Real la remolcaba, lo que arrastró a siete mujeres a la muerte.

«Cuando le preguntamos por el tema, a la delegación del gobierno no le constaban esas muertes, pero a nosotros sí», denuncia Buades. Ante incidentes como este, el informe de SJM pide un protocolo claro de actuación, pues «la indefinición de límites impide precisar si una embarcación que se acerca a costas de Melilla ha entrado en territorio español». Además, recalca que «si no está perfectamente definida la jurisdicción sobre aguas de Melilla, debe hacerse primar el criterio de salvar vidas, al menos, de no ponerlas en mayor peligro».

Los problemas no acaban en tierra

Después de recorrer el continente africano y saltar la valla o desembarcar en las costas de Melilla en un cayuco, aún queda un calvario para las personas que emigran a esta ciudad. A pesar de tener derecho a solicitar asilo en territorio español, «en las comisarías de policía rehúsan tramitar solicitudes de asilo», denuncia el informe.

También son dramáticas las experiencias de los migrantes recluidos en cualquier Centro de Estancia Temporal de Extranjeros. Durante la presentación de Sacar del laberinto, María Vieyra, abogada del equipo Frontera Sur del SJM, ha asegurado «tener muchos testimonios que denuncian hacinamiento, insalubridad e incluso malos tratos».

Además, el informe también denuncia que, en aras de evitar el tráfico de personas, los menores son separados sistemáticamente de sus padres y alojados en centros de acogida en los que tienen que esperar varios días hasta que les permiten realizar una prueba de ADN que demuestre su parentesco. «Constatamos muchos menores que están siendo como adultos y a los que se le aplica la ley de extranjería en vez de la ley para la protección de la infancia», protesta la abogada.

Atrapados en Melilla

Los problemas de los migrantes no acaban aquí. Una vez han conseguido registrar su solicitud de asilo, «es una práctica generalizada que el Ministerio del Interior incluya en sus tarjetas rojas una inscripción que dice solo “válido en Melilla”», señala Vieyra.

Este procedimiento, terminantemente prohibido en el resto de España, aún se mantiene en Ceuta y Melilla, ciudades que ostentan un régimen especial. Como resultado, la prohibición de moverse libremente «genera dolor e incertidumbre en las personas que se ven obligadas a permanecer contra su voluntad en la ciudad autónoma», se lamenta Vieyra.

Estas restricciones han provocado la reacción de diferentes instituciones judiciales. El pasado 20 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid publicaba una sentencia al respecto. Según el fallo, la situación de los demandantes de asilo en España queda regularizada una vez su solicitud haya sido registrada y consigan la tarjeta roja. Por tanto, la prohibición de desplazarse atentaría contra el derecho a la libre circulación recogido en el artículo 19 de la Constitución.

No es la primera decisión judicial de este tipo, pues el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha publicado sentencias similares en los últimos años. Al comentar estas sentencias, desde el Servicio Jesuita a Migrantes afirman que esperan que el Comisario General de Extranjería y Fronteras las sentencias y modifique su política migratoria.