«No es fácil entender» que el Gobierno no derogue la ley del aborto

Los obispos españoles se encuentran reunidos en Madrid hasta el viernes 19, para celebrar su primera reunión en Asamblea Plenaria de 2013. Este nuevo pleno de los Obispos alcanza ya su reunión número 101.

En el discurso inaugural, el presidente de la CEE, el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, abordó los problemas del presente en España, y la responsabilidad de los católicos. El cardenal se refirió a los duros efectos de la crisis económica, al problema de la vivienda. E insistió en que persiste en nuestra sociedad una desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y se mantiene una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta.

Derogación de la ley del aborto

«Lamentablemente hemos de constatar que los problemas sociales a los que nos referíamos en la inauguración de la última Asamblea Plenaria siguen vivos», dijo el cardenal Rouco. «Persiste la crisis económica con su cortejo de paro –especialmente de desempleo juvenil– y de falta de medios para hacer frente a los compromisos contraídos en la adquisición de viviendas o a la debida atención a los ancianos y a los emigrantes. Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de protección adecuada para la familia y la natalidad, en especial, para las familias numerosas. La calidad de la enseñanza sigue dejando mucho que se desear, siendo así que de ella depende en tan gran medida el futuro de la sociedad».

El Presidente de la CEE lamentó que los pasos dados en los últimos meses «hacia la resolución de estos graves problemas» resulten «todavía insuficientes». Y se extendió, en particular, sobre la ley del aborto de 2010, que el PP se había comprometido a derogar: «No es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de Ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en las primeros estadios de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho fundamental. Durante los años de vigencia de la actual legislación, que se basa en el absurdo ético y jurídico de que existe un derecho de alguien a quitarles la vida a los seres humanos que van a nacer, en contra de lo que falazmente se había afirmado, el número de abortos ha seguido creciendo hasta alcanzar cifras escalofriantes. Es urgente la reforma en profundidad de la legislación vigente. Se ha de poner coto cuanto antes a este sangrante problema social de primer orden. No solo con medidas jurídicas proporcionadas a los bienes que se hallan en juego, sino también mediante la protección de la maternidad y el fomento de la natalidad. ¡España envejece y se debilita! Pero aunque no fuera así, una conciencia moral y cívica madura no puede permanecer impasible ante la conculcación legalmente amparada del derecho a la vida de un solo ser humano».

Derecho a ser marido y mujer

También pidió una urgente «reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa; se trata de recuperar una definición legal de matrimonio que no ignore la especificidad de una de las instituciones más decisivas para la vida social; se trata de proteger adecuadamente un derecho tan básico de los niños como es el de tener una clara relación de filiación con un padre y una madre, o el de ser educados con seguridad jurídica como posibles futuros esposas o esposos. El legislador, también después de la sentencia del Tribunal Constitucional a este respecto, es libre de legislar de modo justo reconociendo esos derechos de los ciudadanos y, en particular, de los niños. No se trata de algo que supuestamente afectara solo a la vida privada de las personas. Está en cuestión la estructuración básica de la vida social. Sobre el gobierno y el legislador recae en este campo una grave responsabilidad propia y cierta, que no puede ser transferida ni eludida».

Libertad de enseñanza

Con respecto a la reforma educativa, el cardenal Rouco afirmó que «se espera todavía una legislación más justa en lo que se refiere a la libertad de enseñanza y, en concreto, al efectivo ejercicio del derecho fundamental que asiste a los padres en la elección de la formación ética y religiosa que desean para sus hijos. El deterioro progresivo de la situación a este respecto, junto con la imposición de materias impregnadas de relativismo e ideología de género -imposición vulneradora del mencionado derecho fundamental- constituye, sin duda, una de las razones básicas del deterioro de la enseñanza en general y de que buena parte de la juventud se halle tan carente de la formación humana necesaria para afrontar con éxito la vida personal, laboral, social y política».

Tensiones sociales

Otro asunto que preocupa a los obispos son «las tensiones sociales» que se incrementan debido a la crisis. «Es verdad que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos siguen mostrando un admirable espíritu cívico que se muestra en la disposición a asumir sacrificios y a colaborar en la solución de los problemas que sufren las administraciones públicas, las empresas y las familias», dijo el cardenal Rouco. «Sin embargo, es necesario vigilar para que el delicado equilibrio de la paz social no sufra graves alteraciones que tendrían consecuencias negativas para todos. En particular, hemos de estar atentos a que no padezcan detrimento los bienes de la reconciliación, la unidad y la primacía del derecho, que se han podido tutelar en estos años de un modo suficiente, al amparo de las instituciones y mecanismos previstos en la Constitución de 1978, y con notable beneficio para el bien común. Nadie debería aprovechar las dificultades reales por las que atraviesan las personas y los grupos sociales para perseguir ningún fin particular, por legítimo que fuere, que perdiera de vista los mencionados bienes superiores. Menos aún se podrá tolerar que tales conductas particularistas fueran realizadas por medios contrarios a los derechos fundamentales de nadie y a la legalidad vigente», dijo, en lo que se puede interpretar como una referencia a los llamados escarches.

Católicos en la vida pública

En la situación de dificultad que atraviesa España, «una de las formas de responder a la vocación cristiana y a la llamada universal a la santidad, particularmente en el caso de los fieles laicos, es la de la participación en la acción social y política», dijo. «Hay incluso santos canonizados cuya principal actividad en el mundo ha consistido precisamente en una generosa dedicación a las actividades sociales, políticas y de gobierno. En este campo, la Iglesia declara que no es tarea suya formular soluciones concretas -y menos todavía soluciones técnicas- para los problemas de orden temporal. Por eso, es legítimo el pluralismo social y político entre los católicos».

Pero «el pluralismo legítimo no debe ser confundido con el relativismo», advirtió, por lo cual, los laicos están obligados a formarse adecuadamente, sabiendo especialmente que hay materias que no admiten compromiso alguno.

Además de la participación en política, el Presidente de la CEE destacó otras formas de presencia en la vida pública, comenzando por el «ejercicio honrado y laborioso del propio trabajo o profesión», «los deberes para con la familia y de la solidaridad práctica con los más desfavorecidos». De modo particular, el cardenal Rouco agradeció «el trabajo de los voluntarios que dedican su tiempo a las obras por las que diversas instituciones de la Iglesia asisten a los necesitados y a los más afectados por al crisis».