Mayores plazos de prescripción y menor exposición de la víctima

Una de las víctimas colaterales de la disolución de las Cortes fue el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, que no llegó a ver la luz verde. «Todos los grupos fueron muy empáticos en la tramitación de una ley que se venía reclamando desde hace muchos años y con la que se puede dar un paso muy importante a la hora de tratar problemas que van desde la pobreza infantil, a la defensa de las víctimas menores», afirma Juan Cuatrecasas, abogado de formación y diputado del Grupo Socialista por La Rioja. Su intención es ahora aprovechar este contratiempo para mejorar algunos aspectos, siempre «de forma coordinada con mi grupo parlamentario y con el consenso de los grupos».

Entre sus objetivos figura una mención explícita a la Iglesia y a otros ámbitos en los que se producen los abusos, un tema que «en el anteproyecto no aparece para nada», y que aportaría una base para ahondar después en las especificidades de los abusos en cada contexto, para incluir una serie de «medidas de acompañamiento».

Simultáneamente, el presidente de Infancia Robada se propone impulsar cambios en el Código Penal en lo que respecta a la prescripción de estos delitos, ampliándolos hasta que la víctima cumpla los 55 años, o bien 65 en los casos más graves. «Es verdad que la imprescriptibilidad completa plantea dudas constitucionales, porque nuestro sistema es muy garantista, pero creemos que los plazos son demasiado cortos», dice. Todo ello –matiza– iría acompañado de nuevas terapias para los victimarios en prisión para intentar su rehabilitación, a la vez que, tras el cumplimiento de la condena, se establecerían medidas para impedir que entren en contacto con menores.

Las propuestas de Infancia Robada afectan también al enjuiciamiento criminal. «Basándonos en el derecho comparado», dice Cuatrecasas, «reivindicamos que, a nivel judicial, los informes de los facultativos tengan un mayor peso. A veces es triste comprobar cómo, incluso con una acreditación pericial, nuestro sistema jurídico toma al 50-50 el relato de la víctima y del agresor. Cuando se trata de menores, como han reconocido sentencias del Constitucional y del Supremo, el relato de la víctima debería ser prueba por sí misma si viene avalada por los informes de un facultativo», considera.

«A mi hijo, en el juicio, se le sometió por parte de los jueces a interrogatorios muy duros, y su caso no es excepcional», añade Juan Cuatrecasas. «Fue un sufrimiento innecesario, tuvo que relatar demasiadas veces lo que le había ocurrido, y lo sentía como que le estaban hundiendo el cuchillo cada vez más en el corazón. Lo pasó muy mal. Después de dar testimonio, estuvo una semana en casa con la espalda totalmente rígida, medicado y con unos dolores muy fuertes. Estos procesos suponen una revictimización salvaje para las víctimas, habría que darles otro giro».