Entidades provida ofrecen al Gobierno una Ley de protección a la maternidad - Alfa y Omega

Entidades provida ofrecen al Gobierno una Ley de protección a la maternidad

El Foro Español de la Familia y la Fundación RedMadre han presentado sus alegaciones a la reforma de la ley del aborto. La principal novedad de su análisis es que va acompañado de un proyecto de ley de protección a la maternidad completamente desarrollado y articulado. También exigen que los informes los hagan médicos de la Sanidad Pública, que no se permita el aborto eugenésico en ningún caso y que no se financien los abortos con fondos públicos

María Martínez López
Foto: Pixabay.

El Anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer es «un primer paso —insuficiente, pero relevante— para conseguir llegar al objetivo para nosotros irrenunciable: un país sin abortos, una nación con leyes que protejan siempre y sin excepción alguna la vida del aún no nacido y el derecho de toda mujer a ser madre». Con estas palabras ha descrito Benigno Blanco la reforma del aborto. Lo ha hecho en la rueda de prensa de prensa en la que esta entidad, junto a la Fundación RedMadre, ha presentado este miércoles las alegaciones al anteproyecto que entregaron ante el Ministerio de Justicia la semana pasada.

«Este anteproyecto -explicó Blanco- no es el proyecto del Foro de la Familia ni de la Fundación RedMadre, pero es un paso adelante muy importante en la buena dirección. Valoramos positivamente que derogue la ley de 2010 íntegramente, que suprima el llamado sistema de plazos, que restablezca la protección de los portadores de minusvalías frente al aborto eugenésico, que exija más seriedad en la comprobación del supuesto terapéutico, que proteja la objeción de conciencia del personal sanitario, que establezca un sistema de información y asesoramiento a la mujer embarazada en clave de protección a la vida del no nacido, que vuelva a proteger a las menores de edad frente al aborto restableciendo la presencia y derechos de los padres». Sin embargo, todavía puede ser mejorado en el trámite de consultas.

Funcionarios públicos, para evitar el fraude

La primera de las mejoras que piden estas dos entidades provida es que los médicos que emiten el informe previo para el aborto terapéutico sean funcionarios públicos y, en el caso del supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre, se especifique que sean psiquiatras, no psicólogos. Este supuesto fue el alegado mayoritariamente entre 1985 y 2010, por lo que en él «el legislador debe ser más cuidadoso», subrayan las alegaciones. Si el dictamen no se pone en manos de funcionarios, «se favorecería la creación de consultas que tendrían como único fin dictaminar a favor del riesgo psíquico», lo que facilitaría el fraude de ley preexistente. «En esta indicación está en juego la eficacia real de la ley».

Una segunda petición es que no se permita el aborto eugenésico en ningún caso, ni siquiera en el caso de anomalías incompatibles con la vida. «No dejan de ser —explican— casos de enfermedades del feto que no le deben privar de derecho a la vida» que reconoce el anteproyecto. Exigen también que se elimine el aborto de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, ya que «no está justificada la financiación pública de la destrucción de un bien protegido por la Constitución», aunque esta conducta no sea punible.

Además, el Foro de la Familia y RedMadre rechazan que se exija al personal sanitario que declare ser objetor de conciencia al tomar posesión de su plaza. Esta declaración previa puede ser contraria al artículo 16.3 de la Constitución, que señala que nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias. También se debe permitir la objeción de las personas jurídicas, como aquellas instituciones sanitarias con un ideario que rechaza el aborto. Otra de las propuestas pretende incorporar a la ley un nuevo artículo, que prevea que la Inspección de Sanidad realice un seguimiento permanente de los abortos tanto en los centros privados como en los públicos, y se haga un informe trimestral.

Una completa propuesta de ayuda a la mujer

La quinta petición de estas dos entidades es la que más han desarrollado: la exigencia de que la ley de reforma del aborto incorpore, como figuraba en el programa electoral del PP, una regulación de políticas activas de apoyo a la maternidad. De hecho, ellas mismas han puesto sobre la mesa del Gobierno el texto completamente desarrollado de un posible proyecto de ley de protección a la maternidad, que «debería aprobarse y tramitarse en paralelo al anteproyecto», ha afirmado Carmina García Valdés, Directora General de la Fundación RedMadre.

El objetivo de esta ley es —en palabras de García Valdés— «la creación de un marco legal adecuado para la protección del derecho de la embarazada a ser madre y el establecimiento de una serie de actuaciones por parte de los poderes públicos que tengan como elemento nuclear la ayuda a la mujer embarazada y la consideración de la maternidad como un bien individual y social».

Los derechos del niño, fundamento de los de la madre

Una de las principales novedades del proyecto es que presenta una regulación de los derechos del concebido aún no nacido. Los autores de la propuesta subraya que es de los derechos del no nacido de donde surgen los derechos de la mujer a que se facilite su maternidad». El texto de la ley, además de «regular los derechos concretos del concebido y de la mujer, y los deberes concretos de las instituciones, incluye muchos preceptos para hacer pedagogía» del bien social que supone la maternidad.

García Valdés explicó que el texto del proyecto se ha parado teniendo en cuenta las Iniciativas Legislativas Populares autonómicas presentadas por el Foro Español de la Familia con el apoyo de casi un millón de ciudadanos, y que en varias comunidades autónomas han resultado en la aprobación de leyes de protección a la maternidad. Se han inspirado también en «las propuestas legislativas en materia de protección de la maternidad hechas por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados la pasada legislatura».

Su propuesta, además, está redactada teniendo en cuenta el contexto de crisis económica, «y permite una aplicación con incidencia en el gasto público controlada. Su aprobación no supondría directamente un mayor gasto público pero permitiría ir arbitrando políticas públicas de apoyo a la maternidad».

Colaborar con entidades privadas, facilitar la adopción

Además de la regulación de los derechos del concebido no nacido, destacan otras novedades del proyecto:

—Se obliga al Estado a garantizar el acceso a las medidas de protección a todas las mujeres embarazadas que se encuentren en desamparo o dificultad, con atención especial a las menores, discapacitadas o con hijos discapacitados, e inmigrantes.

—Se busca crear un entramado de actuación público-privada que ofrezca a la mujer en desamparo o grave riesgo físico o psíquico una asistencia integral. Estas entidades ya están haciendo una gran labor de atención a la mujer, pero «creemos que es de justicia que el Estado se implique», aseguró Blanco.

—Se prevé que el niño tenga todos los derechos desde el parto y no a partir de las 24 horas como se exigía hasta ahora.

—Se modifican los preceptos del Código Civil relativos a la guarda, acogimiento y adopción para incluir al no nacido; de forma que ya durante el embarazo se pongan en marcha los trámites necesarios para que, cuando el niño nazca, ya esté elegida la familia que se hará cargo de él. «Esto aliviaría la angustia de muchas madres», explicó Blanco.