El diálogo y la celebración de «nuevas elecciones, transparentes y confiables» son los dos factores que señalan «el mejor camino para superar las diferencias en forma democrática y pacífica» en Bolivia. Se lee en el comunicado en el que la Conferencia Episcopal del país convocaba, junto con Naciones Unidas y la Unión Europea, el proceso de diálogo y pacificación que comenzó el lunes.

Esta mesa, a la que están invitados representantes del Gobierno provisional y saliente, los partidos políticos y los representantes de la sociedad civil, tiene tres objetivos: pacificar al país, donde los altercados por la renuncia y huida de Morales ya han causado al menos una veintena de muertos; definir acuerdos para la convocatoria de nuevas elecciones generales y alcanzar un consenso para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Tres objetivos hacia los que el Gobierno provisional encabezado por Jeanine Áñez no parecía avanzar.

«El sistema de las Naciones Unidas busca apoyar los esfuerzos por pacificar la situación en Bolivia. Este lunes se anunciaron el comienzo de un diálogo nacional y el despliegue de una misión de derechos humanos que investigará los hechos de violencia registrados recientemente en ese país», apuntó la misión de la ONU en Bolivia. Está al cargo de Jean Arnault, enviado personal del secretario general de la ONU para el país.

23 fallecidos y más de 700 heridos

Al mismo tiempo, el lunes también se supo que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha desplegado un equipo en Bolivia para «esclarecer los hechos de violencia», según informa la Oficina para América del Sur de la agencia que dirige la expresidenta chilena. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 23 el número de muertos y a 715 el de heridos.

Entre ellos se encuentran nueve partidarios de Morales fallecidos el viernes en choques con policías y militares, y cuya autopsia desveló que habían muerto por disparos de arma larga.

En este contexto, continúan las críticas al decreto del nuevo Gobierno «que promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas». El lunes, Amnistía Internacional exigió que sea derogado inmediatamente y que se detengan las violaciones a los derechos humanos. De lo contrario, el Ejecutivo provisional que lidera Áñez deberá «atenerse a rendir cuentas».

Foto: Jorge Berna

La pacificación empieza en las declaraciones

Ante la incapacidad de frenar los enfrentamientos, también los obispos, en su comunicado, pedían «a los medios de comunicación y líderes de opinión bajar el tono de las declaraciones públicas para facilitar el diálogo y entendimiento entre todos».

Desde México, donde solicitó asilo político, el expresidente Evo Morales reclamó el domingo un «gran diálogo nacional» y abrió la puerta a la presencia de alguno de los tres mediadores que, finalmente, lanzaron la convocatoria el lunes: la ONU, Bruselas y la Iglesia. En entrevista con EFE, Morales aseguró tener «mucho miedo» a que la crisis desembocara en una guerra civil, y pidió diálogo y que sus seguidores no recurran a la violencia.

Crisis política

Las protestas en Bolivia estallaron tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, en las que Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un «fraude gigantesco». La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo una auditoría del proceso electoral en la que halló «irregularidades».

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y huyó a México, donde está en calidad de asilado político. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por el líder indígena y la renuncia de otros altos cargos.

Ni Morales ni sus seguidores reconocen a Áñez porque consideran que su estancia en el Palacio Quemado es fruto de un «golpe de Estado». Ella, por su parte, ha aseverado que solo estará en el cargo el tiempo necesario para convocar nuevas elecciones.